Gobierno de Salto denunció a exdirectora de Vivienda por aparentes desviaciones de materiales

El Gobierno de Salto entregó en esta jornada ante la fiscalía de turno, una denuncia para que la ex directora de Vivienda de la Intendencia, Nelly Rodríguez, sea investigada penalmente por aparentes desviaciones en la entrega de materiales de construcción suministrados por el Ministerio de Vivienda.

Según surge de las indagaciones llevadas adelante por distintas reparticiones de la administración departamental – que incluyó sumarios administrativos al menos a dos funcionarios-, por orden de Rodríguez se desconocieron las listas y detalles de las familias que deberían ser beneficiarias del programa impulsado por la citada Secretaría de Estado, en coordinación con la Intendencia de Salto.

Fue así como familias que no estaban debidamente inscriptas en el programa recibieron materiales para construcción; en algunos casos los habilitados solo recibieron una parte de lo previsto y el resto se destinó a otros lugares. Se constató también que hubo casos donde por órdenes directas de la exjerarca en varias ocasiones le fueron entregados materiales a determinadas personas, sin constatar que estuvieran dentro del grupo de beneficiarios.

La investigación arrojó que Rodríguez hizo un manejo antojadizo y discrecional del programa de Viviendas, al tiempo que se comprobó que esas desviaciones en las entregas de las canastas de materiales se agudizaron en el período de la campaña electoral departamental, lo que fue refrendado por testimonios recogidos en la investigación administrativa que se realizara a tales efectos.

Todos los elementos de la investigación, como documentos, mensajes de textos, testimonios y demás, fueron adjuntados en la carpeta entregada hoy a la fiscalía denunciando las citadas irregularidades.

El área jurídica del Gobierno de Salto, que tuvo a su cargo la conducción de la investigación, entendió que la ausencia de controles y la asignación discrecional de recursos configura un uso arbitrario de bienes públicos, incompatible con el estado de Derecho, especialmente atendiendo a las exigencias constitucionales y legales que rigen la actuación en la Administración Pública.

Fue por esa razón que los jerarcas a cargo de la investigación, al analizar todos los elementos recabados, se vieron obligados a realizar la denuncia correspondiente para que la fiscalía evalúe si en el citado accionar de la exdirectora Rodríguez hubo violaciones al código penal.