Cuatro años después del asesinato del indigenista brasileño Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, el Vale do Javari continúa siendo una de las regiones más peligrosas y vulnerables de la Amazonía brasileña. Narcotráfico, pesca ilegal, invasiones de territorios protegidos y redes de lavado de dinero siguen presionando sobre una zona situada en la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia, donde vive la mayor concentración conocida de pueblos indígenas aislados del planeta.

Bruno Pereira y Dom Phillips desaparecieron en junio de 2022 mientras realizaban un recorrido por la región. El crimen conmocionó a Brasil y al mundo, al exponer la violencia que enfrentan quienes trabajan en la protección de los pueblos indígenas y del medio ambiente. Sin embargo, cuatro años después, las organizaciones indígenas advierten que las causas estructurales que hicieron posible aquella tragedia no han desaparecido.

Una frontera estratégica para las redes criminales

El Vale do Javari se encuentra en una posición geográfica extremadamente sensible. La cercanía con Perú y Colombia facilita la circulación por extensas rutas fluviales y convierte a la región en un área de interés para diferentes actividades ilícitas.

La Policía Federal brasileña mantiene actualmente operaciones contra organizaciones dedicadas al tráfico de drogas y al lavado de dinero en la Amazonía. Esta semana, por ejemplo, la Fuerza Integrada de Combate al Crimen Organizado realizó la Operación Umbra, dirigida contra una organización con actuación en Tabatinga, ciudad fronteriza cercana a esta compleja dinámica regional, y Manaus.

Para las comunidades indígenas, el problema no se limita al narcotráfico. La explotación ilegal de recursos naturales y la presencia de grupos armados crean un escenario permanente de inseguridad en una región de enorme extensión y difícil acceso.

Comunidades indígenas denuncian invasiones y ataques

Eliesio Marubo, procurador jurídico de la Unión de los Pueblos Indígenas del Vale do Javari (Univaja), afirmó que continúan registrándose situaciones de intimidación en el territorio.

Entre los casos mencionados figura la invasión, en 2023, de la comunidad Irari II, del pueblo Kanamari, por hombres armados que hablaban español. Mientras tanto, el pueblo Korubo permanece bajo especial preocupación debido a antecedentes de ataques contra la Base de Vigilancia del Río Ituí, que llegó a sufrir al menos ocho tiroteos en un solo año, según la información recogida en la región.

La situación genera una preocupación todavía mayor debido a la presencia de pueblos en aislamiento voluntario. Un contacto no controlado puede representar un riesgo sanitario devastador, ya que algunas comunidades poseen una vulnerabilidad especialmente elevada frente a enfermedades introducidas desde el exterior.

Servidores civiles frente a grupos armados

Uno de los principales cuestionamientos de las organizaciones indígenas se refiere a las limitaciones del sistema de protección territorial.

La Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas (Funai) desempeña un papel central en la defensa de estos territorios, pero sus funcionarios no poseen atribuciones policiales ni portan armas. Para los representantes indígenas, esta situación coloca a trabajadores civiles en una posición extremadamente delicada cuando deben enfrentar redes criminales armadas.

El debate adquiere una dimensión aún más grave por las dificultades históricas de seguridad en la región. El Ministerio Público Federal ha señalado que la presencia de facciones y conflictos locales fue uno de los factores considerados en decisiones relacionadas con el proceso judicial por los asesinatos de Bruno Pereira y Dom Phillips, incluido el traslado del eventual juicio desde la zona fronteriza hacia Manaus por razones de estructura, seguridad e imparcialidad.

El territorio se reduce y aumenta el riesgo para los pueblos aislados

Las organizaciones que trabajan en el Vale do Javari advierten que la expansión de rutas ilegales, la presencia de cazadores, pescadores clandestinos y grupos vinculados al tráfico puede reducir progresivamente las áreas por donde circulan libremente los pueblos aislados.

El peligro no es únicamente un enfrentamiento armado. También existe el riesgo de que las actividades ilegales provoquen encuentros involuntarios entre personas externas y comunidades que han decidido mantenerse aisladas.

La protección de estos pueblos exige, por tanto, mucho más que operativos puntuales. Las organizaciones indígenas reclaman una presencia estatal permanente, con vigilancia territorial, apoyo sanitario, barreras de protección y una coordinación efectiva entre las instituciones responsables de la seguridad y los derechos indígenas.

Cuatro años después, una advertencia que sigue vigente

El asesinato de Bruno Pereira y Dom Phillips provocó una movilización internacional y abrió un profundo debate sobre la violencia en la Amazonía. Cuatro años más tarde, la realidad del Vale do Javari demuestra que la captura y procesamiento de los responsables de un crimen no resuelve automáticamente las redes ilegales que operan en el territorio.

La región continúa enfrentando una combinación explosiva: enormes distancias, fronteras internacionales, rutas fluviales de difícil control, explotación ilegal de recursos naturales y organizaciones criminales con capacidad para desplazarse entre distintos países.

La memoria de Bruno y Dom sigue siendo, para Brasil y para la comunidad internacional, una advertencia sobre lo que ocurre cuando territorios estratégicos quedan expuestos al avance del crimen organizado. En el Vale do Javari, cuatro años después de aquel asesinato que conmocionó al mundo, la amenaza continúa y la protección de los pueblos indígenas aislados sigue siendo una carrera contra el tiempo.

Foto: G1 Amazonas