Mientras el mundo observa al Mercosur a través del lente del comercio internacional y el acuerdo histórico con la Unión Europea, en el interior del bloque se está gestando otro proceso igualmente trascendente pero menos visible mediáticamente: el fortalecimiento de la cooperación jurídica y de seguridad regional para enfrentar la criminalidad organizada transnacional que opera en las zonas de frontera. En las últimas semanas, los fiscales y procuradores generales de todos los Estados Parte y Asociados del bloque se reunieron en Ciudad del Este, Paraguay —uno de los nodos neurálgicos del crimen organizado regional— y aprobaron un documento que ya es citado como un hito institucional: la Declaración de Ciudad del Este. Esta declaración no es solo un texto diplomático más; es una hoja de ruta operativa que define responsabilidades, mecanismos y compromisos concretos para que los ministerios públicos de la región actúen de manera coordinada frente a redes criminales que no respetan fronteras. El bloque entiende que un acuerdo comercial tan ambicioso como el que acaba de firmar con Europa no puede sostenerse en el tiempo si sus fronteras son permeables a la criminalidad organizada.
Reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la cooperación jurídica internacional y la seguridad regional frente a los desafíos de la criminalidad organizada transnacional en zonas de frontera, los procuradores y fiscales generales de los Estados Partes y Asociados aprobaron la «Declaración de Ciudad del Este», en el marco de la 39ª Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM), celebrada en Ciudad del Este, bajo la Presidencia Pro Tempore de Paraguay y en presencia del primer mandatario de ese país, Santiago Peña. La presencia del presidente paraguayo en la apertura de la reunión no fue casual; fue un mensaje político deliberado y potente. Peña quiso dejar claro que la lucha contra el crimen organizado en las fronteras es una prioridad de Estado y no simplemente una cuestión técnica de los ministerios públicos. La Triple Frontera, que conecta a Paraguay, Argentina y Brasil en uno de los puntos más estratégicos y también más vulnerables de la región, fue elegida como sede de esta cumbre precisamente porque durante décadas fue sinónimo de impunidad y criminalidad. Hoy ese símbolo está siendo reescrito. Prensa Mercosur
La declaración destaca la necesidad de consolidar mecanismos ágiles de cooperación, promover equipos conjuntos de investigación, fortalecer el intercambio de información estratégica y articular respuestas coordinadas entre los ministerios públicos, reconociendo a las regiones fronterizas como espacios prioritarios para una acción penal más eficaz y una defensa institucional más sólida en el ámbito regional. Los equipos conjuntos de investigación son, quizás, el elemento más innovador de la declaración. En un esquema tradicional, cada país investiga los delitos que ocurren en su territorio y luego solicita asistencia jurídica mutua para obtener información o evidencia del otro lado de la frontera, un proceso que puede tardar meses o años. Los equipos conjuntos de investigación rompen esa lógica: permiten que fiscales de diferentes países trabajen juntos, en tiempo real, compartiendo información y coordinando acciones operativas simultáneas en múltiples jurisdicciones. Esta modalidad ha demostrado su eficacia en Europa, y el Mercosur está apostando por importar ese modelo a la realidad latinoamericana. Prensa Mercosur
Los fiscales generales y procuradores generales reafirmaron el compromiso de fortalecer los lazos de cooperación jurídica. Además, marcaron una hoja de ruta estratégica para los Ministerios Públicos y Procuradurías Generales del Mercosur, reconociendo las zonas fronterizas como regiones prioritarias donde se deben articular respuestas específicas e intercambio de información estratégica. El tipo de criminalidad que esta declaración busca combatir es variado y complejo: tráfico de drogas, contrabando de mercancías, trata de personas, lavado de activos, piratería electrónica, tráfico de armas y una cada vez más preocupante penetración del crimen organizado en las cadenas de suministro legítimas. Se han puesto en marcha operativos conjuntos para el control del contrabando, que no solo afecta a la recaudación fiscal de los gobiernos, sino que distorsiona la competencia leal para las empresas que cumplen con las reglas del nuevo acuerdo con la UE. La digitalización de los registros aduaneros y el intercambio de información en tiempo real entre las fuerzas de seguridad son herramientas clave que ya están dando resultados positivos en la reducción de la criminalidad en puntos estratégicos. La conexión entre la agenda de seguridad y la agenda comercial es, en este punto, completamente explícita y coherente. La NaciónPrensa Mercosur
El presidente Peña enfatizó que la realización en la Triple Frontera de la reunión de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos y de Ministerios Públicos del Mercosur implica «un gran simbolismo», ya que la zona fue por mucho tiempo considerada sinónimo de criminalidad, delincuencia organizada y oscuridad. «Hoy día, sin embargo, se han hecho grandes esfuerzos para que esta zona tenga otro rostro, otra imagen, otra realidad», dijo el presidente. Las palabras de Peña son importantes por su dimensión simbólica y también por su dimensión política: un presidente que está dispuesto a llevar a los más altos funcionarios del sistema de justicia regional al corazón mismo de la zona que quiere transformar está enviando una señal de determinación que no puede ser ignorada por las redes criminales que operan en esa área. La Triple Frontera, históricamente asociada con impunidad, contrabando y violencia, puede convertirse en los próximos años en el símbolo del éxito de una nueva estrategia de seguridad regional que el Mercosur está decidido a implementar con fuerza y consistencia. Agence IP
En paralelo a los avances comerciales, el Mercosur ha intensificado su agenda en materia de cooperación jurídica internacional y seguridad regional. El camino que ya empezó a caminar en relación al tratado con la Unión Europea es solo la punta del iceberg de un proceso mucho más amplio que busca posicionar a la región como un polo de estabilidad y progreso. Esta visión integradora —que conecta comercio, seguridad, institucionalidad jurídica y desarrollo regional en un mismo proyecto estratégico— es lo que distingue al Mercosur de 2026 del Mercosur de años anteriores, que muchas veces gestionó estas agendas de manera compartimentada y descoordinada. El bloque está aprendiendo, con los aciertos y las dificultades propias de todo proceso de integración, que una zona de libre comercio sólida requiere también de fronteras seguras, instituciones judiciales robustas y cooperación operativa entre sus estados miembros para que el libre comercio no sea secuestrado por quienes operan al margen de la ley. La Declaración de Ciudad del Este es, en ese sentido, un complemento necesario e imprescindible de todo lo que el acuerdo con Europa representa para el futuro del bloque. Prensa Mercosur
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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