La interna blanca se enciende: el expresidente Lacalle Pou interviene para frenar a sus ediles y evitar un acuerdo millonario con Bergara

La negociación por un fideicomiso de US$ 300 millones para obras en Montevideo ha desatado una crisis en el Partido Nacional. Mientras el expresidente Luis Lacalle Pou sugirió a los ediles no apoyar el proyecto, tres legisladores de la Lista 22 desafían la “bajada de línea” y se muestran dispuestos a negociar con el intendente frenteamplista. La amenaza de expulsión ya sobrevuela la discusión.

El ruido político en la Junta Departamental de Montevideo ha trascendido el ámbito local para encender todas las alarmas en la cúpula del Partido Nacional (PN). En el centro de la tormenta se encuentra el ambicioso plan del intendente Mario Bergara para inyectar unos US$ 300 millones extrapresupuestales destinados a cinco áreas clave: limpieza, saneamiento, reparación de calles y veredas, y la revitalización de Ciudad Vieja.

Para aprobar este endeudamiento, que requerirá mayorías especiales, el Frente Amplio (FA) necesita sumar al menos cuatro votos de la oposición. Los focos están puestos en los tres ediles de la Lista 22 —Joaquín Campos, Nicolás Hernández y Laura Soto— y en el edil colorado Federico Paganini, quienes hasta ahora se han mostrado receptivos al diálogo. Esta posibilidad, sin embargo, ha provocado una intervención directa del expresidente Luis Lacalle Pou para intentar clausurar cualquier tipo de acuerdo.

“No nos negamos de una”: la postura dialoguista que irrita a la cúpula

La posición de los ediles de la Lista 22, liderados por Santiago Caramés, marca una diferencia sustancial con la línea dura que predomina en la oposición. Lejos de un rechazo automático, el grupo ha optado por el estudio y el diálogo territorial.

“Por lo pronto, no nos negamos de una”, declaró Caramés a Búsqueda, defendiendo una política que, según dijo, se hace “con los pies en el territorio y la cabeza puesta en las soluciones”. Esta postura, que busca “incidir” en la gestión municipal en lugar de limitarse a bloquearla, ha sido interpretada en sectores del PN como una herejía que atenta contra la estrategia de desgaste al gobierno departamental.

La respuesta del ala más dura del partido no se hizo esperar. El senador Luis Alberto Heber llevó el tema a la comisión de Asuntos Políticos del Directorio blanco y lanzó una advertencia explícita: cualquier edil que vote a favor del fideicomiso será expulsado del partido. Heber calificó la solicitud de Bergara como un “disparate” de US$ 300 millones y recordó el antecedente del edil Juan López, quien en 2022 fue expulsado por darle su voto a un fideicomiso similar impulsado por el entonces intendente de Canelones, Yamandú Orsi.

La “sugerencia” de Lacalle Pou y la estrategia electoral

Según pudo saber Búsqueda de fuentes del oficialismo y del propio PN, el expresidente Luis Lacalle Pou ya se movió tras bambalinas para intentar disciplinar a la tropa. Su “sugerencia informal” de no votar las partidas extras para la comuna busca evitar que la oposición le otorgue al FA una victoria política y financiera clave en el principal bastión frenteamplista.

El coordinador de la bancada de diputados del FA, Carlos Varela, confirmó el movimiento del exmandatario. “Tuvo una intervención en la Junta Departamental ordenando a sus ediles no votar determinadas cosas”, aseguró Varela, quien, aunque no cuestiona la legitimidad de la acción, la enmarca en una “estrategia electoral válida” destinada a negarle la gobernabilidad a Bergara.

Más allá de la interna: ¿En qué se gastarían los US$ 300 millones?

Mientras la interna política consume la agenda, la Intendencia de Montevideo ya ha presentado en sociedad el detalle de su plan de inversiones. La estrategia de Bergara ha sido apelar a temas que, según sostiene, fueron planteados por todos los partidos en campaña.

El desglose de los proyectos presentados ante la Junta Departamental es el siguiente:

• Limpieza (US$ 60 millones): Para financiar el cambio del sistema de recolección, con la compra de 74 nuevos camiones y 254.000 contenedores intradomiciliarios.
• Saneamiento (US$ 108,7 millones): Incluye una partida de US$ 92,4 millones del BID para extender la cobertura al 96,2% y rehabilitar el emisario de Punta Carretas, un proyecto que había sido sugerido por el propio edil colorado Federico Paganini.
• Calles (US$ 50 millones): Para reparar 55 kilómetros de arterias de alto flujo en los ocho municipios.
• Veredas (US$ 65 millones): Para intervenir casi el 25% de las veredas de la ciudad, con un modelo de financiación que no afectaría a los hogares de zonas pobres.
• Ciudad Vieja (US$ 40,7 millones): Para crear un modelo de gobernanza propio para el barrio histórico y un fondo de recuperación patrimonial.

Una propuesta alternativa en la mira

Un elemento que añade complejidad al panorama es que los mismos ediles de la Lista 21 no son ajenos a las necesidades financieras de la comuna. En enero de este año, Campos, Hernández y Soto le presentaron a Bergara una propuesta alternativa para crear un fideicomiso destinado a la venta de inmuebles ociosos de la Intendencia.

La iniciativa, que buscaba generar recursos para proyectos de movilidad y gestión de residuos sin recurrir al endeudamiento externo, demuestra que el grupo tiene una visión activa y propositiva en materia de gestión, lo que refuerza su voluntad de negociar y no limitarse a ser una oposición testimonial.

El futuro de la negociación

El tratamiento de los proyectos aún no tiene fecha.  La pelota está ahora en el tejado de los ediles blancos. Deben decidir si priorizan las necesidades de los vecinos y la gobernabilidad de Montevideo, como argumenta Caramés, o si se pliegan a la disciplina partidaria para evitar el costo político de una expulsión. Lo que está en juego no es solo un fideicomiso de US$ 300 millones, sino el modelo de oposición que el Partido Nacional quiere construir de cara a las próximas elecciones.