EL CANCILLER LUBETKIN CONFIRMA: URUGUAY RESOLVERÁ LAS CUOTAS DEL ACUERDO MERCOSUR-UE DESDE SU PRESIDENCIA Y NO IMPROVISARÁ

El canciller uruguayo Mario Lubetkin confirmó esta semana que la distribución de las cuotas de exportación bajo el acuerdo Mercosur-UE será la primera y más urgente prioridad de la Presidencia Pro Tempore que Uruguay asumirá el 1.° de julio, y que el gobierno tiene preparada una estrategia específica para abordarla que incluye conversaciones diplomáticas con los cuatro socios del bloque iniciadas mucho antes de la transferencia formal. La administración uruguaya confía en que el ejercicio de la presidencia pro tempore del bloque le otorgue el impulso político necesario para resolver uno de los escollos más ásperos del tratado: la distribución interna de las cuotas de exportación que Bruselas concedió a los países del Cono Sur. Lubetkin «2026 será un año de preparación», había advertido semanas atrás, al señalar que «no se puede improvisar» y que el gobierno mantiene un diálogo fluido con cada sector para anticipar impactos y diseñar medidas de acompañamiento. Esta advertencia de que «no se puede improvisar» — pronunciada con la autoridad de un canciller que lleva meses preparando la transferencia — tiene un destinatario implícito que todos los analistas regionales identificaron inmediatamente: la crítica más suave posible a la manera en que el sistema de cuotas fue implementado bajo la Presidencia Pro Tempore paraguaya, sin un acuerdo de distribución previamente negociado.

El canciller Lubetkin también usó esta semana sus redes sociales para comunicar directamente a los exportadores uruguayos el estado de las negociaciones. En LinkedIn, publicó una actualización sobre las conversaciones con sus homólogos de Argentina, Brasil y Paraguay en la que señalaba que «el preacuerdo que circuló esta semana entre operadores de la industria cárnica es una señal positiva pero no suficiente — necesitamos un instrumento jurídico vinculante, aprobado por los órganos competentes del Mercosur, que garantice a cada país del bloque un acceso equitativo y predecible al mercado europeo bajo el nuevo régimen.» Esta formulación — «instrumento jurídico vinculante» en lugar de un preacuerdo informal — es la que Uruguay está defendiendo como condición para dar por resuelto el problema de las cuotas, y su diferencia con la postura argentina y brasileña que aceptarían un preacuerdo político más flexible ilustra las distintas concepciones de gobernanza institucional que coexisten dentro del bloque.

El acuerdo con la UE, al que se suman los tratados ya cerrados con el EFTA y Singapur, eleva el acceso del Mercosur del 4% al 19,6% de las importaciones mundiales. Uruguay, en particular, pasa a tener vínculos preferenciales con economías que concentran el 25% del PIB global y el 32% de la población del planeta. Estas cifras son la mejor justificación para la estrategia de apertura múltiple que Orsi está ejecutando — CPTPP, Mercosur-UE, TLC con Singapur ya vigente, conversaciones con Japón y Vietnam — y que sus opositores domésticos critican como «demasiada apertura sin red de protección para los sectores vulnerables.» La respuesta del gobierno es que la apertura bien gestionada es la única alternativa viable para un país pequeño que no puede autosuficientarse y que necesita acceso a mercados grandes para generar el crecimiento que su modelo de Estado de bienestar requiere para ser financieramente sostenible.

La dimensión política de la Presidencia Pro Tempore de Uruguay también tiene consecuencias para la relación con Venezuela y para la candidatura colombiana que el balotaje del 21 de junio dejará en un estado de mayor o menor viabilidad. Uruguay, bajo Orsi — que es ideológicamente más próximo al petrismo colombiano y más dialoguista con Venezuela que Argentina o Paraguay — tendrá que gestionar esas candidaturas desde una posición de equidistancia que preserve la unidad del bloque sin comprometer los estándares democráticos del Protocolo de Ushuaia que son la base de la legitimidad institucional del Mercosur. Para Lubetkin, ese equilibrio — apertura comercial sin rendición de principios democráticos — es la definición más precisa de lo que la diplomacia uruguaya aspira a ser en su semestre de presidencia del Mercosur.