«La fiebre aftosa no se desregula: se previene»… por CARBAP

La historia reciente muestra que en abril de 1999 se intentó aplicar la última dosis de vacuna contra la fiebre aftosa y que en mayo del 2000 la Argentina fue declarada libre sin vacunación por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

En aquel momento, la política trató de atribuirse ese logro sanitario prescindiendo de la opinión de muchos productores, técnicos y profesionales que reclamaban un análisis objetivo de la situación. También hubo quienes impulsaron dejar de vacunar por los costos y bajo la promesa de que esa decisión garantizaría el acceso a mercados que transformarían la realidad económica de nuestra producción.

Nada de eso ocurrió y la realidad terminó mostrando su faceta más contundente.

La situación sanitaria regional, la falta de controles fronterizos, la ausencia de vigilancia epidemiológica y la falta de desarrollo de todas las actividades complementarias necesarias derivaron en que, en marzo de 2001, se reconocieran finalmente más de 2.000 focos de fiebre aftosa.

A partir de entonces, y gracias a una adecuada articulación público-privada, fue necesario reconstruir y fortalecer los entes sanitarios y fundaciones que habían sido clave durante la década del 90 para el control de la enfermedad. Sobre esa base institucional se reorganizó el sistema de vacunación y, en menos de un año, se comenzó a recuperar el control sanitario. El último episodio relevante se registró en 2006 y fue rápidamente contenido.

Hoy la fiebre aftosa es considerada una enfermedad exótica en la Argentina, dado que la mayor parte de nuestro territorio es reconocido como libre con vacunación y existen zonas específicas libres sin vacunación.

A los ojos del mundo, el sistema sanitario argentino aparece hoy como robusto. En el plano local, numerosos informes del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria muestran la ausencia de circulación viral y niveles de inmunidad poblacional más que adecuados.

Sin embargo, en medio de la actual campaña de vacunación, sin ningún tipo de justificación técnica que lo avale, de manera absolutamente inconsulta, sin evidencias económicas que lo respalden y en forma absolutamente inoportuna, se pretende modificar mediante un acto administrativo la estructura central de la campaña de vacunación.

Esta decisión desconoce además el principio de solidaridad entre productores, una de las columnas centrales del programa, ya que todos hemos acordado pagar el mismo valor por dosis aplicada dentro de cada fundación, independientemente del tamaño de nuestros rodeos.

Sostenemos que no existe justificación técnica para una modificación de esta magnitud y que la discusión se limita exclusivamente a un enfoque económico. Los resultados del programa han sido óptimos según los propios informes del SENASA. Además, con el paso de los años el sistema se ha profesionalizado de manera constante y hoy más del 80 % de los vacunadores en la región pampeana son veterinarios, algunos pertenecientes a los entes de vacunación y otros provenientes de la actividad privada que vacunan los rodeos de sus clientes.

Se afirma con énfasis que el sistema propuesto será revolucionario. Sin embargo, lo cierto es que el modelo que se intenta implementar ya fracasó en el pasado. Fue precisamente ese fracaso el que llevó a la creación del sistema actual basado en fundaciones y entes sanitarios, que ha permitido cumplir los objetivos del programa de vacunación de manera ordenada, auditable y sostenible.

También resulta preocupante que la medida haya evitado la discusión técnica en ámbitos como la CONALFA y las COPROSAS, que son precisamente los espacios previstos por la normativa para debatir este tipo de cuestiones. Si bien el SENASA es la autoridad encargada de dictar las resoluciones ejecutivas vinculadas a la vacunación antiaftosa, la misma normativa establece la participación de la CONALFA y la delegación en las COPROSAS para la ejecución de las actividades dentro de cada jurisdicción.

Tampoco es necesario explicar por qué los productores, y las entidades que los representan, no pueden ser meros espectadores de esta situación. Además de los tributos generales que aportamos al Estado, está en juego la sanidad de nuestros rodeos y son nuestros propios recursos los que sostienen la compra de las vacunas y la estructura operativa que lleva adelante el programa.

Tampoco existe una justificación económica clara para el cambio propuesto. Cada fundación, ente o veterinario particular tiene su propia estructura de costos. En algunos casos, las entidades rurales pueden absorber gastos como electricidad, administración o alquiler, lo que permite ofrecer un costo menor por dosis aplicada. En otros casos, esas estructuras deben financiarse íntegramente con la actividad, lo que naturalmente se refleja en el precio final.

También debe comprenderse que las múltiples exigencias administrativas que deben cumplir los entes y fundaciones, balances, certificaciones contables, sellados y presentaciones ante personerías jurídicas, forman parte de los costos operativos. Y aunque desde el Ejecutivo se habla reiteradamente de simplificar y reducir costos, en estos aspectos, que dependen del propio Estado, poco se ha avanzado.

Para quienes sostienen que el precio de la vacuna es la única variable relevante, cabe recordar que actualmente el costo de la dosis aplicada equivale a menos de 600 gramos de novillo, cuando históricamente equivalía aproximadamente a un kilo. Además, la cantidad total de hacienda a vacunar , y por lo tanto el costo final para cada productor, será sensiblemente menor.

Entendemos que la medida es absolutamente inoportuna. La Argentina, producto del esfuerzo de productores e industriales acompañado por decisiones acertadas del Ejecutivo, atraviesa un momento favorable para el desarrollo de su producción ganadera y de la industria cárnica en un mercado internacional demandante de carnes de calidad. Además, el ingreso de divisas por exportaciones resulta fundamental para consolidar el modelo económico vigente.

Modificar de manera intempestiva el principal programa sanitario de nuestras carnes bovinas, sin los consensos necesarios y considerando nuestros antecedentes, en una región donde países vecinos avanzan hacia el estatus de libres de aftosa sin vacunación, puede generar un problema adicional o incluso una nueva barrera comercial innecesaria.

Y, como ya lo mencionamos, esto ya nos sucedió.

Tampoco puede dejar de señalarse que la resolución propuesta no aclara aspectos centrales para la ejecución del programa. No se establece quién será responsable de garantizar que la vacunación se realice en tiempo y forma, quién controlará su cumplimiento ni quién asegurará la cobertura en los establecimientos de menor escala.

La estructura actual fue diseñada precisamente para resolver ese desafío. Según los registros productivos, el 17 % de los establecimientos posee menos de 20 bovinos y el 34 % entre 20 y 100, lo que significa que más de la mitad de los productores tiene rodeos pequeños, generalmente dispersos y con mayores costos operativos para su atención.

Surge entonces una pregunta central que la resolución no responde: ¿quién garantizará que estos productores efectivamente vacunen sus rodeos? Es razonable suponer que los operadores privados tenderán a concentrarse en los establecimientos más grandes y cercanos, dejando a los productores pequeños o más alejados en una situación de mayor vulnerabilidad sanitaria. El sistema actual de entes y fundaciones fue concebido precisamente para evitar ese problema, asegurando cobertura territorial, equidad entre productores y el cumplimiento efectivo del programa sanitario.

Como siempre, estamos dispuestos a consensuar mejoras y corregir desvíos en un marco de diálogo sincero y transparente, basado en números y datos concretos, no en consignas o creencias. Seguiremos aportando nuestra experiencia, nuestro conocimiento del territorio y del trabajo cotidiano del campo, porque eso somos y a eso nos dedicamos.