La Federación Médica del Interior (FEMI) solicitó al Ministerio de Salud Pública (MSP) de Uruguay que establezca criterios claros y uniformes sobre las condiciones en que médicos con posgrados avanzados, pero aún sin el título de especialista, pueden desempeñar funciones vinculadas a una especialidad. El reclamo reabrió un debate de alto impacto para el sistema sanitario uruguayo: cómo garantizar, al mismo tiempo, la seguridad de los pacientes y la disponibilidad de especialistas en todo el territorio.

La discusión tomó fuerza tras la imputación de la médica María Laura Pagliotti, en Treinta y Tres, por el presunto delito de usurpación de título, bajo la acusación de ejercer como cardióloga sin haber culminado formalmente esa especialidad. Según la información publicada sobre el caso, la profesional se graduó como médica en el año 2000 y comenzó el posgrado de cardiología en 2005, formación que todavía no había finalizado. La Justicia dispuso, entre otras medidas cautelares, la prohibición de ejercer la cardiología durante tres meses, mientras continúa el proceso judicial.

El problema va más allá de un solo caso

Para FEMI, la situación no se limita a la responsabilidad individual de una profesional, sino que expone un problema estructural relacionado con la regulación de los médicos que poseen una formación avanzada en una especialidad, pero no cuentan todavía con el título definitivo. La federación sostiene que el país necesita un marco jurídico y asistencial que determine con precisión qué funciones pueden realizar estos profesionales, bajo qué condiciones y con qué garantías para los pacientes.

La organización médica anunció además que, mientras no exista una definición que brinde las garantías necesarias, mantiene su decisión de no participar en llamados destinados a cubrir cargos de especialistas mediante médicos con posgrados avanzados sin título, tanto en el sector público como en el privado.

La Facultad de Medicina también intervino

El debate alcanzó a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, cuyo Consejo analizó la situación. La institución reconoció que los estudiantes de posgrados y especializaciones desarrollan progresivamente competencias y pueden alcanzar una autonomía creciente durante su formación.

Sin embargo, la Facultad aclaró que no existen niveles intermedios de titulación que permitan equiparar a un estudiante avanzado con un especialista formalmente titulado. También señaló que las potestades para habilitar, regular o amparar el ejercicio profesional fuera del ámbito docente corresponden al Ministerio de Salud Pública y no a la Facultad de Medicina.

La normativa uruguaya establece requisitos específicos para obtener el título de especialista, incluyendo el cumplimiento de la carga horaria, evaluaciones académicas, trabajos tutorizados, una monografía y una prueba final.

El desafío de llevar especialistas a todo Uruguay

El caso también vuelve a poner sobre la mesa un problema especialmente sensible fuera de Montevideo: la distribución territorial de los recursos humanos especializados. El propio Ministerio de Salud Pública ha señalado recientemente que la planificación de las residencias médicas es fundamental para garantizar la disponibilidad de profesionales y una mayor equidad en el acceso a los servicios de salud en todo el país.

En este escenario, la discusión adquiere una dimensión nacional. Por un lado, los pacientes tienen derecho a conocer con claridad la formación y habilitación del profesional que los atiende. Por otro, el sistema sanitario enfrenta dificultades para cubrir determinadas especialidades, especialmente en zonas del interior.

La respuesta que ahora se espera del Ministerio de Salud Pública podría tener consecuencias importantes para el futuro de la medicina especializada en Uruguay. El desafío será construir una regulación que no deje zonas grises: proteger la seguridad de los pacientes, ofrecer certeza jurídica a los médicos y evitar que la falta de especialistas profundice las desigualdades territoriales en el acceso a la salud.

Foto: Leonardo Carreño / El Observador