
La expansión de los cárteles mexicanos en Latinoamérica ya no se define únicamente por el movimiento de drogas. Cada vez más, organizaciones como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) consolidan su presencia mediante alianzas, redes logísticas, corrupción y control de infraestructura estratégica, generando desafíos de seguridad que van mucho más allá del narcotráfico.
En este escenario, el reto ya no se limita a interceptar cargamentos o desarticular células aisladas. Las autoridades enfrentan redes transnacionales adaptativas capaces de integrarse en estructuras criminales locales, explotar infraestructura comercial y sostener operaciones incluso cuando sus principales líderes son removidos.
De rutas de tráfico a redes operativas
Lo que comenzó como una disputa por corredores de narcotráfico ha evolucionado hacia estructuras criminales más duraderas y descentralizadas. En Centroamérica y Sudamérica, el Cártel de Sinaloa y el CJNG han ampliado su alcance mediante alianzas operativas con organizaciones locales, asegurando cadenas de suministro de cocaína, coordinando logística y reduciendo su exposición frente a las autoridades.

Según el medio mexicano La Silla Rota, estas redes mantienen acuerdos operativos con actores regionales, entre ellos las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), facilitando el flujo sostenido de cocaína hacia mercados internacionales a través rutas diseñadas para evadir los controles estatales.
En puntos estratégicos de Colombia y Ecuador, la presencia de emisarios mexicanos ha profundizado esa articulación. Según InSight Crime, los vínculos evolucionaron de relaciones transaccionales a mecanismos de colaboración operativa de largo plazo, originando estructuras fragmentadas y altamente adaptativas capaces de ejercer creciente influencia sobre territorios y economías ilícitas.
El resultado es un panorama criminal en el que las organizaciones dependen cada vez más de núcleos operativos interconectados en lugar de cadenas jerárquicas rígidas, un modelo que complica los enfoques tradicionales centrados principalmente en neutralizar liderazgos.
Diversificación criminal y presión institucional
La influencia de los cárteles mexicanos se extiende hoy por gran parte de la región, incluyendo a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú, según Infobae. Además del tráfico de cocaína y fentanilo, estas organizaciones han diversificado sus actividades hacia el tráfico de armas, tráfico de personas, lavado de dinero y operaciones financieras ilícitas, creando economías criminales paralelas que fortalecen su resiliencia y alcance regional.
Yadira Gálvez, especialista en seguridad y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México, explicó a Diálogo que está expansión no depende únicamente de la violencia, sino también de la capacidad de las organizaciones criminales para penetrar estructuras locales y sostener condiciones operativas de largo plazo. “Buscan garantizar la continuidad de sus actividades mediante la inacción del Estado, asegurar márgenes de impunidad e incluso construir base social en las zonas donde operan, lo que configura esquemas de gobernanza criminal”.
La académica advirtió además sobre una tendencia igualmente preocupante. “Se observa una convergencia entre economías legales e ilegales, con acceso a recursos del Estado a través de contrataciones públicas, lo que dificulta la detección de estas redes”.
En entornos disputado como Colombia y Ecuador, el impacto de estas alianzas es cada vez más visible. Colombia, en particular, ilustra cómo la cooperación entre cárteles mexicanos y grupos armados locales está reconfigurando la dinámica territorial. Según La Silla Rota, la articulación entre emisarios vinculados al Cártel de Sinaloa y el CJNG con las disidencias de las FARC ha fortalecido la logística del narcotráfico y reforzado la capacidad operativa de estos grupos armados.
Ecuador enfrenta desafío similar. De acuerdo con el diario mexicano El Financiero, representantes de ambos cárteles han contribuido al aumento de la violencia en centros urbanos como Guayaquil, donde grupos designados como terroristas, entre ellos Los Lobos y Los Choneros, utilizan los puertos para el despacho de cargamentos ilícitos hacia mercados internacionales.
Panamá, enfrenta una presión distinta pero igualmente estratégica. Un informe de la Pontificia Universidad Católica de Perú (PUCP) señala que el control de las rutas del Pacífico por parte de los cárteles mexicanos ha incrementado la importancia del istmo como punto clave para el transbordo de carga ilegal, ejerciendo mayor presión sobre la seguridad portuaria, los controles aduaneros y los sistemas fronterizos.
