Una analista sostuvo que las organizaciones criminales ya no se dedican exclusivamente al narcotráfico, sino que han ampliado sus actividades hacia otros mercados ilegales, como los autos chutos, la minería ilegal y el oro.
Nueve personas ejecutadas en solo cinco días en Santa Cruz —cuatro acribilladas en una finca, dos decapitadas cerca de una carretera y hasta un policía asesinado— encendieron todas las alarmas en el país. Esta sangrienta ola de crímenes es el resultado directo de una guerra abierta entre las bandas brasileñas Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV).
Bolivia Verifica documentó al menos 53 casos de asesinatos en lo que va de 2026, con mayor incidencia en Santa Cruz —en la frontera con Brasil— y en el trópico de Cochabamba, dos zonas consideradas estratégicas para las organizaciones criminales transnacionales. Para los analistas en seguridad Franco Gamboa y Alejandra Ramírez, este incremento de la violencia refleja un fenómeno de mayor alcance: el fortalecimiento del crimen organizado, favorecido por la debilidad del Estado para imponer la ley, recuperar el control territorial y evitar la infiltración de redes criminales en instituciones públicas y espacios de la sociedad civil.
Los cárteles no entran a un país por casualidad, sino porque saben que encontrarán fronteras desprotegidas y poca capacidad de respuesta de las autoridades, señalan los expertos. Aunque el Gobierno realiza acciones contra el narcotráfico, nada detiene las matanzas. Esto demuestra que los narcotraficantes siguen teniendo la fuerza y la estructura necesarias para operar a plena luz del día.
Enviar 250 policías a la frontera después de que ocurren las tragedias sirve para apagar el incendio del momento, pero no soluciona el problema de raíz. Bolivia está dejando de ser un simple país de paso para convertirse en el escenario de una guerra sangrienta entre mafias internacionales.
Presencia de carteles
El analista en seguridad Franco Gamboa afirmó que la creciente presencia de organizaciones criminales transnacionales en Bolivia refleja un proceso similar a la “mexicanización” del delito, caracterizado por la actuación de cárteles que operan más allá de las fronteras y disputan el control del narcotráfico mediante la violencia.
“La mexicanización implica la presencia de cárteles y, en este caso, de delincuentes que cruzan la frontera con Brasil, vinculados a organizaciones criminales que operan en Sudamérica y que movilizan recursos y estructuras entre Bolivia y Brasil”, sostuvo.
Según Gamboa, estas organizaciones replican las prácticas de los cárteles mexicanos al ejecutar ajustes de cuentas y expandir su influencia territorial y económica. “No solo desarrollan actividades de influencia, sino que también buscan el control económico, especialmente del mercado de la droga”, señaló.
La analista en seguridad Alejandra Ramírez afirmó que el fortalecimiento de las organizaciones criminales en Bolivia ha dado paso a una “gobernanza criminal“, caracterizada por la infiltración de estas estructuras tanto en instituciones estatales como en distintos sectores de la sociedad civil. A su juicio, el fenómeno responde a problemas estructurales y no puede enfrentarse únicamente con la militarización.
Ramírez explicó que la ubicación geográfica del país favorece la presencia de organizaciones delictivas transnacionales y que, aunque el problema no es reciente, la violencia ha hecho más visible su expansión.
“Las organizaciones criminales están presentes en todo el país. Donde más visibles están, tal vez por la cobertura de la prensa, es en Santa Cruz y el Trópico de Cochabamba, pero cada rato hay indicios de hechos violentos vinculados a las organizaciones criminales”, sostuvo.
La especialista señaló que estas estructuras han logrado extender su influencia a todo el territorio nacional.
“Para mí, las organizaciones criminales han copado todo el territorio. Es algo que se ha ido profundizando y que no se quería mirar”, afirmó.
Una falla estructural del Estado
El analista Gamboa sostuvo que el principal problema no radica únicamente en las políticas de seguridad, sino en la debilidad institucional del Estado.
“Yo considero que este fenómeno es una falla estructural del Estado. El Estado boliviano es incapaz de imponer la supremacía de la ley y de ejercer el control político sobre distintos territorios”, afirmó.
