𝗟𝗮 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗮𝗯𝗿𝗶ó 𝘂𝗻𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗽𝗼𝗿 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘁𝗼𝘀 𝗰𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗮𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗹𝗲𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲, 𝗹𝘂𝗲𝗴𝗼 𝗱𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗮𝗱𝘃𝗶𝗿𝘁𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗮 𝗹𝗮𝘀 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗶𝗮𝗴𝗼 𝘀𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗮𝗰𝘁𝗶𝘃𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗺𝗮𝗹𝗶𝗰𝗶𝗼𝘀𝗮 𝗾𝘂𝗲 𝗵𝗮𝗯𝗿í𝗮 𝗮𝗳𝗲𝗰𝘁𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗮𝗹 𝗺𝗲𝗻𝗼𝘀 𝘁𝗿𝗲𝘀 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮ñí𝗮𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿: 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗹, 𝗠𝗼𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮𝗿 𝘆 𝗧𝗲𝗹𝗺𝗲𝘅. 𝗟𝗮 𝗣𝗗𝗜 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁ó 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲𝗰𝗲𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀 𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗹𝗮 𝗙𝗶𝘀𝗰𝗮𝗹í𝗮 𝗠𝗲𝘁𝗿𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗮𝗻𝗮 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗡𝗼𝗿𝘁𝗲, 𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗯𝗿𝗶ó 𝗱𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝘀 𝗽𝗼𝗿 𝘂𝗻 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝘀𝗮𝗯𝗼𝘁𝗮𝗷𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺á𝘁𝗶𝗰𝗼. 𝗟𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗻𝗼 𝗵𝗮 𝗱𝗲𝗺𝗼𝘀𝘁𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗾𝘂𝗲 𝗲𝗹 𝗴𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗰𝗵𝗶𝗻𝗼 𝗵𝗮𝘆𝗮 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻𝗮𝗱𝗼 𝗹𝗼𝘀 𝗮𝘁𝗮𝗾𝘂𝗲𝘀, 𝗽𝗲𝗿𝗼 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝗶𝗯𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗲𝘅𝗶ó𝗻 𝗰𝗼𝗻 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝗶𝗯𝗲𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗼𝗻𝗮𝗷𝗲 𝗮𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮 𝗵𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼 𝗮 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝘂𝘁𝗮 𝗴𝗲𝗼𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗽𝗼𝗿 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗔𝗺é𝗿𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝘂𝗿.

La denuncia adquiere una dimensión mayor porque los hechos investigados no serían recientes. De acuerdo con los antecedentes revelados por medios chilenos, la actividad maliciosa contra compañías del sector se habría producido desde 𝗺𝗮𝗿𝘇𝗼 𝗱𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰, lo que significa que, de confirmarse, los atacantes habrían tenido una ventana de tiempo considerable para intentar penetrar o permanecer dentro de sistemas vinculados a infraestructuras de comunicaciones.

El caso comenzó a adquirir relevancia pública después de que el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, 𝗕𝗿𝗮𝗻𝗱𝗼𝗻 𝗝𝘂𝗱𝗱, transmitiera a autoridades chilenas información de inteligencia estadounidense sobre movimientos considerados sospechosos. Los antecedentes fueron posteriormente incorporados a una denuncia presentada ante el Ministerio Público, que comenzó a investigar la eventual existencia de un ataque informático de carácter criminal.

La investigación involucra a empresas que ocupan posiciones estratégicas dentro de las comunicaciones chilenas. 𝗘𝗻𝘁𝗲𝗹, 𝗠𝗼𝘃𝗶𝘀𝘁𝗮𝗿 𝘆 𝗧𝗲𝗹𝗺𝗲𝘅 forman parte de un sector cuya infraestructura sostiene servicios esenciales para millones de personas y empresas. Un ataque exitoso contra redes de telecomunicaciones no necesariamente significa que los atacantes puedan apagar todo el sistema nacional, pero sí puede permitir acceso a información sensible, interrupción de servicios, espionaje de comunicaciones o utilización de determinadas redes como plataforma para operaciones posteriores.

