La crisis democrática boliviana completa este miércoles su quinta semana sin señales de resolución, y el Consejo del Mercado Común del Mercosur — el órgano con capacidad de decisión vinculante sobre la aplicación del Protocolo de Ushuaia — sigue sin emitir ningún pronunciamiento formal que responda al mandato que el Parlasur le otorgó en su sesión del 1 de junio. Los bloqueos de carreteras que campesinos afines al expresidente Evo Morales, la Central Obrera Boliviana y otros movimientos sociales mantienen en varios puntos del país en demanda de la renuncia del presidente Rodrigo Paz continúan generando desabastecimiento de alimentos, combustibles e insumos esenciales en las regiones más afectadas. El gobierno de Paz mantiene su postura de diálogo condicionado — dispuesto a negociar sobre políticas concretas pero no sobre su continuidad en el poder — mientras los líderes de la oposición insisten en que la única salida es el adelanto de elecciones o la renuncia directa.
El dilema que esta situación plantea al Consejo del Mercado Común es de una complejidad política que explica su silencio de estas semanas. Aplicar el Protocolo de Ushuaia con la plenitud de sus consecuencias — que incluye la suspensión de los derechos de participación de Bolivia en los órganos del Mercosur y potencialmente la interrupción de los beneficios del proceso de adhesión — enviaría una señal de firmeza democrática que fortalece la credibilidad institucional del bloque pero que puede exacerbar la crisis en un país cuyo gobierno todavía no ha cruzado el umbral del quiebre constitucional. No aplicarlo — o seguir postergando indefinidamente el pronunciamiento formal — envía la señal opuesta: que el Mercosur activa su cláusula democrática selectivamente, según la conveniencia política del momento, lo que erosiona su legitimidad como custodio de los valores democráticos de la región.
El problema de fondo es que Bolivia tiene el litio más grande del mundo y el gas natural que la integración energética del Mercosur necesita para los próximos veinte años, y eso crea un incentivo perverso para que los gobiernos del bloque calibren su respuesta democrática ante la crisis boliviana en función de sus intereses energéticos y minerales más que en función de sus principios políticos. Este conflicto entre los intereses estratégicos y los principios democráticos del Mercosur es el más honesto y el más incómodo de los que el bloque enfrenta en este momento, y es también el que ningún comunicado oficial está describiendo con la claridad que merece. Para la Cumbre del 30 de junio, el silencio del Consejo del Mercado Común sobre Bolivia es insostenible: los cinco presidentes tendrán que decir algo sobre la situación de un candidato a miembro pleno en crisis, y lo que digan definirá qué tipo de Mercosur quieren ser para los próximos treinta y cinco años.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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