
El gobierno ultraderechista ha provocado el cierre de más de 2.400 empresas y destruyó al menos 73.000 empleos.
En dos años, la Argentina de Javier Milei logró algo que pocas administraciones consiguen en tan poco tiempo: instalarse entre los peores del mundo en un indicador que ningún gobierno quiere liderar. De 56 países relevados por la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, solo Hungría destruyó más tejido fabril que el país sudamericano en el bienio 2024-2025.
Casualmente, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, es uno de los más cercanos en afinidad política con Milei; ambos son los más aguerridos defensores de la nueva ultraderecha global, y ahora también pueden compartir el podio de los países más destructivos para la industria.
La contracción acumulada del sector industrial llegó al 7,9%, mientras Brasil crecía 3,5%, Chile 5,2% y Perú 6,5%. No es un matiz regional menor. Es la diferencia entre países que tienen política industrial y uno que decidió abandonarla.
El Informe Sectorial número 41 de la consultora Audemus, publicado en marzo de 2026 y construido sobre datos del INDEC, la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, la ONUDI y diversas cámaras empresariales, certifica lo que muchos industriales venían advirtiendo desde el primer trimestre de 2024.
En 24 meses desaparecieron 2.436 empresas manufactureras, equivalentes al 5% del total del sector. No hubo una sola rama en la que se crearan nuevas unidades productivas. Las fábricas que quedaron en pie operaron al 57,9% de su capacidad instalada, el nivel más bajo de la última década si se excluye el año del confinamiento total por la pandemia.
Las líneas de metalmecánica y textiles tocaron sus pisos históricos. El propio informe define la situación sin eufemismos: “No es una crisis importada, es una crisis fabricada en casa”. O sea, todo se debe mayormente a las políticas del autodenominado liberal y anarcocapitalista que llegó a la Casa Rosada con la promesa de «hacer grande a Argentina de nuevo».
Tres mecanismos concretos explican el desastre de Milei
El primero es la apertura comercial ejecutada sin red de contención. A través del Decreto 384/2024, el gobierno redujo aranceles de importación para heladeras, lavarropas, neumáticos e insumos plásticos, mientras eliminaba las licencias que funcionaban como herramientas de gestión del comercio exterior. El resultado fue aritmético: las importaciones de bienes finales crecieron un 24,6% en 2025, cinco veces más rápido que el conjunto de la economía, desplazando producción local con mercadería extranjera que llegaba más barata.
El segundo mecanismo fue el atraso cambiario. Con el peso sobrevaluado, los costos en dólares de las empresas locales se encarecieron mientras las importaciones se abarataban artificialmente, creando una competencia asimétrica que ninguna pyme podía sostener. El investigador del CONICET Martín Schorr lo sintetizó con precisión al señalar que la crisis industrial es consecuencia directa de “un combo procurado por la propia política económica: apertura comercial, tipo de cambio bajo, retracción del mercado interno y fuertes subidas de costos financieros, inmobiliarios y de servicios públicos.”
El tercer mecanismo fue el derrumbe de la demanda interna. La inversión en obra pública cayó 82,6% en términos reales durante los primeros siete meses de 2025, cerrando uno de los principales canales de pedidos para la industria metalmecánica y de la construcción. El salario real, entretanto, acumula una pérdida del 34% para los estatales nacionales y se ubica un 23% por debajo de su nivel de hace diez años, incluso por debajo del registrado en plena pandemia de 2020.
La cara humana del colapso tiene nombre y número
Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, la industria manufacturera eliminó 72.955 puestos de trabajo registrados, expulsando empleados en 16 de los 24 meses del período analizado. El empleo registrado del sector privado en su totalidad perdió 192.000 puestos.
Más de 200.000 personas engrosaron la informalidad laboral, llevando el total de trabajadores en esa situación a más de ocho millones. La cantidad de empresas empleadoras en toda la economía se redujo en 22.000 desde el inicio del gobierno libertario. Entre las que cerraron operaciones o retiraron filiales figuran Bimbo, PepsiCo, Danone, Puma, Bridgestone, Clorox, Prudential, Xerox, Mercedes-Benz, Exxon Mobil, Procter & Gamble y, más recientemente, la fábrica de neumáticos de auto Fate, que dejó sin empleo a cerca de 2.000 trabajadores.
Un crecimiento lacónico para muy pocos
En una visión casi lisérgica de la realidad, el gobierno celebra un crecimiento del estimador mensual de actividad del 4,4% en 2025. Ese número existe, pero la industria retrocedió un 3,9% en el mismo período. El rebote se explica por el agro y la energía, sectores extractivos que no generan el encadenamiento productivo ni el empleo de calidad que provee una fábrica.
Mientras las principales potencias mundiales regresaron a esquemas de subsidios y protección de sectores estratégicos, el modelo argentino apostó por una desregulación que aceleró el desmantelamiento de líneas de producción consolidadas durante décadas.
El costo más difícil de cuantificar es el capital humano que no vuelve. Los operarios calificados que migraron a la informalidad difícilmente regresen al sector manufacturero cuando y si las condiciones mejoren. Las dos experiencias previas de aperturismo acelerado, los años noventa y el gobierno de Cambiemos, enseñaron exactamente esa lección. Sin políticas de transición, la desregulación no mejora la productividad: destruye el entramado existente sin construir uno nuevo. Esta vez no parece ser diferente.
lr21.com.uy
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