Colombia | Un giro histórico en la justicia social dignifica a quienes sostienen el reciclaje urbano tras décadas de exclusión en Colombia

En un giro que marca un antes y un después en la política social del país, la concejal Donka Atanassova Iakimova, del Pacto Histórico y el Polo Democrático, destacó la expedición del Decreto 0271 como un paso decisivo para saldar una deuda histórica con una de las poblaciones más invisibilizadas: las personas recicladoras de oficio. La creación de la Red de Protección Social para la Vida busca garantizar derechos reales a quienes, durante décadas, han sostenido en silencio una labor esencial para el medio ambiente y la economía circular.

La medida establece por primera vez un acceso integral a la seguridad social para los recicladores de base con ingresos inferiores al salario mínimo. Esto incluye su permanencia y priorización en el régimen subsidiado de salud, el acceso al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión, así como su vinculación a los Beneficios Económicos Periódicos y al programa Colombia Mayor, con el objetivo de asegurar condiciones dignas en la vejez. A esto se suma la afiliación obligatoria a riesgos laborales, una deuda largamente ignorada pese a las condiciones adversas en las que desarrollan su trabajo.

Uno de los puntos más significativos del decreto radica en el enfoque de justicia económica. El financiamiento de estos aportes no recaerá sobre los recicladores. Serán las organizaciones de recicladores de oficio las encargadas de asumir el pago de la afiliación a riesgos laborales y de contribuir a los mecanismos de protección para la vejez, utilizando los recursos provenientes de la tarifa del servicio público de aseo. La norma prohíbe de forma explícita cualquier descuento sobre los ingresos de los trabajadores, consolidando así un principio básico de dignidad laboral.

El decreto también introduce obligaciones concretas para varias entidades del Estado, entre ellas los ministerios de Salud, Vivienda y Trabajo, así como la Superintendencia de Servicios Públicos, que deberán articular sus sistemas de información para identificar plenamente a esta población y garantizar su cobertura efectiva. A partir del 1 de julio de 2026, fecha prevista para su entrada en vigencia tras los ajustes técnicos, el país contará con un registro más preciso que permitirá implementar políticas públicas con mayor alcance y eficacia.

La decisión del Gobierno redefine el papel de los recicladores dentro del modelo económico y ambiental. Frente a enfoques anteriores que priorizaron la privatización del manejo de residuos, esta política apuesta por reconocer y fortalecer el trabajo de quienes han sido actores clave en la sostenibilidad urbana. Más allá de una medida administrativa, se trata de un reconocimiento que transforma aplausos en derechos y visibiliza una labor que, durante años, sostuvo en silencio el equilibrio entre ciudad y naturaleza.

🧵 ¡Histórico! El Gobierno del Cambio empieza a saldar una deuda de décadas con quienes cuidan nuestra casa común. Con la expedición del Decreto 0271, nace la Red de Protección Social para la Vida de las personas Recicladoras de Oficio. Por fin, el Estado reconoce su labor con… pic.twitter.com/vWxhzLtwr8

— Donka Atanassova Iakimova (@Donka_At) April 1, 2026