China traza la primera frontera legal del mundo contra los despidos por inteligencia artificial
El Tribunal Intermedio de Hangzhou declara ilegal la rescisión unilateral de contratos motivada por la automatización, en un fallo que pone en jaque el modelo de reducción de costes corporativos basado en la sustitución de trabajadores humanos por algoritmos
En un momento en que la inteligencia artificial remodela los mercados laborales a escala global sin que la mayoría de los ordenamientos jurídicos hayan tenido tiempo de adaptarse, China acaba de dictar una sentencia que fija un límite hasta ahora inexistente: las empresas no pueden despedir a sus empleados con el único propósito de reemplazarlos con sistemas automatizados. El Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou, en un fallo publicado el 28 de abril, declaró ilegal el despido de un supervisor de control de calidad de una empresa tecnológica del este del país, después de que la compañía intentara degradarlo y recortarle el sueldo un 40% cuando un programa de inteligencia artificial absorbió sus funciones. La sentencia no solo resuelve un conflicto laboral individual: construye jurisprudencia vinculante en terreno donde casi ningún país ha legislado todavía.
El caso Zhou: cuando el algoritmo se convirtió en argumento para liquidar un contrato
El trabajador en el centro del caso, identificado únicamente por su apellido Zhou, fue contratado en noviembre de 2022 por una empresa tecnológica no identificada para supervisar el rendimiento de sus sistemas de inteligencia artificial. Su función era específica y técnica: verificar la precisión de las respuestas generadas por grandes modelos de lenguaje, cotejar las consultas de los usuarios con los resultados producidos por la máquina y filtrar cualquier contenido ilegal o que comprometiera la privacidad de los datos. Por ese trabajo, Zhou percibía un salario mensual de 25.000 yuanes, lo que representaba una remuneración anual de aproximadamente 300.000 yuanes, equivalentes a 43.900 dólares.
Cuando el sistema de inteligencia artificial alcanzó la madurez suficiente para asumir de forma autónoma las tareas que Zhou desempeñaba, la empresa no rescindió su contrato de inmediato. En su lugar, intentó reasignarlo a un puesto de categoría inferior imponiéndole una reducción salarial del 40%, lo que habría dejado su remuneración mensual en 15.000 yuanes. Zhou rechazó la reasignación. La empresa respondió con el despido formal, ofreciéndole una indemnización de 311.695 yuanes y justificando la decisión en una supuesta reestructuración organizativa, en menores necesidades de personal y en la disrupción tecnológica del sector.
Zhou tampoco aceptó esas condiciones. Recurrió a arbitraje y obtuvo su primera victoria. La empresa se negó a acatar el laudo y presentó una demanda ante un tribunal de distrito en agosto de 2025, donde volvió a perder. Apeló el fallo, y el caso escaló hasta el Tribunal Popular Intermedio de Hangzhou, que en su resolución de abril confirmó la ilegalidad del despido y ordenó una indemnización superior a la ofrecida inicialmente por la compañía.
La arquitectura jurídica del fallo: qué dijeron exactamente los jueces
El razonamiento del tribunal desmantela, uno por uno, los argumentos con los que la empresa había intentado justificar la rescisión del contrato. En su resolución, los magistrados establecieron que los motivos alegados por la compañía no se ajustaban a ninguna de las causas legalmente previstas para el despido unilateral: no hubo reducción del tamaño de la empresa, no hubo dificultades operativas documentadas ni se dio ninguna circunstancia que hiciera imposible la continuidad del contrato de trabajo.
El tribunal fue más allá y señaló que la oferta de reasignación con una reducción salarial del 40% era, en sí misma, jurídicamente inviable por desproporcionada. En su declaración más significativa desde el punto de vista del precedente, los jueces dictaminaron que al invocar la sustitución por inteligencia artificial como causa de despido, la empresa había trasladado efectivamente el coste de su propia transformación tecnológica sobre los hombros del trabajador, algo que el código laboral chino no permite.
La lógica subyacente al fallo es nítida: la decisión de adoptar un sistema de inteligencia artificial es una elección de negocio, no un evento incontrolable equiparable a una crisis económica o a una catástrofe externa. Si una empresa decide automatizar una función, los costes de esa decisión, incluidos los laborales, no pueden ser externalizados unilateralmente sobre el empleado afectado.