Ese es precisamente uno de los elementos que transforma un ataque contra una empresa privada en un asunto de seguridad nacional. Las telecomunicaciones constituyen una infraestructura crítica porque conectan instituciones públicas, bancos, hospitales, empresas, sistemas de emergencia y millones de usuarios. La posibilidad de que actores extranjeros puedan permanecer dentro de esas redes sin ser detectados durante largos períodos representa un riesgo que excede el ámbito comercial.

El vínculo con el proyecto del “cable chino”

La investigación judicial aparece además en un momento especialmente delicado para las relaciones entre 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲, 𝗘𝘀𝘁𝗮𝗱𝗼𝘀 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝘆 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮.

Durante los primeros meses de 2026, Chile quedó en medio de una intensa disputa por el proyecto denominado 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮 𝗘𝘅𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀, un cable submarino de fibra óptica impulsado por 𝗖𝗵𝗶𝗻𝗮 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 para conectar la costa chilena con Hong Kong.

La iniciativa contemplaba un recorrido de aproximadamente 𝟭𝟵.𝟴𝟳𝟯 𝗸𝗶𝗹ó𝗺𝗲𝘁𝗿𝗼𝘀 y pretendía establecer una conexión directa entre Sudamérica y Asia. El proyecto había avanzado administrativamente hasta que la controversia de seguridad provocó una fuerte reacción estadounidense.

En enero de 2026, el Gobierno chileno había dado un paso importante para la concesión del proyecto. Sin embargo, apenas dos días después, el decreto fue anulado. Posteriormente, Estados Unidos impuso sanciones contra tres exfuncionarios chilenos vinculados al proceso, acusándolos de comprometer infraestructura de telecomunicaciones y la seguridad regional, según la versión estadounidense.

La situación generó un fuerte debate en Chile. Para algunos sectores, la conexión directa con Asia representaba una oportunidad estratégica para diversificar las rutas internacionales de datos y reducir la dependencia de conexiones que pasan por Estados Unidos. Para Washington, en cambio, la participación de una empresa estatal china en una infraestructura de comunicaciones de esa magnitud planteaba riesgos de seguridad y de acceso potencial a información estratégica.

La aparición ahora de una investigación por presuntos ataques vinculados a hackers chinos vuelve a colocar ambos asuntos dentro de una misma conversación: 𝗾𝘂𝗶é𝗻 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼𝗹𝗮 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗶𝘁𝗮𝗹 𝘆 𝗾𝘂é 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼𝘀 𝗴𝗲𝗼𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀 𝗲𝘅𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻 𝗰𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗮𝘀 𝗿𝗲𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗿í𝘁𝗶𝗰𝗮𝘀 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗽𝗮í𝘀 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗻 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴í𝗮 𝗲 𝗶𝗻𝗳𝗿𝗮𝗲𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗲𝘅𝘁𝗿𝗮𝗻𝗷𝗲𝗿𝗮.

No es el primer indicio de actividad atribuida a China

La investigación chilena tampoco aparece en un vacío.

En febrero de 2026, Google Threat Intelligence Group y Mandiant informaron sobre una campaña internacional atribuida al grupo 𝗨𝗡𝗖𝟮𝟴𝟭𝟰, que habría operado desde al menos 2017 y que tenía entre sus objetivos estratégicos a operadores de telecomunicaciones y organismos gubernamentales.

La investigación identificó 𝟱𝟯 𝘃í𝗰𝘁𝗶𝗺𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝟰𝟮 𝗽𝗮í𝘀𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗰𝘂𝗮𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲𝘀. Chile apareció entre los países afectados o potencialmente afectados por esa actividad. Los investigadores describieron técnicas destinadas a ocultar el tráfico malicioso dentro de servicios legítimos de infraestructura en la nube.

