Perú frente a la minería ilegal: Redes criminales, operativos y cooperación internacional

La minería ilegal se ha consolidado como un desafío crítico para la seguridad nacional y el control territorial en Perú. Más allá de su devastador impacto en términos medioambientales, este fenómeno también alimenta economías criminales, fomenta la violencia y socava las estructuras institucionales del país.

Ante esta creciente complejidad, el Estado peruano ha intensificado su respuesta, interviniendo toda la cadena ilícita mientras refuerza la cooperación internacional con aliados como los Estados Unidos. Esta cooperación tiene como objetivo reforzar las capacidades del Estado de detección, investigación y desarticulación de estas redes.

Impacto de la minería ilegal en Perú: Violencia, economía y control territorial

La minería ilegal ha evolucionado hasta convertirse en el motor financiero más importante del crimen organizado en Perú. Varias agencias de noticias indican que las economías criminales han aprovechado este sector para establecer controles territoriales, vinculando la extracción ilícita con esquemas de lavado de activos y violencia.

La Encuesta Nacional de Percepciones de la Corrupción 2025 de la ONG Proética revela un claro consenso público: el 94 por ciento de los peruanos identifica una conexión directa entre narcotráfico, tala ilegal, corrupción y minería ilegal, siendo esta última percibida como la actividad más lucrativa para las redes delictivas.

Los números son alarmantes. Durante el último año, la minería ilegal movilizó aproximadamente USD 12 000 millones, triplicando su tamaño desde 2023 y concentrando el 66 por ciento del total de las economías ilícitas del país. De acuerdo con la agencia peruana de noticias Andina, los flujos financieros generados por esta actividad ya superan a los del narcotráfico. Este cambio fue subrayado por el exministro de Relaciones Exteriores de Perú, Elmer Schialer, quien en julio de 2025 afirmó que la economía ilegal de oro en Perú era siete veces mayor que el tráfico de cocaína.

A principios de 2026, la crisis se ha extendido mucho más allá de las fronteras tradicionales de Madre de Dios. Se han confirmado operaciones mineras ilegales en nueve regiones, entre ellas Amazonas, Cajamarca, Loreto, Huánuco, Pasco, Ucayali, Cusco y Puno, lo que ha convertido estas zonas en áreas de conflicto criminal. Grandes organizaciones como La Gota Norteña, La Gran Alianza Los Parqueros, Los Pulpos y el Tren de Aragua luchan por el control estratégico. Estas disputas han derivado en muertes, incautación de armas de guerra e incluso el uso de infraestructura estatal cooptada por las redes delictivas.

El nexo geopolítico: sindicatos brasileños y actores estatales externos

La participación de actores externos ha transformado un problema interno en una crisis de seguridad regional. Los informes de inteligencia de finales de 2025 confirman que las organizaciones criminales más poderosas de Brasil —el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV)— han integrado la Amazonía peruana en sus corredores logísticos. Estos grupos utilizan oro ilegal para blanquear las ganancias de la cocaína, proporcionando a los mineros armas de fuego y equipos de alta tecnología, como los sistemas Starlink, para eludir la detección del Estado.

Además, una importante amenaza estratégica proviene de la “demanda opaca” vinculada a los intereses estatales externos. Los informes del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) indican que las exportaciones de concentrados de oro a China se han disparado, alcanzando casi USD 1000 millones solo a principios de 2025.

Los analistas advierten que las redes criminales chinas, incluida la mafia de Fujian, facilitan la industrialización de las minas ilegales, utilizando los puertos locales como centros logísticos para trasladar oro imposible de rastrear a los mercados asiáticos.

“Estos actores (…) han avanzado hacia el cobro de extorsiones y el control de cadenas económicas asociadas al oro”, explicó a Diálogo el académico Juan Liendo, del Colegio de Guerra del Ejército Peruano. “En algunos casos, vinculan la minería con otras actividades ilícitas como el narcotráfico, consolidando estructuras complejas que trascienden fronteras y modifican las dinámicas locales de producción y comercio”.

Además, advirtió que estas dinámicas están reconfigurando liderazgos y rutas del crimen organizado, adaptando las cadenas de exportación y comercialización del oro a factores regionales y globales.

Respuesta estatal: Operativos, legislación y sanciones

El Estado peruano ha intensificado su respuesta mediante operativos de interdicción y reformas legales. Entre 2024 y 2025 fueron intervenidos campamentos, maquinaria y motores empleados en la minería ilegal, mientras que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental obtuvo condenas por delitos como minería ilegal agravada y tráfico de insumos, según Andina.

