BRASIL — El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva activó formalmente el procedimiento previsto en la Ley de Reciprocidad Económica para responder a los aranceles aplicados por Estados Unidos a productos brasileños, aunque mantiene abierta la vía de negociación con Washington. La Cámara de Comercio Exterior (Camex) comenzó a analizar las medidas estadounidenses y el Ministerio de Relaciones Exteriores notificará formalmente al Gobierno de Donald Trump para iniciar las consultas diplomáticas previstas por la legislación. La decisión no implica una represalia inmediata: Brasil deberá evaluar los efectos de las tarifas, negociar con Estados Unidos y, posteriormente, determinar si corresponde adoptar contramedidas.

La Ley 15.122, aprobada en 2025, permite a Brasil responder a medidas comerciales consideradas perjudiciales mediante aranceles, restricciones a importaciones, suspensión de concesiones comerciales o determinadas medidas sobre inversiones y propiedad intelectual. El mecanismo exige proporcionalidad y contempla consultas diplomáticas antes de avanzar hacia una respuesta efectiva.

El procedimiento tiene antecedentes. En 2025, la Camex ya había analizado el encuadramiento de las medidas estadounidenses dentro de la ley y concluyó que existían fundamentos para aplicar sus disposiciones. Sin embargo, el Gobierno decidió entonces esperar la evolución de las negociaciones con Washington antes de crear un grupo de trabajo para definir eventuales contramedidas.

Ahora la situación cambió. Las nuevas tarifas estadounidenses afectan a una parte relevante de las exportaciones brasileñas y el Gobierno estima un impacto de aproximadamente US$ 7.400 millones. Brasil considera que algunas de las medidas estadounidenses tienen componentes políticos y no solamente comerciales, mientras Washington cuestiona determinadas políticas brasileñas y sostiene que existen prácticas que perjudican a empresas estadounidenses.

La prioridad declarada por Brasil continúa siendo la negociación. La activación de la ley funciona también como instrumento de presión diplomática, porque permite al Gobierno demostrar que dispone de mecanismos concretos para responder si las conversaciones fracasan. Al mismo tiempo, Brasil prepara medidas de apoyo a los sectores afectados y busca ampliar mercados para reducir la dependencia de Estados Unidos.

El conflicto puede tener consecuencias para empresas de ambos países. Una represalia brasileña podría encarecer productos estadounidenses y afectar cadenas industriales que dependen de componentes importados. Por eso, una eventual respuesta deberá buscar un equilibrio entre defender a los exportadores brasileños y evitar un aumento innecesario de los costos para la economía nacional.

La disputa también profundiza la dimensión geopolítica de la relación entre Brasil y Estados Unidos. Mientras Washington intenta utilizar su poder arancelario para modificar comportamientos comerciales, Brasil busca preservar su autonomía y mantener simultáneamente relaciones económicas con Estados Unidos, China, la Unión Europea y los demás socios del Mercosur.

El próximo paso será la ronda de consultas diplomáticas y el análisis técnico de la Camex. Brasil todavía no ha decidido qué productos estadounidenses podrían ser afectados ni qué nivel tendría una eventual represalia. Por ahora, el mensaje de Brasilia es doble: negociar mientras sea posible, pero mantener preparada una respuesta si Estados Unidos no modifica sus medidas.