El Gobierno confirmó este martes que iniciará una investigación administrativa de oficio para determinar si existieron irregularidades en la actuación de los funcionarios que le habrían prestado sus tarjetas de crédito al ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para la compra de videojuegos y otros artículos electrónicos que hoy son objeto de una causa judicial.
El anuncio fue realizado por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante su primera conferencia de prensa al frente de la Secretaría de Comunicación y Medios este martes a las 11. En ella, buscó despegar a la administración de Javier Milei de los expedientes que involucran a su antecesor, aunque confirmó que la Casa Rosada revisará internamente el accionar de los empleados que participaron de la operatoria.
La decisión representa el primer reconocimiento oficial de que el Ejecutivo evaluará posibles responsabilidades administrativas más allá de la investigación que lleva adelante la Justicia. Hasta ahora, el Gobierno había sostenido que el caso correspondía exclusivamente al ámbito judicial.
Consultado específicamente por la periodista Silvia Mercado sobre si habría una investigación interna por las compras realizadas con tarjetas de crédito de empleados de la entonces Vocería Presidencial, Ravier respondió: “Sí, por supuesto, estamos apenas llegando, pero por supuesto todas estas cosas se están evaluando, se están analizando y demás”.
Otras fuentes del Gobierno fueron un paso más y confirmaron que esa investigación de oficio interna se iniciará efectivamente. Entre los implicados se encuentra la directora general de Actividades Presidenciales, Laura Schiuma, quien habría declarado ante la Justicia que prestó su tarjeta de crédito para la compra de un monitor gamer Samsung Odyssey OLED G8, por unos $2,18 millones y luego Adorni le habría reintegrado el dinero en efectivo.
También Luis Enrique Aluju, quien al momento de los hechos era coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y Enlace. Según la documentación analizada en la causa, habría colaborado con dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K abonados con dos tarjetas de crédito a su nombre.
Aunque el Gobierno evitó brindar mayores precisiones sobre el alcance de esa revisión, la respuesta marcó un cambio respecto del silencio que había mantenido la Casa Rosada desde que estalló el escándalo y comenzaron a conocerse testimonios de funcionarios que admitieron haber facilitado sus tarjetas personales para que Adorni realizara compras. Es una posibilidad, también, que los implicados sean removidos de su cargo puesto que conformaban el equipo de Adorni y todavía no concluyeron el proceso de transición con el flamante vocero.
Ravier, sin embargo, procuró establecer un límite claro entre la actuación administrativa del Gobierno y la investigación penal. En ese sentido, sostuvo que el ex funcionario “tomó la decisión personal de abandonar el Gobierno de forma indeclinable y enfrentar el proceso judicial como un ciudadano privado”, por lo que remarcó que no le correspondía opinar sobre el expediente ni sobre las decisiones de los tribunales.
“No es parte de mi rol como vocero hablar de detalles del caso ni darles mi opinión sobre el mismo, en tanto ya no hace a la marcha del Gobierno”, leyó frente a los periodistas. Luego insistió en que la función de la Vocería será informar sobre la gestión del Poder Ejecutivo y reiteró que “la vía judicial continuará y veremos por dónde va”.
Las declaraciones constituyeron la primera postura institucional del Gobierno luego de la salida de Adorni, quien dejó la Jefatura de Gabinete en medio del avance de la causa que investiga la compra de artículos vinculados al gaming mediante tarjetas de crédito pertenecientes a funcionarios que trabajaban bajo su órbita.
La investigación administrativa anunciada por Ravier buscará establecer, al menos en una primera instancia, si la utilización de tarjetas personales entre superiores y subordinados vulneró normas internas de ética pública o de funcionamiento de la administración, independientemente de las conclusiones a las que llegue la Justicia sobre la existencia o no de un delito.
La decisión del Gobierno se produce mientras la investigación judicial continúa sumando medidas de prueba para reconstruir cómo se realizaron las compras y cuál fue el rol de cada uno de los funcionarios involucrados en la operatoria. Según la hipótesis que se investiga, las compras eran posteriormente reintegradas en efectivo por el ex funcionario, una modalidad que quedó bajo la lupa de la Justicia por el posible origen de los fondos y por el uso de medios de pago de terceros.
En los últimos días declararon varios funcionarios y ex integrantes de la estructura que encabezaba Adorni. En paralelo, los investigadores continúan reuniendo documentación bancaria y comercial para reconstruir cada una de las operaciones, verificar los movimientos de dinero y determinar si existe correlación entre las compras, los reintegros en efectivo y el patrimonio declarado por el ex funcionario.
En la Casa Rosada procuran mostrar que el caso quedó circunscripto al plano individual. Con Ravier ya instalado como nuevo vocero presidencial y Diego Santilli al frente de la Jefatura de Gabinete, la Casa Rosada intenta dar por cerrada la etapa política de Adorni.
Adorni continúa siendo investigado en tres expedientes federales: la causa por presunto enriquecimiento ilícito -que concentra el análisis de su patrimonio y de las compras realizadas con tarjetas de funcionarios-, otra por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública vinculadas a la consultora de su esposa y una tercera por presuntas dádivas, a raíz de un viaje en avión privado a Punta del Este. Ninguna de las investigaciones registra, hasta el momento, una resolución de fondo, y él aún no fue citado a indagatoria.
Fuente de esta noticia: https://www.cronista.com/economia-politica/el-gobierno-abre-una-investigacion-interna-por-los-funcionarios-que-prestaron-tarjetas-a-adorni/
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