Cuatro cambios a Ley 225-20 que convertirían la basura en industria

El mes pasado escribí sobre la revolución global del compostaje y lo que podría significar para la República Dominicana. La respuesta fue inmediata: ciudadanos interesados en participar en el compostaje, empresarios que buscan soluciones para sus residuos orgánicos, gestores de residuos buscando nuevas oportunidades de negocio, y más importante, emprendedores listos para invertir en infraestructura de compostaje. Lo que falta no es la voluntad de los ciudadanos ni del sector privado, sino un marco legal que lo haga posible.

El gobierno dominicano ha señalado que está revisando nuevamente el marco de gestión de residuos establecido por la Ley 225-20 y su modificación, la Ley 98-25. Se necesita esa revisión para corregir errores en su última modificación y optimizar las oportunidades económicas que presentan los residuos sólidos.

En particular, ese análisis debe priorizar la valorización de los residuos orgánicos a través del compostaje a nivel nacional. Compostaje es la intervención de menor costo y mayor retorno disponible para cualquier país con clima tropical, base agrícola, y un serio problema de residuos orgánicos, exactamente lo que tiene la República Dominicana.

A continuación, cuatro cambios legales concretos que posicionarían a la República Dominicana como un país que verdaderamente valoriza sus residuos, basados en los sistemas de gestión de residuos más avanzados de la región.

1. Corregir la disposición que inadvertidamente frena el reciclaje, el compostaje y toda valoración de residuos

En las modificaciones al Artículo 17 de la Ley 98-25 existe una cláusula que pocas personas han notado, pero que representa una amenaza grave para el reciclaje, el compostaje y la valorización de residuos en cualquier forma. Establece que los generadores deben entregar sus residuos «de manera íntegra,» es decir sin clasificar, a los gestores debidamente autorizados. Además, los grandes generadores no pueden valorizar directamente sus propios residuos, salvo cuando se trate de uso interno en sus propias operaciones.

La misma ley, que en el Artículo 17 numeral 2, exige a los grandes generadores «separar los residuos en la fuente», les prohíbe luego aprovechar los residuos que separan. Por ejemplo, un hotel que separa cuidadosamente sus residuos orgánicos de cocina, su cartón, su plástico y su aluminio no puede valorizar ni vender cada corriente al gestor autorizado mejor equipado para procesarla. Muchos hoteles del país cuentan con certificaciones internacionales de sostenibilidad (Green Key, Green Globe, EarthCheck) que exigen expresamente la separación en la fuente. Esta disposición los coloca en la absurda situación de cumplir con sus certificaciones internacionales mientras violan la ley dominicana.

Igualmente, un supermercado que ha invertido en infraestructura de separación debe entregar todo mezclado, destruyendo el valor comercial de los materiales que con tanto cuidado mantuvo limpios. La contaminación orgánica que arruina el cartón, el plástico y el aluminio cuando los residuos se mezclan no es una falla de esfuerzo de estas empresas. Bajo esta cláusula, es una exigencia de la ley.

Esta modificación no se trata de un argumento a favor de que los materiales separados vayan a operadores no regulados o a vertederos no autorizados. Deben ir a gestores debidamente autorizados. El problema es que el requisito «de manera íntegra» obliga a los generadores a mezclar todo antes de la entrega, eliminando el valor de la separación.

Esta disposición, probablemente no intencional, también concentra toda la corriente de residuos en manos de unos pocos operadores grandes, excluyendo del mercado a pequeñas y medianas empresas de valorización, aunque estén plenamente autorizados.

La solución es sencilla. Los generadores que cumplan con los requisitos de separación en la fuente deben tener permiso explícito para entregar cada material separado al operador autorizado más competitivo en precio y calidad de servicio. Este único cambio abriría de inmediato el mercado para empresas de compostaje y reciclaje, y reduciría la cantidad de residuos mezclados que llenan los rellenos sanitarios.

2. Exigir a los grandes generadores separar y eliminar progresivamente los residuos orgánicos de los rellenos sanitarios

La República Dominicana ha invertido enormes recursos en cerrar vertederos a cielo abierto y construir rellenos sanitarios. Esto es un avance significativo. Sin embargo, los residuos orgánicos representan aproximadamente el 50% de los residuos sólidos municipales. Si ese material sigue llegando directamente a los nuevos rellenos sanitarios, estos rellenos inevitablemente se llenarán. El país habrá gastado cientos de millones de dólares para sustituir un problema ambiental por una versión más lenta y costosa del mismo problema.

La Ley 225-20 debería enmendarse para establecer un requisito de separación y desvío por fases. En un plazo de 12 meses, los grandes generadores como hoteles, hospitales, universidades, supermercados y procesadores de alimentos que produzcan más de una tonelada de residuos orgánicos al día, deberían estar obligados a separar en la fuente y entregar los residuos orgánicos a instalaciones de valorización de orgánicos certificadas. En 24 meses, ese requisito debería ampliarse para incluir a las empresas medianas.

Los municipios deberían incorporar metas de desvío de residuos orgánicos en sus Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos (PMGIRS) en un plazo de 12 meses. En 24 meses, el depósito de residuos orgánicos en rellenos sanitarios debería estar sujeto a un instrumento económico como una tasa, un recargo o una prohibición formal, que refleje el verdadero costo de esa disposición.

Estos plazos son ambiciosos, pero la ley existe desde 2020. El país ya debería haber dado estos pasos. Sin metas ambiciosas, nada cambia. Los plazos también envían una señal de compromiso claro con fechas límite, que atraerá inversión privada en infraestructura de compostaje u otras tecnologías. Los inversionistas necesitan saber que habrá materia prima disponible. Una garantía de materia prima es exactamente lo que proporciona un mandato de desvío de rellenos sanitarios.

