Filial de Hutchison eleva su demanda a Panamá tras la retirada de la concesión portuaria

Pekín, 25 mar (EFE).- Panama Ports Company (PPC), filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, anunció que ha ampliado sus reclamaciones en el arbitraje internacional contra el Estado panameño hasta superar los 2.000 millones de dólares, después de la toma de control de los puertos de Balboa y Cristóbal por parte de las autoridades del país centroamericano.

En un comunicado publicado este martes, la empresa denunció la «toma ilegal» de sus terminales y propiedades, así como la incautación de documentos protegidos y otras actuaciones que, a su juicio, forman parte de una «campaña» del Estado panameño que se prolonga «desde hace más de un año».

PPC señaló que ha presentado una ampliación de sus reclamaciones ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en un proceso en el que acusa a Panamá de haber optado por una vía de «conflicto» en lugar de coordinar aspectos como el acceso a las instalaciones o la compensación.

La compañía afirmó además que las autoridades panameñas no han presentado todavía su respuesta inicial en el procedimiento arbitral y criticó lo que considera intentos de «ralentizar» el proceso.

«Es una señal desalentadora para los inversionistas extranjeros», advirtió la compañía.

El comunicado se produce en un contexto de creciente tensión tras la decisión del Tribunal Supremo de Panamá, el pasado enero, de declarar inconstitucional la concesión otorgada a PPC para operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

Tras ese fallo, la Autoridad Marítima de Panamá asumió el control de ambas terminales en febrero y otorgó su gestión temporal, por un periodo de hasta 18 meses, a APM Terminals, filial de la danesa Maersk, en Balboa, y a Terminal Investment Limited (TiL), del grupo MSC, en Cristóbal.

El presidente panameño, José Raúl Mulino, ha defendido la actuación de su Gobierno y ha acusado a la empresa de haber cometido irregularidades durante la vigencia del contrato, mientras que PPC sostiene que las medidas adoptadas por el Estado vulneran sus derechos y afectan a la seguridad jurídica.

El caso se enmarca además en una coyuntura geopolítica más amplio, marcada por las presiones de Estados Unidos para reducir la presencia china en infraestructuras estratégicas como el Canal de Panamá y por las advertencias de Pekín de que defenderá los intereses de sus empresas en el exterior.

Datos del sistema Tokyo MOU muestran que los buques con bandera panameña han concentrado cerca del 70 % de las detenciones registradas en puertos chinos en lo que va de marzo, el nivel más alto de al menos una década, en lo que algunos analistas han interpretado como un posible endurecimiento selectivo de los controles. EFE