Ese antecedente es importante porque muestra cómo evolucionó el espionaje informático moderno. Ya no siempre se trata de introducir un virus evidente que provoque una interrupción inmediata. Los grupos avanzados buscan permanecer ocultos, utilizar servicios legítimos y obtener acceso progresivo a sistemas estratégicos.

La dificultad para detectar este tipo de operaciones es precisamente una de las razones por las cuales una intrusión puede permanecer durante meses sin generar una alerta pública.

¿Qué buscan los atacantes?

En una operación de ciberespionaje contra una empresa de telecomunicaciones, el objetivo puede ser mucho más amplio que robar contraseñas.

Los atacantes podrían intentar obtener información sobre arquitectura de redes, clientes estratégicos, sistemas de autenticación, infraestructura interna, proveedores, mecanismos de defensa o patrones de tráfico. En determinados escenarios, también podrían buscar capacidades que les permitan interferir con servicios en caso de una crisis futura.

Por esa razón, los especialistas consideran las telecomunicaciones como un objetivo especialmente atractivo para actores estatales o grupos patrocinados por gobiernos.

Un ataque de este tipo puede tener dos etapas. La primera consiste en obtener acceso y permanecer oculto. La segunda puede producirse mucho después, cuando el atacante decide utilizar la información obtenida o activar capacidades previamente instaladas.

Esto explica por qué las autoridades no necesariamente necesitan demostrar que una empresa fue desconectada para considerar grave una intrusión. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗻𝗼 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝗮𝗱𝗮 𝗱𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗱𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗲𝗱 𝗰𝗿í𝘁𝗶𝗰𝗮 𝘆𝗮 𝗽𝘂𝗲𝗱𝗲 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮𝗿 𝘂𝗻 𝗿𝗶𝗲𝘀𝗴𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁é𝗴𝗶𝗰𝗼.

Chile intenta construir una nueva arquitectura de ciberseguridad

El caso también llega cuando Chile está fortaleciendo su marco institucional de ciberseguridad.

La entrada en funcionamiento de la 𝗔𝗴𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗡𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗖𝗶𝗯𝗲𝗿𝘀𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝘆 𝗦𝗲𝗴𝘂𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗜𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗰𝗶ó𝗻 (𝗔𝗡𝗖𝗜) forma parte de una transformación institucional destinada a elevar la protección de los operadores considerados críticos.

La nueva legislación chilena busca establecer obligaciones específicas para los denominados operadores de importancia vital, aumentar la capacidad de prevención y respuesta y mejorar la coordinación frente a incidentes que puedan afectar servicios esenciales.

Sin embargo, investigaciones académicas recientes han advertido que todavía existen brechas importantes. Un estudio publicado en 2026 sobre el ecosistema chileno de operadores críticos identificó debilidades en mecanismos públicos de divulgación de vulnerabilidades y otros aspectos de preparación frente a incidentes.

Eso significa que la nueva institucionalidad tendrá que demostrar su eficacia precisamente frente a casos complejos como el que ahora investiga la Fiscalía.

El factor Estados Unidos

La participación de Washington agrega otra dimensión.

Estados Unidos considera desde hace años que determinadas empresas tecnológicas chinas pueden representar riesgos de seguridad nacional debido a sus vínculos con el Estado chino y a la posibilidad de que las capacidades comerciales puedan utilizarse con fines de inteligencia.

El conflicto alrededor del cable submarino chileno demostró hasta qué punto Washington está dispuesto a intervenir cuando considera que una infraestructura estratégica latinoamericana puede modificar el equilibrio tecnológico regional. El episodio terminó incluso con sanciones contra funcionarios chilenos.

Ahora, una advertencia estadounidense sobre presuntos ataques contra telecomunicaciones chilenas vuelve a colocar a Santiago en una posición particularmente delicada.

