¿Qué sabía Casado de Ayuso antes de ser defenestrado?

Contratos, comisiones, detectives y poder en Madrid: la ofensiva contra Ayuso terminó empujando a Pablo Casado fuera de la dirección del PP.

Pablo Casado cayó en febrero de 2022 porque convirtió en guerra total una sospecha que afectaba al entorno más próximo de Isabel Díaz Ayuso y lo hizo dentro de su propio partido, en el peor momento y con el peor instrumento: la acusación pública sin una mayoría interna detrás. El núcleo del choque fue el contrato de mascarillas adjudicado por la Comunidad de Madrid a Priviet Sportive por 1,5 millones de euros en plena pandemia, del que el hermano de la presidenta, Tomás Díaz Ayuso, acabó cobrando por sus gestiones comerciales. Lo que empezó como un expediente incómodo sobre comisiones y trato de favor terminó como una mezcla de corrupción, espionaje, chantaje político y lucha por el control del PP de Madrid, y ahí Casado se quedó sin suelo bajo los pies.

La información que manejaba Génova no se agotaba en ese contrato. Con el paso de los días se supo que la búsqueda de datos había ido bastante más lejos y había tocado a exparejas de Ayuso, en especial a Rafael Hernández Torre y Jairo Alonso, para comprobar si existían sociedades, relaciones mercantiles o adjudicaciones que conectaran al entorno sentimental de la presidenta con la Administración madrileña. Cuatro años después, la hemeroteca ha vuelto a abrir esa caja porque han reaparecido publicaciones sobre antiguos negocios, ayudas y sociedades vinculadas a ese círculo. Eso explica por qué el episodio no ha quedado como una simple bronca orgánica: fue el momento en que el PP pasó de discutir sobre un contrato a pelear por el poder con carpetas, sospechas y llamadas cruzadas.

El contrato de mascarillas que abrió la guerra

El origen concreto del terremoto fue un expediente firmado el 1 de abril de 2020, en pleno colapso sanitario, cuando la Comunidad de Madrid adjudicó por la vía de emergencia la compra de 250.000 mascarillas a Priviet Sportive S.L., una empresa sin tradición en ese sector y vinculada a un amigo del hermano de Ayuso. El importe ascendió a 1.512.500 euros con IVA y el material se destinó al dispositivo sanitario de Ifema, símbolo de aquellos días de urgencia absoluta, pasillos improvisados y compras hechas a toda velocidad. La existencia del contrato ya era de por sí políticamente explosiva; lo que lo convirtió en dinamita pura fue que Tomás Díaz Ayuso participó en la operación y cobró por ella.

La pelea se disparó cuando Casado sostuvo que el hermano de la presidenta había recibido 286.000 euros de beneficio por la venta de mascarillas, mientras Ayuso respondió que la cantidad vinculada a ese trabajo era de 55.850 euros más IVA por “gestiones” para localizar producto en China y trasladarlo a Madrid. Esa diferencia entre cifras marcó la crisis desde el primer minuto. En un lado, Génova hablaba de una operación éticamente inaceptable en plena mortandad diaria. En el otro, la Puerta del Sol insistía en que no había comisión irregular, sino una contraprestación privada por un servicio real, sin intervención de la presidenta en la adjudicación. A partir de ahí el caso dejó de ser administrativo y se volvió personal, casi biográfico.

Ese pulso no se puede entender sin el contexto del PP de Madrid. Ayuso llevaba meses reclamando el control orgánico del partido en la región, y Teodoro García Egea, número dos de Casado, había tratado de frenar esa consolidación. La dirección nacional recibió avisos y documentación sobre el contrato en el verano de 2021. Desde ese momento la relación se fue pudriendo. Para el equipo de Casado, había materia suficiente para exigir explicaciones severas. Para el ayusismo, aquella presión era una maniobra para apartarla del tablero interno. Es decir: no solo se discutía un pago al hermano de una presidenta, se discutía quién mandaba de verdad en la derecha madrileña. Y Madrid, en el PP, nunca es un territorio menor.

La cifra que dejó a Casado sin margen

Casado intentó presentarse como el dirigente que no iba a tolerar comportamientos poco ejemplares dentro de su propio partido. Pero su movimiento quedó atrapado entre dos imágenes malas. Si endurecía el ataque, parecía estar destruyendo a la presidenta autonómica más fuerte del PP. Si reculaba, quedaba como un líder que había lanzado una acusación gravísima sin rematarla. Le ocurrió lo segundo. En cuestión de horas pasó de denunciar públicamente que algo así no sería admisible bajo su mando a aceptar un cierre interno si Ayuso y su equipo rebajaban la crisis del supuesto espionaje. Esa vacilación fue letal. En política interna, cuando un jefe acusa a un rival de jugar sucio y luego busca una salida a medias, transmite debilidad, no prudencia.

