El caso de una médica de Treinta y Tres imputada por presunta usurpación de título reabrió en Uruguay un debate que afecta directamente la seguridad de los pacientes y el funcionamiento del sistema sanitario: ¿qué funciones puede desempeñar un médico que cursa una especialidad, ha adquirido experiencia y competencias, pero todavía no obtuvo formalmente su título? La Federación Médica del Interior (FEMI) pidió al Ministerio de Salud Pública (MSP) establecer criterios claros y uniformes para resolver esta situación.

La controversia surgió a partir del caso de María Laura Pagliotti, imputada por la Fiscalía bajo acusación de ejercer como cardióloga sin contar con la titulación correspondiente. Según la información publicada, la profesional lleva 21 años cursando el posgrado de Cardiología sin haberlo finalizado. El proceso judicial deberá determinar ahora si efectivamente se presentaba ante sus pacientes como especialista en Cardiología.

El caso también expuso antecedentes administrativos. Una consulta realizada en 2019 sobre el título de la médica derivó en un expediente dentro del MSP, mientras que una segunda denuncia presentada en 2024 fue remitida posteriormente a la Fiscalía. Además, datos públicos del Fondo Nacional de Recursos registran que la profesional indicó en diferentes oportunidades procedimientos como cateterismos y cirugías cardíacas para pacientes públicos y privados en Treinta y Tres.

La Facultad de Medicina marca una posición

El Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República analizó la situación y realizó una aclaración central: los estudiantes de posgrados pueden desarrollar progresivamente mayores competencias y autonomía durante su formación, pero no existen niveles intermedios de titulación que permitan establecer una condición diferente a la de un especialista oficialmente titulado.

La institución también señaló que las competencias de un estudiante de posgrado no pueden ser certificadas mediante simples notas de cátedra fuera de lo que figure oficialmente en su escolaridad. La regulación, habilitación y eventual amparo de la práctica profesional fuera del régimen docente corresponde al Ministerio de Salud Pública, y no a la Facultad de Medicina.

Ante este escenario, las autoridades académicas encomendaron al decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, y a la directora del Centro de Posgrados, Mercedes Prendones, trabajar junto a las autoridades nacionales y los prestadores de salud para desarrollar un plan que permita garantizar los mayores niveles de calidad en el ejercicio de las especialidades médicas.

FEMI reclama seguridad jurídica y asistencial

La Federación Médica del Interior considera que el problema va más allá de un caso individual. La organización sostiene que existe una falta de un marco jurídico suficientemente claro para los médicos que, pese a encontrarse en etapas avanzadas de formación, desempeñan funciones especializadas que pueden ser necesarias para mantener la atención sanitaria en diferentes regiones del país.

Por ello, FEMI solicitó al MSP que establezca condiciones claras y uniformes sobre las circunstancias en que médicos con posgrados avanzados, pero sin título final, pueden desempeñar funciones vinculadas a una especialidad mientras regularizan su situación académica. La gremial busca, según su planteamiento, garantías académicas, jurídicas y asistenciales.

Al mismo tiempo, FEMI mantiene su decisión de no participar en llamados para cubrir cargos de especialistas mediante médicos con posgrados avanzados sin titulación, tanto en el sector público como en el privado. La organización anunció que continuará promoviendo el diálogo con las instituciones involucradas para encontrar una solución que proteja tanto a los profesionales como a los pacientes.

El debate deja una cuestión de fondo para el sistema de salud uruguayo: la experiencia y la formación progresiva de un médico pueden ser fundamentales para ampliar la atención especializada, especialmente fuera de Montevideo, pero la definición de quién puede ejercer formalmente como especialista exige reglas transparentes. El desafío para las autoridades será encontrar un marco que ofrezca seguridad jurídica a los profesionales sin comprometer la calidad ni la seguridad de los pacientes.