Brasil: Ministerio Público realiza nueva ofensiva contra la “mafia de las cantinas” en cárceles de Río de Janeiro

El Ministerio Público del Estado de Río de Janeiro (MPRJ) lanzó este martes 1 de septiembre la segunda fase de la Operación Snack Time, una investigación contra una presunta organización criminal acusada de controlar durante casi una década la explotación comercial de cantinas dentro de las cárceles del estado. La causa ya llevó a la denuncia de 22 personas por presunta organización criminal y fraude en licitaciones, mientras las autoridades estiman que el perjuicio a las arcas públicas supera los 25 millones de reales.

La operación está dirigida por el Grupo de Actuación Especializada de Combate al Crimen Organizado (Gaeco), con apoyo de organismos de inteligencia del Ministerio Público. Durante esta nueva etapa se cumplieron órdenes de búsqueda e incautación contra 22 investigados en distintos puntos de la ciudad de Río de Janeiro y en los municipios de Mesquita y Duque de Caxias, en la Baixada Fluminense. La denuncia ya fue aceptada por la 1.ª Sala Penal Especializada en Organización Criminal, por lo que los acusados pasaron formalmente a responder como imputados en el proceso.

Según la investigación, el grupo habría mantenido el control de las cantinas penitenciarias entre 2015 y 2024 mediante una estructura empresarial que simulaba competencia en los procesos de licitación. Varias empresas que aparentemente participaban de forma independiente habrían estado, en realidad, bajo un mismo centro de decisión. El objetivo, según los investigadores, era repartirse previamente los contratos y dificultar la entrada de verdaderos competidores al mercado.

Uno de los datos más reveladores del expediente corresponde a una licitación realizada en 2019. De acuerdo con el Ministerio Público, empresas vinculadas al grupo habrían obtenido 38 de los 40 lotes disponibles, equivalente al 95% de la disputa. La presunta organización no solo habría coordinado la distribución de los contratos, sino que también habría utilizado mecanismos para descalificar a empresas ajenas al supuesto cartel.

Entre los principales denunciados figura Ronaldo Barbosa Souza, agente penitenciario, además de otros presuntos integrantes señalados por el MPRJ como responsables de decisiones dentro de la estructura. También fue denunciado Rafael Rodrigues de Andrade, exsubsecretario de Gestión, Finanzas y Planificación de la administración penitenciaria del estado. Según la acusación, habría utilizado su posición para favorecer a empresas vinculadas al esquema y excluir a competidores que no formaban parte de la red investigada.

Durante las diligencias de esta segunda fase, los investigadores informaron sobre la incautación de dinero en efectivo y joyas en propiedades vinculadas a algunos de los objetivos. Sin embargo, las autoridades continúan reuniendo elementos para establecer con precisión la participación individual de cada acusado y el alcance económico total de la presunta organización.

La Operación Snack Time comenzó en noviembre de 2024, cuando el Ministerio Público realizó la primera fase de la investigación y cumplió cuatro órdenes de búsqueda. En aquella oportunidad, el MPRJ informó que el esquema podía involucrar a decenas de empresas y a agentes relacionados con la Secretaría de Administración Penitenciaria. Las investigaciones también señalaron que la explotación irregular de las cantinas perjudicaba no solo al Estado, sino potencialmente a las personas privadas de libertad, debido a los altos precios de productos comercializados en esos establecimientos.

El caso vuelve a poner bajo la lupa la administración de los servicios dentro del sistema penitenciario brasileño. La segunda fase de la operación busca ahora consolidar las pruebas sobre una red que, según la acusación, convirtió durante años las licitaciones públicas en un mecanismo para preservar intereses privados y controlar un negocio millonario detrás de los muros de las cárceles de Río de Janeiro.

Foto: MPRJ