Qué más estaba mirando Génova

La parte menos recordada, y quizá la más áspera, es que la indagación de Génova no se quedó en el hermano. Distintas informaciones de aquellos días revelaron que el PP trató de recabar datos sobre Rafael Hernández Torre, exmarido de Ayuso, y sobre Jairo Alonso, una expareja posterior. El objetivo era detectar si había sociedades, adjudicaciones o relaciones comerciales que conectaran a ese entorno con el Gobierno autonómico. Sobre Jairo Alonso, el nombre que apareció fue Asseco Spain, una tecnológica que sí había tenido contratos con la Comunidad de Madrid, aunque la información publicada entonces subrayaba un detalle relevante: la mayoría de esas adjudicaciones eran anteriores a la incorporación de Alonso a la empresa. Es decir, había ruido, había búsqueda, había nombres; no había una prueba concluyente que sostuviera una ofensiva política total.

En el caso de Rafael Hernández Torre, el interés político era todavía más delicado porque se trataba de un vínculo sentimental ya cerrado hacía años, pero con conexiones empresariales susceptibles de ser rastreadas. En 2026 el nombre ha regresado a la actualidad por nuevas informaciones sobre ayudas y operaciones societarias ligadas a empresas de su entorno, lo que ha devuelto la pregunta original: si Casado se metió en esa selva fue porque creía que ahí podía haber algo más que un contrato aislado. La novedad de estos días no cambia el hecho central de 2022, pero sí ilumina la lógica con la que Génova trabajó entonces: el problema no era solo Tomás Díaz Ayuso; el problema era la sospecha de que alrededor de la presidenta madrileña existía un ecosistema de relaciones privadas con demasiado roce con lo público.

El viejo fantasma familiar que también estaba sobre la mesa

A ese clima se sumaban expedientes anteriores que ya habían golpeado la imagen de Ayuso, especialmente el caso Avalmadrid. En 2019 se publicó que la hoy presidenta madrileña había mantenido contactos con esa sociedad de garantía recíproca por el aval de 400.000 euros concedido a una empresa vinculada a su padre, y también salieron a la luz la donación de bienes y participaciones familiares que habían quedado fuera del alcance de posibles acreedores. En esa historia aparecieron una nave, un piso, participaciones societarias y un debate jurídico sobre si aquellas operaciones patrimoniales habían protegido activos en mitad de los impagos. No formó parte del corazón del choque de 2022, pero sí integraba el paisaje de sospechas que rodeaba a la familia y que hacía más verosímil, dentro de Génova, la idea de que convenía mirar más allá del hermano y del contrato de mascarillas.

Ese punto es importante porque ayuda a entender por qué la crisis no fue una pelea improvisada nacida de una sola filtración. En realidad, el choque acumulaba capas. Estaba el expediente de mascarillas. Estaban los pagos del hermano. Estaban las viejas polémicas patrimoniales ligadas al padre de Ayuso. Estaban las búsquedas sobre exparejas y sociedades. Y, por encima de todo, estaba la convicción de ambos bandos de que solo uno podía salir reforzado del combate. Casado creyó que podía usar esa información para marcar autoridad. Ayuso entendió mucho antes que la clave no era negar cada dato uno a uno, sino denunciar una operación política para destruirla. Ahí empezó a cambiar el partido.

El espionaje que cambió el relato

El gran giro llegó cuando la conversación pública dejó de centrarse en el contrato y pasó a girar sobre el supuesto espionaje. Las informaciones publicadas en aquellos días apuntaron a intentos de contactar con detectives privados para conseguir datos del hermano de Ayuso, incluso con referencias a información fiscal y bancaria que no podía obtenerse legalmente. El nombre que quedó atrapado en ese vendaval fue el de Ángel Carromero, entonces alto cargo del Ayuntamiento de Madrid y hombre próximo a la dirección del PP. Carromero negó los hechos, pero acabó dimitiendo. Y esa dimisión cambió el aire de la crisis. Desde ese instante, el foco ya no estaba sobre si el hermano había cobrado demasiado o si la presidenta había favorecido a su entorno; el foco estaba sobre si el propio PP estaba usando métodos de cloaca contra una de sus dirigentes estrella.

Ayuso aprovechó ese cambio con una rapidez política notable. Se presentó como víctima de una operación “cruel”, dijo que su partido quería destruirla y llevó el conflicto a un terreno emocional en el que Casado tenía todas las de perder. Él hablaba de ejemplaridad; ella hablaba de persecución interna. Él pedía documentos; ella denunciaba espionaje. En una organización tan jerárquica como el PP, esa inversión de papeles resultó devastadora para el líder nacional. Si Casado sabía mucho pero no podía demostrarlo a tiempo, quedaba como un dirigente torpe. Si, además, alrededor suyo flotaba la sospecha de detectives y encargos opacos, quedaba como un dirigente sin control del aparato. Las dos versiones convivieron durante días. Las dos le destrozaban.

