La región del Catatumbo, ubicada al nororiente de Colombia y fronteriza con Venezuela, atraviesa uno de sus momentos más críticos en cuanto a seguridad y derechos humanos, según una reciente advertencia emitida por diversas misiones internacionales.
El detonante: El asesinato reciente
La alerta surge apenas tres días después de un hecho violento de alto impacto en la zona: el asesinato de líderes comunitarios que viajaban en una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El ataque ocurrió en la vereda Oropoma, en el trayecto que conecta los municipios de Ábrego y Ocaña. Entre las víctimas fatales se identificaron integrantes de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo, un grupo que ya venía denunciando amenazas constantes.
Contexto de la crisis (La «guerra de grupos»)
La violencia que afecta a la población civil no es un evento aislado, sino la culminación de un proceso de degradación que se ha intensificado desde enero de 2025. Los factores clave identificados en el informe incluyen:
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Lucha por el control territorial: La confrontación principal es protagonizada por el ELN (Ejército de Liberación Nacional) y el Frente 33 (disidencias de las FARC). Ambos grupos se disputan el control de las economías ilícitas y las rutas estratégicas en esta región.
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Uso de tecnología bélica: Un aspecto que ha transformado la seguridad en el Catatumbo es el uso de drones de ataque cargados con explosivos. Esta modalidad ha causado múltiples muertes de civiles y militares, además de destruir viviendas y cultivos, generando un terror permanente en las zonas rurales.
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Crisis de desplazamiento: La magnitud del desplazamiento forzado ha alcanzado cifras alarmantes. Según las estimaciones citadas por organismos internacionales, cerca de 100.000 personas han sido desplazadas de sus hogares desde el inicio de esta escalada en 2025, lo que equivale aproximadamente a la mitad de la población de toda la subregión.
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Confinamiento: Además de los desplazados, miles de personas permanecen confinadas en sus veredas, sin poder moverse debido al riesgo de minas antipersonal y a los combates activos, lo que les impide acceder a servicios básicos, educación o alimentación.
La respuesta de las instituciones
Misiones de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Conferencia Episcopal de Colombia han unido sus voces para advertir sobre la «grave situación humanitaria». El llamado de estas organizaciones es urgente, instando al Estado colombiano a implementar medidas efectivas de protección para la población civil, dado que los esquemas actuales han demostrado ser insuficientes frente a la capacidad de fuego y control territorial que mantienen los grupos armados ilegales.
Este informe de IPS destaca que, a pesar de los esfuerzos militares (como la denominada «Operación Catatumbo» que ha desplegado a miles de soldados), la seguridad sigue en un estado de deterioro constante, consolidando al Catatumbo como uno de los epicentros de la crisis humanitaria más prolongada y compleja del país.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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