Será en régimen de comisión general, pero si el FA no acompaña, Botana y Camy anticiparon que recurrirán a la interpelación. El objetivo, dijo Botana, es “interpelar a la política económica, no al ministro”. La oposición también presentó un pedido de informes por la designación de Silvia Rodríguez Collazo en el Consejo Fiscal.
Los senadores del Partido Nacional Sergio Botana y Carlos Camy formalizarán este miércoles el pedido de comparecencia del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, ante el Senado, en lo que representa la mayor ofensiva de la oposición contra la política económica del gobierno de Yamandú Orsi desde el inicio de la administración. La convocatoria, que en principio se tramitará bajo el régimen de comisión general —menos formal y de carácter informativo—, pone el foco en el futuro de las AFAP tras las recomendaciones del Diálogo Social, pero los legisladores advirtieron que, si el Frente Amplio no otorga los votos necesarios, avanzarán hacia una interpelación formal, un mecanismo con consecuencias políticas significativas.
La decisión fue comunicada por los propios senadores en conferencia de prensa este lunes, luego de ser adelantada en la reunión de coordinación de bancada con el oficialismo. Botana, quien será el miembro convocante, explicó que la elección del formato busca “interpelar a la política económica y no al ministro” y detalló que el temario incluirá, además de los cambios en seguridad social, un abanico de indicadores que generan preocupación en la oposición: déficit fiscal, empleo, competitividad, riesgo país y endeudamiento público. “Queremos discutir toda la política económica del gobierno”, sintetizó el legislador nacionalista.
El fantasma de la “expropiación” de las AFAP
El núcleo de la controversia se remonta al 29 de abril, cuando el Poder Ejecutivo presentó las conclusiones del Diálogo Social, un espacio de debate sobre la seguridad social que había sido una promesa de campaña del Frente Amplio y que contó con el aporte de diversos actores sociales. El documento final recomienda “avanzar en la conformación de un pilar de ahorro generacional, en el que las cuentas de ahorro individual sean gestionadas de forma centralizada por un organismo público”, manteniendo la función de inversión y rentabilización en manos de las cuatro AFAP que operan en Uruguay (República AFAP, Itaú AFAP, AFAP Sura e Integración AFAP) pero retirándoles la gestión comercial y la relación directa con los afiliados.
Para Botana, la propuesta encierra una amenaza latente. “Si el Estado se queda con la administración general de los fondos, el paso siguiente será inevitablemente expropiar”, afirmó de manera tajante. La frase condensa el temor de un sector del sistema político y del empresariado: que la centralización de las cuentas en un ente público sea apenas la primera fase de un proceso que termine en la estatización completa del ahorro previsional individual. Cabe recordar que una de las AFAP afectadas, República AFAP, ya es de propiedad estatal, mientras que las otras tres son privadas, lo que añade complejidad al debate.
Las reacciones no se hicieron esperar. La Asociación Nacional de AFAP (Anafap) expresó su rechazo a la propuesta, advirtiendo sobre el impacto que tendría en la industria. Desde el gobierno, en tanto, se intentó bajar la tensión: el presidente Orsi aclaró durante la presentación que “no está en nuestro espíritu, pero tampoco aparece en este documento, la propuesta de eliminar o estatizar las AFAP”, mientras que el ministro Oddone fue enfático en el mismo sentido, asegurando que las administradoras “no se van a eliminar” y que “no se estatiza el sistema”.
El antecedente más cercano de este debate es la reforma previsional aprobada durante el gobierno de Luis Lacalle Pou (ley 20.130), que ya había previsto la creación de una Agencia Reguladora de la Seguridad Social con capacidad para acceder a información del BPS y de las AFAP, con el objetivo de integrar el cálculo de la trayectoria jubilatoria y brindar asesoramiento centralizado a los aportantes. Rodolfo Saldain, principal artífice de aquella reforma, recordó en diálogo con El País que la iniciativa de centralizar la gestión de cuentas estuvo sobre la mesa en 2023, aunque no fue acompañada por algunos socios de la coalición, como el Partido Colorado.
Un nombramiento bajo la lupa
La comparecencia también servirá para que la oposición cuestione la reciente designación de la economista Silvia Rodríguez Collazo como integrante del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), un órgano creado por ley para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas y que exige, según la normativa, que sus miembros no tengan “reconocida actividad político-partidaria”.
La resolución del Ministerio de Economía que oficializó el nombramiento fue firmada el 22 de abril, y Rodríguez Collazo asumirá en reemplazo de Alfonso Capurro, a quien Botana calificó como un “técnico independiente” para marcar el contraste con el perfil que, a su juicio, exhibe la nueva consejera.
Junto al senador Javier García, Botana presentó un pedido de informes para determinar si la designación cumple con los requisitos legales. Los legisladores fundamentan su cuestionamiento en una serie de publicaciones en redes sociales que, según afirmaron, demuestran una militancia activa de Rodríguez Collazo en apoyo a la candidatura presidencial de Yamandú Orsi, incluyendo mensajes en la red X con la etiqueta “#OrsiPresidente”. También señalaron que la economista formó parte del grupo “Frenteamplistas por el No”, que se pronunció en contra del plebiscito de reforma previsional impulsado por el Pit-Cnt y un sector del Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024, y que mantuvo un cruce directo con el senador García en agosto de ese mismo año.
“Es absolutamente militante”, sentenció Botana, al tiempo que defendió la necesidad de preservar la autonomía técnica del CFA, un organismo que tiene entre sus funciones evaluar las proyecciones fiscales del gobierno y emitir opinión sobre la política económica, por lo que su credibilidad depende en buena medida de la percepción de independencia de sus integrantes.
Un escenario político abierto
La jugada de los blancos se da en un contexto de negociación parlamentaria delicada. Para que la comparecencia se lleve a cabo en régimen de comisión general, la oposición necesita los votos del Frente Amplio, algo que no está garantizado. Si el oficialismo decide no acompañar, el Partido Nacional ya advirtió que recurrirá a la interpelación, un instrumento constitucional que obliga al ministro a concurrir al Parlamento y que puede derivar en un voto de censura, aunque en la práctica suele funcionar como un mecanismo de desgaste político.
Redacción
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