Chile mantiene relaciones comerciales profundas tanto con Estados Unidos como con China. China es uno de sus principales socios comerciales, especialmente por la importancia de las exportaciones mineras y de materias primas, mientras que Estados Unidos continúa siendo un socio estratégico en múltiples áreas económicas, tecnológicas y de seguridad.

Por eso, cualquier acusación de espionaje chino contra infraestructura chilena puede tener consecuencias que van mucho más allá del ámbito judicial.

China todavía no aparece jurídicamente como responsable

Un aspecto debe quedar claramente establecido: 𝗹𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹 𝗰𝗵𝗶𝗹𝗲𝗻𝗮 𝗯𝘂𝘀𝗰𝗮 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿 𝗾𝘂é 𝗼𝗰𝘂𝗿𝗿𝗶ó 𝘆 𝗾𝘂𝗶é𝗻𝗲𝘀 𝗳𝘂𝗲𝗿𝗼𝗻 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀. La existencia de indicadores técnicos asociados por organismos de inteligencia estadounidenses con actores chinos no equivale, por sí sola, a una sentencia que atribuya responsabilidad al Gobierno de China.

En ciberseguridad, la atribución es particularmente compleja. Los atacantes pueden utilizar servidores de terceros, infraestructura comprometida, servicios comerciales y técnicas destinadas a ocultar su verdadera ubicación.

Por eso, una investigación seria debe reconstruir la cadena completa: cómo se produjo la intrusión, desde dónde se originó, qué infraestructura se utilizó, qué información fue obtenida, qué herramientas emplearon los atacantes y si existen elementos que permitan atribuir la operación a un grupo determinado.

Antes, ahora y después

𝗔𝗻𝘁𝗲𝘀, Chile veía principalmente las telecomunicaciones como una cuestión de conectividad, inversión y desarrollo tecnológico. La construcción de nuevos cables submarinos era presentada fundamentalmente como una oportunidad para mejorar la capacidad de conexión internacional.

𝗔𝗵𝗼𝗿𝗮, la infraestructura digital se ha convertido también en un asunto de seguridad nacional. El debate sobre el cable con Hong Kong, las advertencias estadounidenses y la investigación por presuntos ataques contra empresas de telecomunicaciones muestran que las rutas por las que circulan los datos pueden convertirse en instrumentos de poder geopolítico.

𝗗𝗲𝘀𝗽𝘂é𝘀, Chile tendrá que decidir cómo equilibrar tres intereses simultáneos: mantener relaciones comerciales con China, conservar su asociación estratégica con Estados Unidos y proteger su soberanía tecnológica.

El dilema no será sencillo. Construir infraestructura exclusivamente con tecnología occidental podría reducir determinados riesgos percibidos por Washington, pero también puede aumentar la dependencia de un bloque tecnológico. Abrirse ampliamente a empresas chinas puede facilitar inversiones y diversificación de rutas, pero podría generar nuevas preocupaciones de seguridad.

El verdadero desafío será desarrollar una política nacional que permita a Chile tener infraestructura redundante, proveedores diversificados, sistemas de ciberdefensa robustos y capacidad propia de auditoría, de manera que ninguna potencia extranjera pueda convertir la conectividad del país en una herramienta de presión.

La investigación de la Fiscalía será fundamental para determinar qué ocurrió realmente con las empresas afectadas. Pero, independientemente de cuál sea su resultado, el caso ya deja una conclusión política y estratégica: la soberanía de un país en el siglo XXI no se limita al territorio, las fronteras y el espacio aéreo; también depende de quién puede entrar, permanecer y operar dentro de las redes por las que circula la información nacional.

Y en ese nuevo escenario, Chile se encuentra exactamente en una de las líneas de tensión de la creciente disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, una competencia que ya no se libra únicamente por mercados y semiconductores, sino también por cables submarinos, nubes digitales, telecomunicaciones, inteligencia artificial y control de la infraestructura que sostiene la economía mundial.