Seguridad y relato

En el debate público sobre la seguridad, la frontera entre la crítica legítima y la exageración irresponsable parece cada vez más difusa. En las últimas semanas, sectores de la oposición han intensificado sus cuestionamientos al rumbo de la política de seguridad impulsada por el gobierno, encabezado por el presidente Yamandú Orsi. Sin embargo, lo que debería ser una discusión seria sobre estrategias, resultados y prioridades, comienza a derivar en un relato sobredimensionado que, en algunos casos, roza lo inverosímil.

La seguridad pública es, sin duda, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía. Requiere diagnósticos precisos, políticas sostenidas y, sobre todo, responsabilidad en el discurso. Pero cuando desde la oposición se instala la idea de que un plan de seguridad está diseñado para “favorecer al narcotráfico”, no solo se pierde el eje del debate, sino que se incurre en una afirmación que, además de carecer de sustento, resulta ofensiva para quienes trabajan diariamente en la prevención y combate del delito.

El problema no es la crítica en sí misma —que es necesaria en cualquier sistema democrático—, sino la forma en que esta se construye. Exagerar, descontextualizar o directamente atribuir intenciones que no se desprenden de los hechos debilita la credibilidad de quienes formulan esos cuestionamientos. Convertir una política pública en una supuesta maniobra deliberada para beneficiar al crimen organizado no solo simplifica la complejidad del fenómeno, sino que también banaliza una problemática que exige seriedad.

En este escenario, el riesgo es doble. Por un lado, se genera un clima de desconfianza generalizada que erosiona la legitimidad de las instituciones. Por otro, se contribuye a una narrativa que alimenta el miedo sin aportar soluciones concretas. La seguridad no se resuelve con slogans ni con acusaciones grandilocuentes, sino con políticas consistentes, evaluación permanente y coordinación entre organismos.

Resulta llamativo que, en lugar de proponer alternativas o debatir medidas específicas, algunos sectores opten por un discurso que parece orientado más a impactar en la opinión pública que a mejorar la calidad del debate. Esa estrategia puede tener réditos inmediatos en términos políticos, pero a largo plazo deteriora la discusión democrática.

La ciudadanía espera algo más que diagnósticos alarmistas. Espera seriedad, propuestas y un compromiso real con la mejora de las condiciones de seguridad. En ese sentido, tanto el oficialismo como la oposición tienen responsabilidades claras: unos en la gestión, otros en el control. Pero ese control pierde valor cuando se transforma en un ejercicio de exageración permanente.

El desafío es volver a un terreno donde la discusión sobre seguridad esté basada en datos, resultados y propuestas, y no en relatos que distorsionan la realidad. Porque cuando la crítica se vuelve desmedida, deja de ser una herramienta democrática para convertirse en un factor más de confusión.