Fiscal de CDE encajona grave denuncia de abuso sexual a pedido de su comadre

Un estremecedor caso de abuso sexual infantil pone bajo la lupa el manejo de influencias, amiguismo y chonguismo en el Ministerio Público de Ciudad del Este, donde una denuncia contra un hombre acusado de violar sistemáticamente a su hija biológica desde que tenía 6 años permanece paralizada en la unidad de la fiscal Vivian Coronel. Pese a la gravedad del hecho, el sindicado goza de una impunidad procesal insólita: no posee orden de captura ni imputación, presuntamente favorecido por ser sobrino de la fiscal Zunilda Ocampos, quien sería comadre de Coronel.

Mientras el acusado reside en España sin restricciones legales, la causa parece haber sido “encajonada” como un favor entre comadres, postergando el derecho a la justicia de una niña de 10 años que rompió el silencio. Documentos exclusivos a los que accedió este diario revelan cómo el amiguismo y el parentesco institucional logran frenar investigaciones criminales que, en cualquier otro contexto, exigirían una actuación inmediata de la justicia paraguaya.

La justicia en el décimo departamento parece tener dos balanzas: una para el ciudadano común y otra, mucho más benevolente, para quienes tienen vínculos de sangre o “comadrazgo” con el poder fiscal. El diario La Clave tuvo acceso a documentos que exponen un caso que estremece por la gravedad del hecho y la descarada inacción fiscal.

La historia de terror comenzó cuando la pequeña 10 años confesó a su madre el calvario que vivió años atrás. Según la denuncia presentada el 24 de diciembre de 2025, la niña fue víctima de abusos sistemáticos por parte de su propio padre biológico, cuando ella tenía apenas 6 años de edad.

El relato de la madre ante el Ministerio Público es desgarrador: la menor guardó el secreto durante cuatro años hasta que finalmente pudo poner en palabras las agresiones sufridas a manos de quien debía protegerla.

“FAVORES ENTRE COMADRES”

A pesar de la contundencia de la denuncia, el proceso judicial se encuentra encajonado. La causa recayó sobre la agente fiscal Vivian Coronel, titular de la unidad especializada en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, pero fuentes cercanas al caso y datos recabados por este diario señalan un motivo extralegal para esta parálisis: el denunciado es sobrino de la agente fiscal de la unidad especializada antisecuestros, Zunilda Ocampos. De acuerdo a los datos, la relación entre ambas fiscales -quienes serían “comadres”- habría sido el salvoconducto para que la denuncia fuera “encajonada”. A esto se suma un agravante institucional ya que el acusado es hijo de un funcionario del Ministerio Público de Ciudad del Este, lo que cierra el círculo de protección corporativa.

Este medio de comunicación confirmó que la denuncia fue recibida formalmente el 24 de diciembre del 2025, pero los registros muestran que, desde entonces, el expediente no ha tenido movimientos significativos.

SIN IMPUTACIÓN NI CAPTURA

En cualquier caso de abuso sexual infantil con una denuncia tan específica, el protocolo judicial estándar dicta la imputación inmediata y la orden de captura, especialmente para evitar fugas. Sin embargo, a casi tres meses de la denuncia, La Clave pudo constatar que el presunto autor no registra orden de captura nacional o internacional pese a la grave denuncia en su contra.

Resulta insólito que, sabiéndose que el sindicado reside actualmente en España, la Fiscalía no haya movido un solo dedo para activar los mecanismos de cooperación internacional. Mientras el acusado disfruta de su libertad en el extranjero, la víctima debe lidiar con el trauma y la revictimización que supone la indiferencia de las autoridades. Este caso vuelve a poner de manifiesto que el Ministerio Público de Alto Paraná se maneja bajo las reglas del “amiguismo”. Lo que debería ser una investigación técnica y rigurosa sobre la integridad de una menor, se ha convertido en un intercambio de favores entre colegas.

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA

Obviamos los nombres completos del presunto autor, de la víctima, su madre, de la tía (fiscal) y el abuelo de la niña, en virtud al artículo 29 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe de la publicación en prensa escrita, radial, televisiva o por cualquier otro medio de comunicación, los nombres, las fotografías o los datos que posibiliten identificar al niño o adolescente, víctima o supuesto autor de hechos punibles.