Brasil: abogado secuestrado por el PCC pidió ayuda a un cliente durante un “tribunal del crimen” y fue ignorado

El abogado criminalista Rafaell Câmara Roque, de 36 años, reveló que durante las horas en que estuvo secuestrado y sometido a un “tribunal del crimen” del Primer Comando de la Capital (PCC), en Cubatão, llegó a pedir ayuda por teléfono a uno de sus propios clientes, pero el hombre acudió al lugar y no intervino para salvarlo. El episodio ocurrió el 11 de junio y salió a la luz tras la investigación que derivó en la Operación Patrocínio Fiel, realizada por el Grupo de Actuación Especial de Combate al Crimen Organizado (Gaeco) del Ministerio Público de São Paulo y la Policía Militar.

Roque había sido atraído hasta una comunidad de Vila Esperança, en Cubatão, bajo el argumento de que recibiría una nueva propuesta de trabajo jurídico. Al llegar, descubrió que se trataba de una emboscada. Fue llevado a un barracón donde se encontraban alrededor de 30 integrantes de la organización criminal, mientras otros participaban del supuesto juicio mediante videollamadas.

Los delincuentes querían que el abogado entregara información sobre uno de sus clientes y abandonara una acción judicial que afectaba intereses vinculados con integrantes de la organización. Roque se negó inicialmente a revelar datos protegidos por la relación profesional con su cliente.

La presión aumentó cuando los integrantes del grupo descubrieron que no conseguirían fácilmente esa información. Según el relato del abogado, fue sometido durante varias horas a amenazas, intimidaciones y tortura psicológica, además de ser obligado a entregar su teléfono y desbloquearlo para que los delincuentes revisaran su contenido.

En medio del cautiverio, Roque intentó comunicarse con un cliente para pedir auxilio. El hombre al que llamó era José Armerindo Santos de Carvalho, conocido como “Boqueta”, quien, según el relato del abogado, tenía vínculos con el grupo criminal y estaba relacionado con el conflicto empresarial que había dado origen al proceso judicial.

La situación adquirió un carácter particularmente grave porque, según Roque, su cliente llegó al lugar donde se desarrollaba el “tribunal del crimen”, pero no intervino para impedir que lo amenazaran. El abogado quedó entonces prácticamente a merced de los integrantes de la organización.

El conflicto judicial estaba relacionado con una empresa de pesca situada en Guarujá. Roque representaba a un hombre que afirmaba haber sido expulsado de la sociedad por su antiguo socio y reclamaba judicialmente los derechos que consideraba que le correspondían.

El abogado sostuvo que sospechaba que detrás de la disputa empresarial podía existir un interés criminal relacionado con el uso de embarcaciones para el transporte de drogas, aunque esa hipótesis forma parte de su declaración y debe ser diferenciada de hechos judicialmente comprobados.

Durante el llamado “tribunal del crimen”, los integrantes del PCC exigieron inicialmente que entregara el domicilio de su cliente. Al negarse, las amenazas se intensificaron. También revisaron información personal encontrada en su teléfono y utilizaron ese material para aumentar la presión psicológica.

Después de aproximadamente seis horas de cautiverio, Roque aceptó desistir de la acción judicial para conseguir que lo dejaran con vida. La decisión fue tomada bajo coacción y posteriormente el abogado denunció lo sucedido ante el Ministerio Público.

La denuncia permitió avanzar en una investigación que desembocó en la Operación Patrocínio Fiel, ejecutada el 12 de agosto. La operación buscó identificar y detener a integrantes de la estructura responsable del secuestro y de las amenazas contra el profesional.

La acción policial tuvo consecuencias importantes. Entre los investigados estaba el propio “Boqueta”, el hombre al que Roque había llamado durante el secuestro. Murió durante un enfrentamiento con policías militares durante la operación, según las informaciones difundidas sobre el procedimiento, y las autoridades informaron que se le incautó una pistola calibre 9 milímetros.

Otros sospechosos fueron detenidos durante la operación y se realizaron allanamientos relacionados con la investigación. El caso continúa bajo investigación del Gaeco, que busca establecer la participación individual de cada involucrado y determinar cómo funcionaba la estructura utilizada para el secuestro.

El episodio expone además una dimensión particularmente delicada: la utilización de la violencia criminal para interferir directamente en un proceso judicial. En este caso, la presión no estaba dirigida únicamente contra una persona, sino contra el ejercicio profesional de un abogado y contra una acción que se tramitaba dentro de la Justicia.

La situación también pone de relieve el riesgo al que pueden quedar expuestos los abogados que actúan en conflictos donde existen intereses vinculados con organizaciones criminales. La relación profesional con un cliente no implica compartir sus actividades ni sus vínculos personales, pero puede convertir al representante legal en objetivo de quienes buscan impedir una determinada actuación judicial.

El propio Roque explicó que después de sobrevivir al secuestro teme por su vida y considera que todavía puede estar amenazado por la organización. Por razones de seguridad, se encuentra evaluando cambios importantes en su rutina y residencia.

El caso también demuestra hasta qué punto las organizaciones criminales pueden intentar imponer mecanismos de justicia paralela. El llamado “tribunal del crimen” no tiene ninguna legitimidad jurídica y representa una forma de coerción mediante la cual grupos criminales buscan resolver disputas utilizando amenazas, violencia y, en algunos casos, asesinatos.

En este episodio, además, el supuesto tribunal no se limitó a discutir una disputa interna de la organización. El objetivo era obligar a un abogado a modificar una actuación ante la Justicia brasileña, lo que eleva la gravedad institucional del caso.

La investigación deberá establecer también si existieron otras personas involucradas en la planificación de la emboscada, quién ordenó el secuestro y cuál fue el papel de cada participante durante las horas en que el abogado permaneció retenido.

La muerte de uno de los investigados durante el operativo podría dificultar el esclarecimiento de algunos aspectos, pero las autoridades cuentan con otros elementos de investigación, entre ellos declaraciones, registros de comunicaciones y evidencias obtenidas durante los procedimientos.

El teléfono del abogado también puede constituir una pieza relevante para reconstruir lo ocurrido. Durante el secuestro, los criminales lo obligaron a desbloquear el dispositivo y revisaron su contenido. La investigación puede ahora analizar registros de llamadas y otros datos para reconstruir las comunicaciones realizadas antes, durante y después del cautiverio.

El caso de Rafaell Câmara Roque revela una modalidad especialmente grave de presión criminal: utilizar el secuestro y las amenazas para intentar modificar el resultado de un proceso judicial. El abogado sobrevivió después de aceptar bajo coacción abandonar la demanda, pero posteriormente decidió denunciar a quienes lo habían retenido, desencadenando una operación que ya produjo detenciones y la muerte de uno de los investigados. La investigación continúa para determinar la estructura completa detrás del ataque y garantizar la seguridad del profesional, quien asegura que todavía teme por su vida.