Las familias de cinco jóvenes ejecutados por las fuerzas venezolanas demandaron a Maduro ante la justicia de EEUU

Los denunciantes, cuya identidad permanece protegida, responsabilizan al expresidente venezolano de haber convertido a la policía especial en un instrumento de terror en los barrios populares, mientras el exmandatario afronta en paralelo un juicio penal por narcoterrorismo

Las familias de cinco hombres jóvenes asesinados en Venezuela demandaron a Nicolás Maduro ante un tribunal federal de Nueva York por su ejecución extrajudicial. La denuncia, presentada el martes en el Tribunal de Distrito para el Distrito Este de Nueva York, sostiene que el ex dictador usó a las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) para matarlos entre 2017 y 2021, dentro de un patrón más amplio de violencia estatal contra barrios de bajos ingresos.

El escrito, de 44 páginas, invoca la Ley de Protección a Víctimas de Tortura, norma federal que permite a extranjeros demandar por torturas y ejecuciones sumarias cometidas fuera de Estados Unidos. Los demandantes, identificados bajo seudónimo por seguridad, relatan que agentes de las FAES irrumpieron de madrugada en sus viviendas, vestidos de negro y con el rostro cubierto, separaron a los hombres de sus familias y les dispararon. Las autoridades fabricaron después versiones que atribuían las muertes a un enfrentamiento con la policía.

“Maduro utilizó a las FAES como instrumento político y mecanismo de control social para reprimir la disidencia, aterrorizar a los barrios de bajos ingresos y eliminar a la oposición”, sostiene el texto judicial, citado por Bloomberg Law, que agrega que la unidad es considerada un “escuadrón de la muerte”. Los demandantes argumentan que no existe en Venezuela una vía judicial efectiva, dado que los responsables de la creación de las FAES continúan hoy en cargos de alto rango.

Las FAES fueron creadas en 2017 como división de la Policía Nacional Bolivariana para combatir el crimen organizado. Human Rights Watch documentó desde entonces un patrón de ejecuciones en comunidades que habían dejado de respaldar al Gobierno, con agentes que plantaban armas para simular resistencia de las víctimas. Una misión de la ONU concluyó en 2020 que autoridades de alto nivel conocieron los crímenes y contribuyeron a ellos. La unidad fue disuelta en 2021.

Policías en motocicleta salen del centro de detención en Boleíta, a donde fueron llevadas algunas personas detenidas en las recientes protestas, en Caracas, Venezuela, el 1 de agosto del 2024 (AP foto/Matias Delacroix)

La demanda se inscribe en un expediente internacional más amplio contra el régimen. La Corte Penal Internacional mantiene desde 2018 una investigación formal, conocida como “Situación Venezuela I”, por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el país desde 2014, que la Sala de Apelaciones ratificó en marzo de 2024 pese a los recursos presentados por el Estado venezolano. En paralelo, un informe de la entonces alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, documentó en 2019 más de 6.800 ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas de seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019, y estableció que las FAES fueron la unidad policial más letal, responsable de más del 64% de las muertes examinadas ese año. Ese informe motivó la creación, por parte del Consejo de Derechos Humanos, de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, cuyas conclusiones sirven hoy de base a buena parte de las causas judiciales abiertas contra el exmandatario.

El caso llega a los tribunales civiles en un momento excepcional para Maduro. El chavista, que gobernó Venezuela entre 2013 y 2026, está detenido desde el 3 de enero en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, adonde llegó tras una operación militar estadounidense que terminó con su captura en Caracas.  Enfrenta un proceso penal por narcoterrorismo, importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos. Se declaró inocente junto a su esposa, Cilia Flores, también procesada.

En su primera comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein, el 5 de enero, Maduro se definió como presidente de Venezuela y “prisionero de guerra”, y dijo haber sido secuestrado en su domicilio. Su defensa, a cargo de Barry Pollack, ya cuestionó la legalidad de la operación militar. Según The New York Times, se espera que Maduro invoque también inmunidad como jefe de Estado para frenar la demanda civil.

La demanda civil se suma a otros intentos de exigir responsabilidad a Maduro por presuntos abusos cometidos durante sus mandatos. En Argentina, un juzgado federal impulsa desde 2023 una causa por crímenes de lesa humanidad, con orden de captura emitida en 2024. La Corte Penal Internacional mantiene desde 2018, un examen preliminar sobre Venezuela. Ninguno de esos procesos derivó hasta ahora en una condena firme contra el exmandatario ni contra los mandos de las FAES.

La demanda en Brooklyn no busca una condena penal, sino una compensación para las familias, y es el primer intento de usar la vía civil estadounidense para responsabilizar a Maduro por las ejecuciones de las FAES. Su desenlace dependerá de cómo resuelvan los tribunales la cuestión de la inmunidad, un debate que también podría pesar en el juicio penal que Maduro afronta por narcotráfico.

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