Colombia | La bomba que sacudió la frontera obliga a Colombia y Ecuador a abrir una investigación conjunta
Imagen de archivo de la WEBP
Colombia y Ecuador acordaron abrir una investigación conjunta para esclarecer el hallazgo de una bomba sin explotar en territorio colombiano, un episodio que elevó la tensión diplomática entre ambos países en los últimos días y que ahora buscan contener por la vía técnica y militar.
El artefacto fue encontrado el lunes en una zona selvática del departamento de Putumayo, a unos 200 metros de la frontera con Ecuador, y posteriormente fue destruido en una explosión controlada por militares colombianos. Bogotá sostiene que la bomba pertenecía a Ecuador y que su presencia en suelo colombiano debe ser aclarada con urgencia.
Como primer paso para rebajar la tensión, los gobiernos resolvieron crear una comisión técnica binacional que se desplazará al lugar del hallazgo para verificar sobre el terreno cómo y por qué el explosivo terminó en Colombia. La decisión fue adoptada tras una reunión virtual celebrada este miércoles entre autoridades civiles y militares de ambos países, en la que se intercambió información sobre el incidente.
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, afirmó que la investigación sigue abierta y que Ecuador participará en el proceso de verificación. Definió el encuentro como “productivo, respetuoso y franco” y aseguró que, durante la reunión, la parte ecuatoriana reiteró que no existió intención alguna de afectar territorio colombiano.
Según la información compartida por Bogotá, el 3 de marzo las Fuerzas Armadas de Ecuador realizaron una operación militar en el sector de La Isla, en la provincia de Sucumbíos, muy cerca de la línea limítrofe. De acuerdo con esa versión, la bomba hallada en Putumayo correspondería a uno de los artefactos utilizados en ese operativo, cuyo punto de impacto inicial habría estado en territorio ecuatoriano, donde también fue localizada una espoleta de la misma munición.
Las autoridades colombianas manejan dos hipótesis principales. La primera plantea que el explosivo pudo alterar su trayectoria por las condiciones del lanzamiento, entre ellas la velocidad, el ángulo y el impacto, y haber terminado de forma no intencional en territorio colombiano. La segunda apunta a una posible manipulación posterior por parte de terceros, mediante mecanismos que aún no han sido establecidos.
Ecuador, por su parte, defendió la legalidad de la operación. En un comunicado, su Ministerio de Defensa aseguró que el análisis técnico compartido con Colombia confirma que la intervención militar fue legítima y se desarrolló dentro de territorio ecuatoriano. La canciller Gabriela Sommerfeld sostuvo además que Quito no ha recibido todavía la nota de protesta anunciada por el presidente colombiano, Gustavo Petro, e insistió en que cualquier diferencia debe tramitarse por canales diplomáticos y con base en evidencia técnica.
El episodio provocó un fuerte cruce de declaraciones entre ambos mandatarios. Petro afirmó el martes, durante un consejo de ministros televisado, que Colombia estaba siendo bombardeada desde Ecuador y que detrás de esos hechos no estaban grupos armados ilegales. Noboa rechazó de inmediato esa acusación y aseguró que las operaciones recientes contra estructuras criminales, realizadas con apoyo de Estados Unidos, se desarrollaron exclusivamente dentro del territorio ecuatoriano. “Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo”, respondió. El jefe de Estado colombiano replicó poco después: “Hay 27 cuerpos calcinados y la explicación no es creíble”.
En medio de la controversia, el ministro colombiano de Defensa confirmó este miércoles la muerte de 14 personas en dos explosiones registradas en enero en laboratorios de procesamiento de cocaína en el departamento de Nariño, fronterizo con Ecuador, aunque evitó vincular esos hechos de manera directa con las operaciones militares del país vecino.
La crisis estalla, además, en un momento especialmente delicado en la relación bilateral. En semanas recientes, el gobierno de Noboa impuso aranceles a productos colombianos al considerar que Bogotá no está haciendo lo suficiente para frenar el avance del narcotráfico y de otros grupos ilegales en la frontera. Esa decisión abrió una disputa comercial que sigue sin resolverse y que ahora se entrelaza con un nuevo foco de fricción en una de las zonas más sensibles de la relación entre ambos países.
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REDACCIóN COLOMBIA
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