Hijos y Madres del Silencio acusa «descaro» del gobierno ante la CIDH y denuncia inacción frente a las adopciones ilegales

Marisol Rodríguez calificó como «una vergüenza» que el Estado se adjudique avances de las familias y oculte en Panamá el cierre de la UBAFI. Durante la audiencia temática, la delegación chilena descartó financiar vuelos de reencuentro y eludió disculpas públicas, mientras un sobreviviente y abogados expusieron la magnitud del tráfico infantil.

Por Ana María Olivares Rivas, periodista El Siglo. 01/11/2026. Como «una vergüenza» y un «descaro» calificó la presidenta de la Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS), Marisol Rodríguez, la postura adoptada por la delegación del Estado de Chile ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En el marco del 197.º Período de Sesiones celebrado en Ciudad de Panamá, la dirigenta acusó a la actual administración de adjudicarse como propios logros que pertenecen exclusivamente a la perseverancia de las familias afectadas, criticando con dureza que los representantes gubernamentales presentaran simples reuniones de oficina como avances sustantivos mientras ocultaron ante el estrado internacional el cierre de la Unidad de Búsqueda y Acompañamiento a Familias e Hijos (UBAFI), dispositivo operativo clave para la atención de las víctimas.

Los cuestionamientos de Rodríguez apuntaron al corazón del balance expuesto por el Estado en la Audiencia Temática N.º 17, «Denuncias de adopciones irregulares y tráfico de niñas y niños en Chile», celebrada el pasado miércoles 28 de octubre en el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). La presidenta de HMS desmintió que el país cuente con una política integral de búsqueda, señalando que el Programa de Búsqueda de Orígenes del Servicio de Protección Especializada solo atiende adopciones regulares y excluye a las madres biológicas que buscan a sus hijos. Asimismo, denunció que el repositorio de ADN del Servicio Médico Legal no es un banco genético universal y público, sino un catastro acotado a órdenes judiciales directas, y fustigó que la comitiva oficial no supiera responder sobre la aplicación del Convenio de La Haya de 1993, instrumento vinculante y fundamental para coordinar acciones con los países donde residen los menores sustraídos.

A ello sumó el rechazo a la oferta del Ejecutivo de suplir los reencuentros físicos con plataformas telemáticas: «Las reuniones remotas no son ninguna ayuda estatal; son herramientas que agrupaciones como Hijos y Madres del Silencio venimos costeando y gestionando por cuenta propia desde hace años para unir a las familias», enfatizó Rodríguez, recordando además que el gobierno mantiene congelada la implementación de medidas y recursos que fueron aprobados en la Ley de Presupuestos desde enero de este año.

La voz de la víctima: «Fui robado antes de tener un nombre»

El malestar de las organizaciones contrastó con el dramatismo del único testimonio de una víctima directa presentado durante la sesión: el del abogado de derechos humanos internacionales y fundador de Grafting Hope, Jimmy Lippert Thyden González. Adoptado fraudulentamente en Estados Unidos, Thyden prestó su declaración en inglés tras explicar ante el comisionado Arif Bulkan y las comisionadas Marion Bethel y Rosa María Payá (Relatora sobre los Derechos de la Niñez) que la privación deliberada de sus orígenes le arrebató también su lengua materna.

Nacido el 31 de octubre de 1981 en un hospital público de Santiago, relató cómo el personal de salud engañó a su madre, María Angélica González, asegurándole que el recién nacido requería ingresar a incubadora por ictericia, para comunicarle horas más tarde su supuesta muerte y negarle la entrega del cuerpo para sepultarlo. Durante 42 años, su madre lo creyó fallecido, hasta que en 2023 un cotejo genético de ADN destapó el fraude y permitió el reencuentro en Chile.

«Fui robado antes de que pudieran darme un nombre», denunció Thyden, describiendo la trama institucionalizada en la que convergieron médicos, matronas, asistentes sociales, clérigos, abogados y jueces para lucrar con la salida de niños hacia el exterior aprovechando la vulnerabilidad de madres solteras o de origen indígena. Estimó que entre 50.000 y 70.000 menores fueron sustraídos bajo una práctica asimilable a la desaparición forzada infantil. El abogado expuso secuelas crónicas de depresión, desarraigo y el impacto de portar en Chile un Rol Único Nacional (RUN) asignado al nombre impuesto de «Carlos Dion Burback»: una «identidad fantasma» sin registro educacional ni asistencial. Ante ello, demandó crear de inmediato una línea presupuestaria para pasajes de reunificación, salud mental para las madres y cruces de datos consulares, sentenciando: «Ninguna resolución para nosotros debe decidirse sin nosotros».

