Columnista – Germán Rojas @Germanrojasm8
Colombia se encuentra, una vez más, en una encrucijada histórica. Ad portas de un nuevo periodo presidencial, el debate público parece atrapado en un falso dilema: elegir entre el espejismo de un orden impuesto por la fuerza y el asedio militar, o la apuesta compleja, pero duradera, por una transformación estructural. Ante los discursos que apelan al miedo y a las soluciones cortoplacistas de «mano dura», se hace indispensable reivindicar un modelo de país que no se funde en el castigo, sino en la justicia social, la dignidad y el reconocimiento de nuestra propia complejidad. La verdadera grandeza de una nación no se mide por el tamaño de sus cárceles, sino por la solidez de sus derechos.
El nudo gordiano de nuestra violencia sigue siendo el problema de las drogas ilícitas. Durante décadas, la receta oficial fue la aspersión aérea con glifosato y la criminalización del eslabón más débil de la cadena: el campesino. Los resultados están a la vista: tierras envenenadas, comunidades desplazadas y el narcotráfico intacto, mutando y adaptándose. Insistir en la fumigación es un anacronismo costoso e ineficaz. El verdadero camino, el que realmente asfixia las economías criminales a largo plazo, es la sustitución voluntaria y concertada de cultivos. Cuando el Estado llega al territorio no con un avión cargado de veneno, sino con títulos de propiedad, créditos justos, vías terciarias y proyectos productivos sostenibles, transforma al cultivador en un aliado de la legalidad. No se trata de erradicar una planta; se trata de arraigar la dignidad en la tierra.
Este enfoque va de la mano con una premisa innegociable: la defensa irrestricta de los derechos humanos. Una seguridad que se construye sobre la base de violar las garantías civiles o estigmatizar la protesta social es, por definición, una seguridad artificial y autoritaria. El Estado social de derecho encuentra su legitimidad en la protección de la vida, de toda vida, especialmente la de los líderes sociales, ambientales y comunitarios que defienden sus territorios en la periferia. La paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de canales democráticos institucionales para resolverlos sin necesidad de recurrir a las armas o a la represión estatal.
Finalmente, esa paz duradera es impensable si no se asume la diversidad como nuestra mayor riqueza y no como una amenaza al orden. Colombia es un mosaico de culturas, etnias, géneros y realidades territoriales. Pretender homogeneizar el país bajo una sola visión moral o ideológica es desconocer la esencia misma de nuestra constitución y de nuestra historia. El respeto a las comunidades indígenas, afrodescendientes, a las diversidades de género y a la autonomía de las regiones no es un accesorio discursivo; es el motor de una democracia viva. Cuando abrimos espacio a la pluralidad, debilitamos los fanatismos que históricamente han alimentado nuestras guerras.
Apostar por la paz, la sustitución de cultivos, los derechos humanos y la diversidad no es el camino fácil; requiere paciencia, diálogo y una enorme voluntad política para tejer consensos en medio de la diferencia. Sin embargo, es el único camino que nos aleja del ciclo sin fin de la venganza y nos acerca a una modernidad real. Es hora de dejar de sembrar fuego en los territorios y empezar, de una vez por todas, a sembrar la vida que tanto nos hemos negado.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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