Un precedente que no nace solo: el edificio jurisprudencial que China está construyendo
La sentencia de Hangzhou no es un caso aislado. En diciembre del año anterior, un tribunal de Pekín respaldó en arbitraje a un trabajador de cartografía de datos que había sido despedido después de que su empresa sustituyera su función con un sistema automatizado. Aquel panel arbitral estableció una distinción conceptual que los jueces de Hangzhou han refrendado y ampliado: la migración a inteligencia artificial es una decisión empresarial voluntaria, no un evento de fuerza mayor. Esa diferencia es crucial, porque la legislación laboral china solo admite el despido por causas de fuerza mayor o por circunstancias económicas extraordinarias, ninguna de las cuales se aplica cuando una empresa simplemente decide comprar software más eficiente.
Lo que China está construyendo, resolución tras resolución, es un corpus jurisprudencial específicamente diseñado para la era de la automatización. Mientras los parlamentos de la mayoría de los países debaten todavía si hace falta legislar sobre inteligencia artificial en el mercado laboral, los tribunales chinos ya están emitiendo sentencias con fuerza vinculante que definen dónde termina la prerrogativa empresarial y dónde comienzan los derechos del trabajador frente al algoritmo.
La tensión estratégica de fondo: IA, desempleo juvenil y equilibrio político
La sentencia no puede leerse al margen del contexto en el que se produce. China vive una contradicción de fondo que sus planificadores intentan gestionar con instrumentos distintos de forma simultánea. Por un lado, el Estado financia y promueve activamente la adopción masiva de inteligencia artificial en sus empresas, en el marco de una carrera tecnológica global que Pekín considera estratégica y que ha acelerado de forma notable desde la irrupción de los grandes modelos de lenguaje en el mercado internacional.
Por otro lado, la economía china atraviesa una fase de desaceleración que ha disparado el desempleo juvenil hasta niveles que el Partido Comunista considera políticamente sensibles. En ese contexto, permitir que las empresas utilicen la automatización como cobertura para recortes masivos de plantilla supondría añadir combustible a una tensión social ya presente. La jurisprudencia emergente sobre despidos por inteligencia artificial cumple así una función doble: protege a los trabajadores individualmente y actúa como válvula de estabilización del mercado laboral en un momento en que el Estado no puede asumir el coste político de una oleada de desempleo tecnológico.
Wang Xuyang, abogado del bufete Zhejiang Xingjing y ajeno al caso, resumió la posición que los tribunales chinos están consolidando con una precisión que vale como síntesis del nuevo marco legal: si bien las empresas pueden beneficiarse de las ganancias de eficiencia impulsadas por la inteligencia artificial, también deben asumir las responsabilidades sociales correspondientes. La adopción de IA, añadió, no justifica automáticamente que una empresa rescinda un contrato laboral para reducir costes.
Las implicaciones globales de lo que ocurre en Hangzhou
El alcance de este fallo trasciende las fronteras chinas, y no solo en términos formales. En términos prácticos, lo que los tribunales de Hangzhou y Pekín están produciendo es el primer cuerpo de doctrina judicial del mundo que aborda de forma directa el problema de los despidos por automatización. Esa primacía tiene valor conceptual para legisladores, organismos internacionales de trabajo y sindicatos tecnológicos de cualquier latitud que estén intentando construir marcos regulatorios para un fenómeno que avanza más rápido que las instituciones.
En mercados como los de América Latina, donde la penetración de herramientas de inteligencia artificial generativa en empresas tecnológicas y financieras avanza sin una regulación laboral específica, la pregunta que el caso Zhou vuelve urgente ya no es teórica: ¿puede una empresa despedir a un analista porque un modelo de lenguaje hace su trabajo a menor coste? La respuesta que China ha dado es no. Que esa respuesta tenga eco en otras jurisdicciones dependerá de la velocidad con que los legisladores decidan que el problema merece atención antes de que los tribunales se vean desbordados por casos similares.
Lo que la sentencia de Hangzhou deja fuera de discusión es que el avance de la inteligencia artificial no es, por definición, un motivo suficiente para suprimir derechos laborales. La tecnología seguirá avanzando. La cuestión que los sistemas jurídicos del mundo deben responder es si ese avance puede producirse sin que sus costes sean absorbidos, de forma unilateral y sin compensación adecuada, por quienes construyeron, supervisaron y mantuvieron en funcionamiento los mismos sistemas que ahora los reemplazan.
M-Redacción
Fuente de esta noticia: https://economia.com.py/china-traza-la-primera-frontera-legal-del-mundo-contra-los-despidos-por-inteligencia-artificial/
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