Marco legal y la carrera contra el tiempo

La acción ante la CIDH —solicitada de manera conjunta por el Impact Litigation Project de American University Washington College of Law junto a abogados chilenos— contó con la fundamentación jurídica de la abogada Amanda de la Fuente y el jurista Claudio Grossman. De la Fuente delimitó las transgresiones a los artículos 8 y 35 de la Convención sobre los Derechos del Niño y a las cláusulas 8, 17, 19 y 25 de la Convención Americana, evocando los fallos interamericanos Gelman vs. Uruguay y Ramírez Escobar vs. Guatemala, para sostener que la responsabilidad internacional del Estado no concluye en la vía penal, sino que exige mecanismos administrativos eficaces de restitución de la identidad.

En la segunda ronda, el abogado Ciro Colombara advirtió que el caso de Thyden es uno de más de 20.000 expedientes y remarcó la lentitud con que opera la respuesta estatal frente al reloj biológico:

«La justicia ordinaria avanza con una lentitud desesperante. A ese ritmo, van a morir todas las víctimas y todos los perpetradores sin verdad ni justicia», alertó Colombara, recordando casos como el de la señora Ruth Reyes en San Fernando, quien falleció el mismo día en que interpuso acciones legales sin haber logrado abrazar a su hijo. Colombara fustigó que el Estado no haya emitido disculpas públicas y que mantenga archivadas las sugerencias de la propia Mesa Interinstitucional de 2025 relativas al reconocimiento público de responsabilidad, la creación de una entidad administrativa especializada de búsqueda y la puesta en marcha de un banco universal de ADN. Claudio Grossman, por su parte, propuso establecer un comité de impulso tutelado por la CIDH para viabilizar pasaportes, nivelación idiomática y medidas efectivas de reparación no judicial.

La defensa formal del Estado: excusas procesales y sin fondos

La comitiva del Estado chileno, conformada por representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, inició su comparecencia exhibiendo un video enviado por el Subsecretario de la cartera, quien se excusó por razones de fuerza mayor. En su alegato, el vocero estatal definió las adopciones irregulares como un «fenómeno principalmente histórico» concentrado entre 1950 y 1990 —diferenciándolo de la trata contemporánea tipificada en el Código Penal— y se amparó en el artículo 76 de la Constitución para justificar que el Ejecutivo no interviene en causas judiciales pendientes.

En materia de cifras, la delegación detalló que la Causa Rol 1044–2018, radicada con dedicación exclusiva en el ministro en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Aguilar Brevis, concentra 1.650 causas, de las cuales 778 continúan en tramitación (912 iniciadas por familias de origen y 477 por adoptados). Señalaron además que el Programa de Búsqueda de Orígenes acumula 7.406 trámites desde 2003, habiendo derivado 169 presuntas irregularidades entre 2021 y 2026; que el repositorio del Servicio Médico Legal alberga 906 muestras para 728 grupos familiares, y que se encuentra en curso la implementación de la nueva Ley de Adopciones (Ley 21.760) junto a un portal web informativo. A su vez, adujeron dificultades procesales debido a la inexistencia de un tipo penal autónomo para sancionar la «adopción ilegal».

El contraste se evidenció ante las preguntas directas de las comisionadas. Frente a la interpelación de Marion Bethel respecto a qué fondos concretos se destinan a la reparación integral y por qué no se ha pronunciado una disculpa institucional, y a la consulta de Rosa María Payá sobre las garantías de no repetición en hospitales públicos, la delegación descartó cualquier compromiso económico: «No puedo decir ahora que efectivamente el Estado de Chile tiene la capacidad presupuestaria para pagar un vuelo para una persona afectada en el exterior para que venga a Chile», limitándose a ofrecer contactos telemáticos y señalando que las reparaciones dependerán de eventuales sentencias de los tribunales.

Al cierre de la audiencia, la CIDH subrayó que el transcurso de las décadas no diluye las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ni atenúa la gravedad de la separación familiar ilícita. La relatora Rosa María Payá sentenció que «el derecho de un niño a su identidad y a su familia no desaparece con el paso del tiempo», emplazando al Estado chileno a dotar de recursos reales y urgentes a la restitución de la verdad antes de que el paso de los años selle una impunidad biológica irreparable.