Plataformas exigen paralizar el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha y revisar alegaciones

Diversas plataformas ciudadanas de Castilla-La Mancha han exigido la paralización inmediata del Plan Regional de Biometanización 2030, al considerar que su tramitación presenta graves deficiencias y no ha tenido en cuenta la participación pública.

Estas organizaciones, agrupadas en movimientos como Stop Biometano, denuncian que la administración autonómica ha ignorado un total de 13.400 alegaciones presentadas durante el proceso de información pública.

Los colectivos califican esta cifra como una movilización social “sin precedentes”, reflejo de la preocupación existente en numerosos municipios ante la posible implantación masiva de plantas de biogás y biometano.

Según sus denuncias, el plan podría permitir la construcción de entre 80 y 100 instalaciones en la región, sin una evaluación adecuada de sus efectos acumulativos sobre el medio ambiente y la salud.

Plataformas exigen paralizar el Plan de Biometanización de Castilla-La Mancha

El movimiento Stop Biometano denuncia que el plan regional permitiría instalar hasta cien plantas sin suficientes garantías ambientales ni sanitarias.

Las plataforma ciudadanas que integran el movimiento Stop Biometano han exigido que se paralice el Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha 2024-2030, porque entienden que la Declaración Ambiental Estratégica (DAE) no tiene suficiente motivación y habilita la implantación de plantas sin garantías mínimas.

Más de 13.000 alegaciones vecinales contra el plan

En una nota de prensa, las plataformas de Stop Biometano han recordado que han alzado la voz contra el plan, junto a otras organizaciones y entidades locales de la región, han denunciado que el Gobierno regional haya «omitido» las 13.400 alegaciones presentadas durante el trámite público del Plan Regional de Biometanización.

Según las plataformas: «Esta movilización masiva, que refleja una implicación vecinal sin precedentes, exige una rectificación inmediata ante un plan que amenaza la salud pública, el medio ambiente y el territorio».

A su juicio, la DAE que se ha emitido para el plan carece de motivación suficiente y habilita la implantación de entre 80 y 100 plantas sin garantías mínimas.

Preocupación por impactos en salud, agua y territorio

Entre otras deficiencias, entienden que no se ha analizado el «efecto sinérgico» de múltiples instalaciones sobre los ecosistemas y la salud humana, así como que se ha comprometido la imparcialidad del análisis técnico, ya que la hoja de ruta del biogás y el estudio ambiental estratégico ha sido redactado por la misma entidad.

Asimismo, consideran que hay riesgos para la salud y el agua, ya que las distancias mínimas a núcleos de población son insuficientes para proteger contra bioaerosoles, contaminantes atmosféricos y la contaminación de acuíferos por nitratos derivados del digestato.

Y también advierten que el Plan de Biometanización amenaza actividades estratégicas como el turismo rural y productos con denominación de origen protegida (DOP), lo que puede convertir a los municipios afectados en «zonas de sacrificio».

Exigen reunión urgente con el Gobierno regional

Entre otras deficiencias, entienden que no se ha analizado el «efecto sinérgico» de múltiples instalaciones sobre los ecosistemas y la salud humana, así como que se ha comprometido la imparcialidad del análisis técnico.

Ante esta problemática, las plataformas han solicitado mantener una reunión urgente, en un plazo de 15 días, con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con el vicepresidente segundo del Ejecutivo autonómico, José Manuel Caballero, y con la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez.

Quieren plantearles la adopción de medidas como la suspensión cautelar de cualquier autorización o inversión derivada del Plan de Biometanización, la  Anulación de la Declaración Ambiental Estratégica y la revisión individualizada de las 13.400 alegaciones que se han presentado.

Además, piden que se aplique una moratoria de nuevas plantas en zonas vulnerables por nitratos, acuíferos sobreexplotados y entornos de las denominaciones DOP y las indicaciones geográficas protegidas (IGP), que se lleve a cabo una investigación administrativa sobre posibles conflictos de intereses en las contrataciones y que se prohíba temporalmente el uso agrícola del digestato de riesgo, hasta que existan protocolos de trazabilidad claros.

Al mismo tiempo, las plataformas han advertido que si no recibir una respuesta motivada  sus peticiones, intensificarán las movilizaciones que vienen llevando a cabo y emprenderán todas las acciones administrativas y judiciales necesarias «para proteger el futuro de sus comarcas».

En definitiva, el conflicto refleja la creciente tensión entre el desarrollo de energías renovables y la protección del entorno rural, así como la importancia de garantizar procesos participativos y transparentes en la toma de decisiones públicas. Seguir leyendo en ENERGÍAS RENOVABLES.