Recordó que el sicariato y el narcotráfico en Beni no constituyen fenómenos recientes, sino que responden a una estructura consolidada durante décadas.
“Si analizamos la historia desde los años 80, Roberto Suárez Gómez era beniano. Existe una tradición y una red histórica que se remonta a cerca de 45 años”, señaló.
A su juicio, la incapacidad estatal para hacer cumplir la ley ha permitido que grupos criminales acumulen poder económico y capacidad de ejercer violencia.
Para Ramírez el principal problema radica en la consolidación de una gobernanza criminal, entendida como la capacidad de estas organizaciones para infiltrarse tanto en el aparato estatal como en la sociedad.
“La gobernanza criminal no se da cuando hay ausencia de Estado, sino cuando hay Estados débiles. Las organizaciones criminales han empezado a penetrar no solo en la Policía, sino también en concejales, alcaldes y diferentes instancias de la estructura estatal”, explicó.
Añadió que la infiltración también alcanza a organizaciones sociales, sindicatos y empresas privadas.
“Hoy vivimos en Bolivia una gobernanza criminal cada vez más instalada, tanto en las instituciones públicas como en la sociedad civil”, aseguró.
Diversificación de actividades ilícitas
La analista Ramirez sostuvo que las organizaciones criminales ya no se dedican exclusivamente al narcotráfico, sino que han ampliado sus actividades hacia otros mercados ilegales.
“El narcotráfico está vinculado con el contrabando, los autos chutos, la minería ilegal y el oro. Hay una interrelación de varias actividades que manejan las organizaciones criminales”, señaló.
Asimismo, explicó que los antiguos clanes familiares han sido absorbidos por organizaciones criminales de mayor alcance.
“Estos clanes familiares ya forman parte de organizaciones criminales más grandes, que van incorporando a las estructuras locales dentro de una misma red”, indicó.
El especialista advirtió que, además del Primer Comando de la Capital (PCC), existen otras estructuras criminales que representan una amenaza para el país. Mencionó al denominado Comando Bermelo, al que calificó como uno de los grupos más preocupantes debido a que sus actividades exceden el narcotráfico.
“Estamos hablando de cárteles que vinculan tráfico de armas, tráfico de drogas, trata de personas y, además, relaciones con policías, jueces y abogados. Es una red interinstitucional de distintos negocios que utiliza la violencia para imponer sus intereses”, afirmó.
Gamboa indicó que los recientes hechos de sicariato evidencian la complejidad de estas organizaciones, ya que detrás de los asesinatos pueden existir disputas por deudas, tráfico de drogas, trata de personas o incluso represalias para impedir que se esclarezcan los hechos. “Es un entramado realmente muy complejo y muy terrible que estamos viviendo”, manifestó.
¿Qué dice el Gobierno?
El Gobierno reconoció este viernes que las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico y a otros delitos han incrementado su presencia en Bolivia y que la Policía enfrenta una escalada de violencia provocada por estos grupos. La admisión surge luego de que, en menos de 48 horas, se registraran al menos ocho muertes violentas en el país —siete de ellas en Santa Cruz— además de una serie de atracos armados ocurridos en Santa Cruz y Cochabamba.
Consultado sobre si el narcotráfico y las organizaciones criminales habían rebasado a la Policía Boliviana, el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, respondió de forma categórica:
“Sí, efectivamente, no hay que ocultar la verdad. Las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, pero también las organizaciones de crímenes comunes como asaltos y asesinatos, se han incrementado en el país”.
No obstante, la autoridad sostuvo que la actual situación es consecuencia de un proceso acumulado durante las últimas dos décadas y no de hechos recientes. “Esto no ha nacido hace seis meses o hace ocho meses. Es la acumulación de 20 años de haber desestructurado la Policía, de haberla desconectado del mundo internacional, de no haberle dado apoyo ni inteligencia, y es lo que estamos viviendo ahora“, afirmó.
Publicado por: David Ovando
Fuente de esta noticia: https://boliviaverifica.bo/la-violencia-no-cede-la-debilidad-del-estado-impulsa-el-avance-del-crimen-organizado-en-bolivia/
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