La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile aprobó la creación de una comisión investigadora destinada a esclarecer posibles vínculos entre el consultor político argentino Fernando Cerimedo y el entorno del presidente chileno José Antonio Kast, especialmente en relación con el eventual uso de bots y otras herramientas de manipulación digital en campañas políticas.

La iniciativa fue aprobada el 2 de septiembre con 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención, después de que una primera votación no prosperara por falta de quórum. La comisión tendrá un plazo de 60 días para elaborar un informe sobre el conocimiento, detección y posible utilización de bots y mecanismos de manipulación digital desde 2020 en adelante.

El foco estará puesto en las campañas digitales

La investigación parlamentaria busca determinar si existieron redes coordinadas de cuentas falsas, campañas de desinformación u otras estrategias destinadas a influir artificialmente en el debate público chileno.

Las denuncias sobre el uso de bots en el ámbito político no son nuevas. Durante la campaña presidencial de 2025, parlamentarios ya habían presentado antecedentes ante el Ministerio Público sobre la presunta existencia de redes organizadas de desinformación y hostigamiento digital.

El debate volvió a cobrar fuerza tras la detención de Cerimedo en Bolivia y la información sobre el hallazgo de una presunta infraestructura de cuentas automatizadas durante los procedimientos vinculados a su caso.

¿Qué relación reconoce Kast?

José Antonio Kast ha afirmado públicamente que conoce a Fernando Cerimedo, pero ha negado que el consultor haya trabajado en sus campañas presidenciales o que actualmente mantenga funciones de asesoría dentro de su Gobierno.

El mandatario sostuvo que Cerimedo pudo haber participado, en 2020, en actividades relacionadas con personas vinculadas a la campaña del Rechazo, aunque aclaró que ese proceso, según su versión, no correspondía a la campaña de su Partido Republicano.

La comisión parlamentaria no implica una declaración de culpabilidad contra Kast ni contra integrantes de su entorno. Su función será reunir antecedentes y determinar si existen elementos que permitan establecer conexiones o responsabilidades relacionadas con el uso de herramientas de manipulación digital.

Un caso con repercusiones regionales

La figura de Cerimedo ha generado repercusiones políticas en varios países de América Latina. El consultor argentino ha sido relacionado con diferentes campañas y dirigentes de la región, mientras las investigaciones judiciales que enfrenta en Bolivia continúan su curso.

Según informaciones difundidas por EFE, en Argentina se reconoció su participación en la campaña presidencial de Javier Milei en 2023. En Bolivia, el presidente Rodrigo Paz también reconoció una colaboración de Cerimedo durante su campaña, aunque negó que hubiera existido una relación contractual directa dentro del Gobierno.

En Chile, el caso se ha convertido ahora en un asunto institucional que trasciende las acusaciones políticas. La discusión central será determinar hasta qué punto las redes automatizadas y las campañas digitales pueden afectar la transparencia electoral y la confianza de los ciudadanos en el debate democrático.

Sesenta días para presentar conclusiones

Durante los próximos dos meses, los integrantes de la comisión podrán solicitar información y analizar antecedentes relacionados con la actividad digital en campañas y procesos políticos desarrollados desde 2020.

El resultado de la investigación podría aportar nuevos elementos al debate sobre la necesidad de actualizar los mecanismos de control frente a la utilización de inteligencia artificial, cuentas falsas, automatización y otras tecnologías capaces de amplificar artificialmente mensajes políticos.

La aprobación de esta comisión abre un nuevo capítulo en la política chilena. Más allá de las eventuales conexiones personales o políticas que puedan establecerse, la investigación pone sobre la mesa una cuestión cada vez más relevante para toda América Latina: quién controla las herramientas digitales capaces de influir en millones de ciudadanos y bajo qué reglas debe protegerse la integridad de los procesos democráticos.

Foto: Adriana Thomasa / EFE