La dimensión madrileña agravó todavía más el golpe. La implicación indirecta del entorno de José Luis Martínez-Almeida, la presión del Ayuntamiento y la batalla abierta entre dos polos del mismo partido convirtieron la crisis en un espectáculo de autodestrucción. Ya no era una simple discusión sobre ética pública. Era una pelea en la que cada filtración empujaba a otra, cada desmentido abría una grieta nueva y cada intento de arreglarlo empeoraba el panorama. Casado quiso corregir el rumbo, pero ya era tarde. Había permitido que el conflicto saltara del terreno de la documentación al terreno del honor interno. En política española, y más aún en un partido acostumbrado al mando vertical, eso suele ser la antesala del derrumbe.

Cómo el PP empujó a Casado hacia la salida

La defenestración no fue una expulsión formal de una tarde; fue un abandono acelerado. En cuanto la crisis saltó a la calle, casi todos los barones territoriales entendieron que el liderazgo de Casado había quedado herido de muerte. La presión interna desembocó en la exigencia de un congreso extraordinario y en la caída de Teodoro García Egea, que dejó la secretaría general. La imagen era nítida: el presidente nacional trataba de sobrevivir, pero el partido ya estaba organizando la transición. El mensaje de fondo no fue jurídico ni moral. Fue orgánico. Casado había perdido la capacidad de garantizar orden, y el PP, cuando detecta vacío de poder, cambia de jefe con una frialdad quirúrgica.

Ese vacío abrió el camino de Alberto Núñez Feijóo, que apareció como figura de recambio y de pacificación. No hacía falta que todos los dirigentes dieran la misma versión del conflicto. Bastaba con que coincidieran en algo: Casado ya no podía seguir. Es un matiz clave. Su caída no se produjo porque hubiera quedado demostrado judicialmente un delito del entorno de Ayuso, sino porque políticamente había abierto una guerra que no pudo controlar. El PP no lo castigó por investigar, en sentido estricto; lo apartó por investigar mal, exponer mal y resistir peor. Esa fue la lectura que se impuso en cuestión de días y esa lectura es la que aún pesa sobre aquel episodio.

Lo que dijo la justicia y lo que no borró la política

El recorrido judicial fue bastante distinto del político. Anticorrupción abrió diligencias sobre el contrato de mascarillas y acabó archivando la investigación en junio de 2022 al no apreciar indicios suficientes de delito. Más tarde, en marzo de 2023, la Fiscalía Europea hizo lo mismo con la parte relativa a una posible malversación de fondos europeos. El argumento central de los fiscales fue que no había quedado acreditado un sobreprecio delictivo ni un uso penalmente irregular de los fondos, de modo que el caso no avanzó por la vía penal. Para Ayuso, aquello fue una victoria clara. Para Casado, una losa retrospectiva. Sin una causa viva, su ofensiva interna parecía todavía más desordenada.

Pero el archivo no borró del todo las dudas políticas que habían puesto el caso en marcha. Primero, porque el cobro del hermano existió y fue reconocido. Segundo, porque la diferencia entre las cifras defendidas por uno y otro bando dejó una zona gris que nunca desapareció del todo del debate público. Y tercero, porque el asunto terminó mezclándose con otras investigaciones periodísticas sobre la calidad del material, los márgenes de la empresa adjudicataria y el papel del entorno personal de la presidenta. La justicia cerró una vía penal; la política dejó abierta una memoria incómoda. Son planos distintos, y conviene no confundirlos. Casado no cayó porque un juez desmintiera de inmediato todo lo que sospechaba. Cayó antes, mucho antes, porque su partido concluyó que aquella guerra le estaba costando demasiado.

La crisis que cambió el mapa del PP

Cuatro años después, la pregunta sigue volviendo porque aquel episodio no fue una nota al pie, sino un punto de inflexión. Ayuso salió de la batalla con un poder interno muy superior al que tenía antes de estallar el caso. Feijóo llegó al liderazgo del PP como solución de urgencia. El partido asumió que Madrid no era un frente que pudiera domesticarse desde Génova con maniobras a medias. Y la propia Ayuso consolidó una forma de ejercer la política basada en la confrontación, el control del marco y la capacidad de convertir cada ataque en combustible. Esa es una de las razones por las que cualquier nueva información sobre su entorno —pareja actual, exparejas, antiguas sociedades o patrimonio familiar— reactiva inevitablemente la sombra de Pablo Casado.

La respuesta de fondo, con la hemeroteca ya asentada, es bastante clara. Casado investigó el contrato del hermano de Ayuso, tanteó otras conexiones del entorno familiar y sentimental, y trató de sostener políticamente una sospecha de trato de favor. Lo que no consiguió fue convertir esa sospecha en una verdad indiscutible dentro del PP antes de que estallara el escándalo del espionaje. Y cuando el relato viró desde la corrupción hacia la persecución interna, se acabó. El partido dejó de preguntarse qué sabía Casado y empezó a preguntarse cuánto tardaría en caer. La respuesta llegó en días. Desde entonces, cada vez que el pasado de Ayuso vuelve a removerse, también vuelve esa imagen: la de un líder nacional que abrió una compuerta real, sí, pero quedó atrapado por la corriente antes de poder demostrar hasta dónde llegaba el agua.