Un avance clave fue la promulgación del Decreto Legislativo N.º 1695 de enero de 2025. Esta norma endurece las sanciones, elevando las penas de prisión de seis a nueve años, e incluye nuevas medidas contra el tráfico y la comercialización de minerales ilícitos. También amplía las facultades para investigar delitos de lavado de activos y crimen organizado, incorpora multas específicas para quienes trafiquen insumos químicos y maquinaria, y restringe el acceso de concesiones mineras a personas vinculadas con actividades ilegales.

Según Liendo, “para que un marco normativo tenga efectos reales y sostenidos se debe fortalecer la institucionalidad. Perú requiere capacidades judiciales, policiales y militares robustas. Actualmente, las organizaciones clave se encuentran desconfiguradas frente a este fenómeno, lo que limita severamente la acción disuasiva de cualquier norma”.

Por su parte, la Marina de Guerra de Perú intensificó su presencia en la Amazonía, llevando a cabo operativos de interdicción fluvial en ríos como Madre de Dios, Tambopata y Urubamba. Durante estas acciones, se destruyeron dragas, motores y otros equipos utilizados en actividades ilícitas.

Cooperación internacional: Esfuerzo conjunto contra el crimen organizado

La cooperación internacional se ha convertido en un pilar fundamental de la estrategia peruana contra la minería ilegal. Según Infobae, la colaboración con los Estados Unidos se ha centrado en el intercambio de información, asistencia técnica y acciones coordinadas para debilitar puntos críticos de esta economía ilícita, como el control de insumos y flujos financieros.

Un ejemplo de este esfuerzo conjunto fue la incautación de cerca de cuatro toneladas de mercurio destinadas a la minería ilegal, lograda en 2025 mediante la coordinación entre agencias peruanas y estadounidenses reportó Noticias Ambientales.

Además, instrumentos bilaterales como el memorándum de entendimiento sobre minerales críticos, firmado el 4 de febrero de 2026, priorizan la transferencia de tecnología, la exploración y el fortalecimiento de la gobernanza en el sector minero. Si bien el memorándum se centra en los minerales esenciales para la transición energética, incluye explícitamente el oro como un foco “crítico” para la seguridad y la trazabilidad de la cadena de suministro con el objetivo de desvincular el oro ilegal del mercado mundial.

En paralelo, Perú participa en la plataforma SERVIR-Amazonía, una iniciativa conjunta con la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA), que utiliza datos satelitales para detectar en tiempo real actividades ilegales y deforestación asociada. Esta herramienta permite priorizar intervenciones y mejorar la coordinación entre instituciones.

Liendo señaló que, en el marco del 200 aniversario de las relaciones diplomáticas entre los dos países, “si bien Washington apoya al país, para maximizar esa cooperación el Estado peruano debe asegurar una dirección política eficiente y una institucionalidad sólida”.

“Ningún otro país mantiene este tipo de relación ni ofrece apoyo comparable a Perú en este tema”, afirmó Liendo. “Las Fuerzas Armadas, por su estructura jerárquica y formación internacional, pueden aportar de manera efectiva si cuentan con respaldo político y un marco legal adecuado”.

De manera paralela, la respuesta peruana también se articula con países andinos mediante mecanismos regionales que refuerzan el intercambio de información y la investigación transfronteriza. En octubre de 2025, Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú avanzaron en un Plan de Acción 2025-2030, para coordinar análisis técnicos y respuestas conjuntas en zonas fronterizas afectadas por la minería ilegal, reportó la Cancillería peruana.

Formalización: Un camino hacia la sostenibilidad

La formalización de la minería en Perú aparece como una solución de largo plazo para erradicar el mercado ilegal de oro. Según Liendo, toda actividad minera debe ser legal y bajo el control del Estado, desde la extracción hasta el procesamiento en plantas reguladas. Esto no implica que el Estado sea propietario, sino que trabaje con aliados estratégicos para asegurar la trazabilidad.

Liendo subrayó que, si los mineros legales tienen acceso a mercados seguros y precios regulados, será posible implementar programas de formalización que incluyan estándares laborales, de seguridad y ambientales. De lo contrario, gran parte del oro seguirá canalizándose hacia mercados ilícitos internacionales, perpetuando el contrabando y la influencia de redes criminales.

El reto para Perú es monumental, pero las acciones coordinadas entre el Estado, la cooperación internacional y los actores regionales, representan un paso crucial para desarticular las redes criminales que operan en torno a la minería ilegal, para devolver el control del territorio al país.