Un grupo de oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, reunidos en el denominado Frente Institucional Militar (FIM), difundió un extenso pronunciamiento en el que advierte sobre una “ruptura del orden constitucional” en Venezuela, señalando que la actual coyuntura política refleja un deterioro sostenido de las instituciones republicanas. Según el documento, esta situación se habría consolidado a partir de decisiones adoptadas por los poderes públicos que, a juicio de los firmantes, desconocieron la voluntad popular expresada en procesos electorales recientes, generando una crisis de legitimidad que afecta tanto al ejercicio del poder como a la confianza ciudadana. En este sentido, los militares retirados sostienen que la Constitución establece con claridad que “la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo”, por lo que cualquier desviación de ese principio constituye una alteración del orden democrático. Además, remarcan que la institucionalidad vigente no ofrece actualmente mecanismos confiables para canalizar las demandas sociales, lo que incrementa la tensión política y social en el país. El pronunciamiento, que reúne a ex altos mandos y oficiales de distintos componentes, busca instalar el debate sobre la necesidad de una salida constitucional a la crisis, en un contexto marcado por cuestionamientos internos y externos sobre la calidad democrática del sistema venezolano.
En ese marco, el FIM plantea como eje central la convocatoria a elecciones libres, transparentes y verificables, consideradas por sus integrantes como el único mecanismo legítimo para restituir el orden institucional. Sin embargo, aclaran que dichos comicios deben realizarse bajo condiciones estrictas que garanticen la imparcialidad absoluta de los organismos electorales, lo que implica una profunda reestructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE). Entre las medidas sugeridas, destacan la designación de autoridades sin afiliación política, la revisión técnica del sistema de votación y la implementación de auditorías independientes que permitan recuperar la confianza en el proceso. Asimismo, proponen una actualización integral del registro electoral, señalando que existen distorsiones que podrían afectar la representatividad del padrón. Un punto especialmente relevante es la inclusión de la diáspora venezolana, que en los últimos años ha crecido significativamente y que, según el FIM, debe contar con garantías efectivas para ejercer su derecho al voto. En este sentido, subrayan que cualquier proceso electoral que excluya a estos ciudadanos carecería de legitimidad plena, ya que una parte sustancial de la población quedaría al margen de la decisión colectiva sobre el futuro del país.
Otro de los aspectos más sensibles abordados en el pronunciamiento es la situación de los presos políticos, que los militares retirados consideran incompatible con cualquier intento de normalización institucional. En el documento se exige la liberación inmediata, absoluta e incondicional de todas las personas detenidas por motivos políticos, incluyendo a más de 200 militares privados de libertad, muchos de los cuales —según denuncian— habrían sido sometidos a tratos crueles, torturas y condiciones degradantes en centros de reclusión. El FIM sostiene que la existencia de presos políticos no solo constituye una violación de derechos humanos, sino que además impide la construcción de un clima mínimo de confianza necesario para cualquier proceso de transición. En esa línea, rechazan la utilización de figuras como amnistías condicionadas, argumentando que quienes actuaron en defensa del orden constitucional no deben ser objeto de gracia, sino de reconocimiento y restitución de derechos. También denuncian la continuidad de mecanismos de persecución judicial y policial contra dirigentes sociales, activistas y ciudadanos, lo que a su juicio refuerza un esquema de control incompatible con los principios democráticos y limita severamente la participación política.
En paralelo, el pronunciamiento incorpora una dimensión institucional y jurídica al señalar que diversos sectores han iniciado acciones ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con el objetivo de que se reconozcan presuntas omisiones constitucionales en el funcionamiento de los poderes públicos. Según estas iniciativas, existirían incumplimientos de plazos y procedimientos establecidos en la Carta Magna que deberían derivar en la declaratoria de falta absoluta del Ejecutivo y en la consecuente convocatoria a elecciones presidenciales dentro de los lapsos previstos. Este planteo abre un nuevo frente de disputa en el ámbito judicial, donde se busca canalizar institucionalmente la crisis política. Los militares retirados consideran que el respeto estricto de la Constitución es una condición indispensable para evitar escenarios de mayor conflictividad, y advierten que la ausencia de respuestas legales podría profundizar la incertidumbre. En este contexto, insisten en que cualquier salida debe ser pacífica, ordenada y sustentada en normas claras, evitando soluciones de hecho que puedan agravar la situación. La apelación al marco constitucional aparece así como un intento de dotar de legitimidad a las demandas planteadas y de encauzar el conflicto dentro de parámetros institucionales.
Finalmente, el FIM aborda la dimensión económica de la crisis, señalando que la recuperación del país requiere no solo estabilidad política, sino también un nuevo marco jurídico que garantice seguridad, transparencia y previsibilidad. En este sentido, proponen avanzar hacia un modelo que respete la propiedad privada, fomente la inversión y promueva el libre mercado, como condiciones necesarias para reactivar la economía y generar oportunidades. También hacen referencia a la importancia de proteger los activos estratégicos de Venezuela en el exterior, destacando que su administración debe estar en manos de un gobierno legítimamente constituido y sujeto a controles institucionales. Asimismo, subrayan la necesidad de generar condiciones para el retorno de los ciudadanos exiliados, muchos de los cuales abandonaron el país por razones políticas o económicas. El pronunciamiento concluye con un llamado a la sociedad venezolana y a la comunidad internacional a acompañar un proceso que permita “recuperar la libertad, la institucionalidad y la independencia nacional”, enfatizando que estas demandas se enmarcan en un deber ciudadano establecido por la Constitución. De este modo, los militares retirados buscan posicionarse como un actor relevante dentro del debate sobre el futuro político de Venezuela.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
GILSON DANTAS CARMINI
Gilson Dantas Carmini es periodista brasileño, presidente y editor en jefe de Prensa Mercosur. Especializado en integración regional, geopolítica y derechos humanos, desarrolla una destacada labor en el ámbito de la comunicación internacional.
Posee un Máster en Desarrollo y Cooperación Internacional y mantiene una amplia red de relaciones profesionales, académicas y diplomáticas en América Latina y Asia.
Entre sus reconocimientos destacan el Micrófono de Oro de la Asociación Nacional de Locutores de México (2021), el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Internacional México Blanco (2020) y el título de Amigo de la Niñez y la Adolescencia.
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