Abelardo De la Espriella, Presidente de Colombia
El Gobierno de Abelardo de la Espriella abrió la discusión sobre el futuro de la jornada escolar en los colegios públicos del país con un proyecto de decreto del Ministerio de Educación que plantea nuevas condiciones para la planeación, contratación y seguimiento de la prestación del servicio educativo.
La iniciativa, que actualmente se encuentra en etapa de comentarios, propone modificar disposiciones del Decreto 1075 de 2015 y establece que las entidades territoriales certificadas deberán avanzar hacia la implementación de la jornada única siempre que cuenten con las condiciones necesarias para garantizar su funcionamiento.
El documento no plantea que todos los colegios oficiales del país deban cambiar de manera inmediata sus horarios. La propuesta establece, en cambio, que la jornada única deberá ser considerada dentro de los estudios de cobertura, infraestructura y disponibilidad de personal que realizan las entidades territoriales al momento de definir las necesidades del sistema educativo.
Uno de los puntos que podría generar mayores cambios está relacionado con la planta docente. Cuando una entidad territorial determine que existe insuficiencia de profesores o directivos docentes, el estudio deberá incorporar un análisis sobre la necesidad de ampliar la atención mediante la jornada única. Una consideración similar se plantea frente a la infraestructura física requerida para ampliar esta modalidad.
En consecuencia, cualquier modificación en los horarios dependerá de las condiciones particulares de cada territorio. La propuesta no establece una transformación uniforme para todos los establecimientos oficiales, sino que condiciona la ampliación de la jornada a la existencia de infraestructura, docentes y demás recursos necesarios para garantizar la prestación adecuada del servicio.
El proyecto también ha generado interrogantes sobre la posibilidad de que terceros participen en la administración de establecimientos educativos oficiales. Frente a este punto, la ministra de Educación, Viviane Morales, ha señalado que la modificación propuesta no busca privatizar los colegios públicos.
Según esa explicación, los establecimientos continuarían siendo oficiales, la matrícula permanecería dentro de la oferta pública y las entidades territoriales conservarían la responsabilidad sobre la dirección, el control, la vigilancia y la garantía del servicio educativo.
La propuesta contempla, sin embargo, la posibilidad de contratar a terceros cuando existan estudios técnicos que demuestren insuficiencias o limitaciones para atender determinadas necesidades educativas. En esos casos, el contratista podría asumir funciones relacionadas con la organización, coordinación, administración y dirección del establecimiento, bajo las condiciones definidas por la entidad territorial.
El proyecto establece que estas alternativas no podrían adoptarse de manera discrecional. Las entidades territoriales tendrían que demostrar técnicamente la necesidad de recurrir a la contratación y presentar los respectivos estudios ante el Ministerio de Educación Nacional.
Otro de los aspectos que ha llamado la atención es la participación de iglesias y confesiones religiosas en determinadas estrategias de desarrollo pedagógico dentro de establecimientos oficiales. El texto contempla que las entidades territoriales puedan aportar la infraestructura y el personal disponible, mientras las organizaciones religiosas aportarían aquellos componentes que no puedan ser suministrados por la administración territorial.
La ministra Morales ha defendido esta posibilidad al señalar que la participación de organizaciones religiosas en la prestación del servicio educativo no sería una figura nueva y que puede utilizarse en lugares donde las entidades territoriales certificadas no tienen capacidad suficiente para garantizar la atención.
No obstante, el alcance de esa participación, las funciones que eventualmente podrían asumir las organizaciones religiosas y las condiciones bajo las cuales podrían intervenir en los establecimientos oficiales se mantienen entre los puntos que generan debate.
Por ahora, el proyecto no constituye una modificación definitiva. Su contenido permanece sujeto al proceso de comentarios y a las decisiones que adopte el Gobierno antes de expedir una eventual versión final.
La discusión, sin embargo, abre un nuevo capítulo sobre el modelo de educación pública en Colombia y pone sobre la mesa asuntos sensibles como la ampliación de la jornada única, la disponibilidad de docentes y espacios físicos, la contratación de terceros y la participación de organizaciones religiosas en establecimientos oficiales.
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REDACCIóN COLOMBIA
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