Infraestructura crítica y desafío de adaptación
La superposición de economías ilícitas se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad para la región. Según un reporte del Centro de Estudios Estratégicos del Ejército del Perú (CEEEP), las organizaciones criminales transnacionales comparten cada vez más logística, rutas y recursos operativos, desafiando la capacidad estatal para mantener el control sobre infraestructura crítica y corredores estratégicos.
La Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC) advierte igualmente que esta convergencia criminal incrementa la presión sobre la capacidad de respuesta de los gobiernos, particularmente en la protección de infraestructura crítica. Mientras tanto, el compendio Desafíos a la Seguridad en América Latina, también del CEEEP, señala que estas redes apuntan deliberadamente a nodos estratégicos de los sistemas comerciales y de transporte para garantizar su continuidad operativa.
“Las organizaciones ya no operan únicamente bajo esquemas jerárquicos, sino mediante centros operativos vinculados a logística, suministro de insumos y transporte, lo que incrementa su capacidad de adaptación”, señaló Gálvez.
Precisó que esta evolución exige una visión operativa más amplia: “No basta con identificar liderazgos; es necesario ubicar los núcleos operativos y financieros que sostienen a la red, sin perder de vista la dimensión local donde se materializa la violencia”.
Los puertos, las aduanas y los corredores logísticos continúan siendo particularmente vulnerables debido a que el comercio legítimo e ilícito converge cada vez más en los mismos sistemas.
“El principal desafío es la escala. El volumen de carga que circula por puertos y fronteras supera las capacidades de inspección de los Estados, lo que limita la vigilancia efectiva de contenedores y mercancías”, explicó Gálvez.
La experta también advirtió sobre la infiltración criminal en las cadenas logísticas: “Existen mecanismos que facilitan el tráfico ilícito desde el interior de las operaciones mediante corrupción, falsificación documental o modificaciones en contenedores, lo que evidencia la penetración en áreas clave del sistema”.
Según Gálvez, responder a estas vulnerabilidades requiere no solo mayor capacidad de control, sino también supervisión institucional y modernización tecnológica.
Al mismo tiempo, las organizaciones criminales continúan incorporando nuevas tecnologías para reducir su exposición frente a las autoridades. De acuerdo con el informe de la PUCP, estas redes recurren cada vez más a drones, sistemas de comunicación encriptados y mecanismos financieros digitales como criptomonedas para coordinar operaciones, mover recursos y dificultar el rastreo financiero por parte de las autoridades.
Cooperación regional y desafío operativo
Frente a estructuras criminales cada vez más adaptativas, los gobiernos de la región han buscado fortalecer mecanismos de cooperación, intercambio de inteligencia y estrategias de resiliencia destinadas a reducir brechas operativas.
Según el informe de la PUCP, las naciones aliadas priorizan la armonización jurídica, la coordinación de inteligencia y la cooperación técnica para mejorar las respuestas colectivas frente a amenazas híbridas y fortalecer la arquitectura regional de seguridad. Sin embargo, las autoridades continúan enfrentando importantes desafíos para mantener el ritmo frente a la flexibilidad y alcance operativo de estas redes criminales transnacionales.
“La inteligencia criminal debe enfocarse en identificar vínculos transnacionales, flujos financieros y habilitadores políticos. Sin este enfoque multidimensional, las capacidades de contención resultan insuficientes”, indicó Gálvez.
La especialista subrayó que la confianza entre instituciones sigue siendo esencial para una coordinación regional efectiva. “Sin confianza entre agencias y entre países, se limita el intercambio de información y la ejecución de operaciones conjuntas. En este escenario, la articulación con los Estados Unidos resulta clave para fortalecer capacidades de inteligencia, seguimiento financiero y operaciones coordinadas frente a redes criminales transnacionales”.
A medida que las organizaciones criminales evolucionan más allá de las estructuras tradicionales de narcotráfico, las fuerzas de seguridad de la región enfrentan un desafío operativo más amplio: proteger infraestructura estratégica, identificar redes financieras y logísticas, e impedir que organizaciones criminales transnacionales consoliden una influencia duradera en el hemisferio.
Publicado por: Laura Solano
Fuente de esta noticia: https://dialogo-americas.com/es/articles/carteles-mexicanos-desafian-la-seguridad-de-latinoamerica/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=carteles-mexicanos-desafian-la-seguridad-de-latinoamerica
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