El Gobierno argentino profundizó en agosto su política de ajuste fiscal y redujo el gasto primario en términos reales un 10% interanual, según estimaciones privadas elaboradas a partir de datos oficiales. Se trata de la caída más pronunciada registrada en lo que va de 2026 y refleja la decisión de compensar el debilitamiento de la recaudación tributaria.

El ajuste se concentró especialmente en las transferencias a las provincias, los programas sociales, los bienes y servicios del Estado y los salarios del sector público. La reducción de las transferencias a las provincias fue una de las más severas, mientras que los programas sociales que no corresponden a la Asignación Universal por Hijo también registraron una fuerte contracción.

La recaudación perdió fuerza

El endurecimiento del ajuste se produjo en un contexto de menor dinamismo de los ingresos tributarios. De acuerdo con estimaciones de la consultora LCG citadas en los informes, la recaudación de agosto, descontando el efecto de la inflación, registró una leve caída del 0,2%, mientras que en los primeros ocho meses del año los ingresos tributarios acumularon una baja real del 3,7%.

Los analistas advierten que la debilidad de sectores como la industria, el comercio y la construcción tiene un impacto directo sobre las cuentas públicas. Estas actividades aportan una parte importante de los recursos obtenidos mediante impuestos como el IVA y Ganancias, por lo que una recuperación lenta de la actividad económica dificulta el aumento de la recaudación.

Julio y agosto marcaron el ajuste más fuerte desde 2024

Según el análisis de la consultora Analytica, julio y agosto conformaron el período de mayor reducción promedio del gasto público desde finales de 2024. Antes de agosto, el mayor ajuste mensual de 2026 se había registrado en febrero, con una caída real cercana al 8%.

Entre las partidas con mayores reducciones durante agosto se encuentran las transferencias a las provincias, con una caída del 86,1%; los programas sociales fuera de la AUH, con una baja del 40,6%; los bienes y servicios, con una reducción del 19,6%; y el gasto salarial del sector público, que disminuyó un 8% en términos reales.

La magnitud del recorte vuelve a colocar en el centro del debate la relación entre el Gobierno nacional y las provincias. Una reducción de las transferencias discrecionales puede obligar a las administraciones provinciales a buscar otras fuentes de financiamiento o ajustar sus propios presupuestos.

El desafío de cumplir la meta fiscal

La estrategia del Ministerio de Economía está vinculada al objetivo oficial de preservar el superávit fiscal. El Gobierno se comprometió a alcanzar durante 2026 un superávit primario equivalente al 1,4% del Producto Interno Bruto, una meta que fue revisada respecto de la previsión inicial del 2,2%.

Con los datos disponibles hasta julio, el sector público nacional acumulaba un superávit primario cercano al 0,9% del PIB y un superávit financiero aproximado del 0,1%. Sin embargo, alcanzar el objetivo anual dependerá de la evolución de la actividad económica y de la capacidad del Estado para mantener controlado el gasto en los próximos meses.

Durante el primer semestre también se produjo un desvío respecto de una meta fiscal intermedia acordada con el Fondo Monetario Internacional. La diferencia fue de aproximadamente 570.000 millones de pesos, aunque desde el Gobierno explicaron que estuvo relacionada con el diferimiento del calendario de pagos del impuesto a las Ganancias, cuyos ingresos terminaron impactando posteriormente en las cuentas públicas.

Una economía bajo la presión del equilibrio fiscal

El panorama para los próximos meses presenta un desafío complejo. Los analistas consideran poco probable que la recaudación tributaria experimente una recuperación suficientemente fuerte como para resolver por sí sola el problema de los ingresos públicos. Además, algunas reducciones impositivas impulsadas por el Gobierno podrían limitar el crecimiento de la recaudación.

La política económica argentina mantiene así una prioridad clara: sostener el equilibrio fiscal incluso en un escenario de menor ingreso tributario. Para lograrlo, el Gobierno ha vuelto a utilizar el ajuste del gasto como su principal herramienta.

El recorte del 10% registrado en agosto confirma que la discusión económica en Argentina continúa marcada por una difícil ecuación: mantener el superávit y cumplir las metas fiscales mientras la actividad económica y la recaudación todavía no muestran la recuperación necesaria para aliviar la presión sobre las cuentas públicas.

Foto: Clarín