Nuestros vecinos latinoamericanos ya tomaron este camino. Brasil reconoció los residuos orgánicos como un activo económico con valor social en su ley nacional de residuos sólidos. São Paulo composta hasta 100 toneladas diarias de residuos a un costo operativo igual o menor que el relleno sanitario. Dona el fertilizante producido directamente a agricultores locales. Investigaciones del Instituto Pólis, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente de Brasil, encontraron que el compostaje genera entre 3.5 a 11 veces más empleos por tonelada que el relleno sanitario.

Chile, por su parte, ya cuenta con una ley integral de residuos con metas para orgánicos. Tiene en su Congreso un proyecto de ley que haría obligatoria la separación en la fuente y la valorización de residuos orgánicos a nivel nacional. Estos no son países ricos con presupuestos ilimitados. Son países que cambiaron la ley y dejaron que el sector privado hiciera el resto.

3. Redirigir los recursos del DO Sostenible hacia infraestructura de compostaje, no solo rellenos sanitarios

El fideicomiso público-privado DO Sostenible fue creado como el principal mecanismo de financiamiento para la infraestructura de residuos sólidos en la República Dominicana. Ha realizado un trabajo importante: cerrando vertederos a cielo abierto, construyendo rellenos sanitarios y formalizando los servicios de recolección en decenas de municipios. Sin embargo, cada tonelada de residuos orgánicos que llega a un relleno financiado por DO Sostenible representa un envejecimiento prematuro de la infraestructura que el país construyó con tanto esfuerzo.

Crucialmente, DO Sostenible ya ha demostrado un apetito para apoyar el compostaje. En mayo de 2025, el fideicomiso inauguró una estación de transferencia en Villa Fundación, Peravia, y la primera fase del proyecto fue la rehabilitación de un centro de compostaje comunitario operado por una asociación local, ADEFU. Ese precedente muestra que la capacidad institucional y la experiencia ya existen. Lo que se necesita ahora es convertir el compostaje en un mandato explícito con financiamiento, en lugar de un componente incidental de los proyectos de rellenos.

La economía habla por sí sola. Una instalación de compostaje a gran escala capaz de procesar 40,000 toneladas de material orgánico al año puede construirse por entre 8-10 millones de dólares, una fracción del costo de capacidad equivalente de relleno sanitario. Genera empleo local estable, produce un mejorador de suelos con alto valor comercial para el sector agrícola dominicano, y extiende la vida útil de cada relleno sanitario.

La modificación debería exigir a DO Sostenible que designe explícitamente la valorización de residuos orgánicos como una prioridad de financiamiento, asignando una parte definida de los desembolsos anuales a infraestructura de compostaje a escala comunitaria, municipal e industrial, con asistencia técnica para los municipios que deseen establecer puntos de recolección y programas de compostaje.

4. Vincular el financiamiento municipal a avances medibles en la separación en la fuente

La Ley 225-20 exige a los municipios desarrollar Planes Municipales de Gestión Integral de Residuos. El problema es que la ley no condiciona el flujo de financiamiento nacional a que esos planes incluyan metas significativas de separación de residuos orgánicos, ni a que los municipios demuestren avances tangibles para alcanzarlas. Un municipio puede recibir financiamiento completo con un plan que no mencione ninguna meta de separación en la fuente, reciclaje o compostaje. Ese es un punto de apalancamiento crítico que se está desaprovechando.

El Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos (PLANGIR), el marco que define lo que debe contener un plan municipal conforme a la ley, debería enmendarse para establecer estándares mínimos en la gestión de residuos orgánicos.

Todo plan municipal debería identificar metas de desvío de residuos orgánicos, designar al menos un punto de compostaje comunitario o una ubicación de recolección certificada, e incluir un esfuerzo de educación pública sobre la separación en la fuente. Las transferencias de financiamiento desde el nivel nacional deberían condicionarse al cumplimiento de estos estándares en un plazo de 12 meses.

Las guías voluntarias producen cumplimiento voluntario. El financiamiento condicionado produce resultados. Perú lleva más de una década aplicando exactamente este mecanismo en gestión de residuos: el Plan de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal vincula transferencias financieras directas a los gobiernos locales al cumplimiento de metas específicas de manejo y valorización de residuos sólidos dentro de plazos definidos.

Hoy el programa opera en 756 municipalidades a nivel nacional. Los que cumplen reciben recursos. Los que no, los pierden.

El resultado es un alineamiento real entre los objetivos del gobierno nacional y la acción de los gobiernos locales. Si los municipios dominicanos saben que su parte del financiamiento para gestión de residuos depende de qué tan en serio traten el desvío de residuos orgánicos, lo tomarán en serio.

La decisión sobre la mesa

Ninguno de los cambios propuestos requiere grandes gastos públicos. Requieren claridad legal, una señal de mercado, y un mecanismo de rendición de cuentas. El sector privado, incluidas las pequeñas y medianas empresas, hará el resto.

El argumento a favor de estos cambios puede plantearse en términos ambientales, de competitividad y económicos. En economías comparables, se ha creado miles de empleos, generado cientos de millones de dólares en actividad económica, y producido un mejorador de suelos que reduce la dependencia agrícola de fertilizantes sintéticos importados.

Los residuos sólidos son la materia prima para transformar 3.5 millones de toneladas de potencial desperdiciado en una nueva industria dominicana.