
En un comunicado emitido este viernes 27 de febrero, la Cámara de Industrias Pesqueras del Uruguay (CIPU) y la Cámara de Armadores Pesqueros del Uruguay (CAPU) expresaron su “más profunda alarma y preocupación” ante la presencia de un buque de prospección sísmica en la zona de pesca nacional operando a velocidad de trabajo, lo que —según advirtieron— constituye “un fuerte indicio del inicio de actividades de exploración sin contar con las autorizaciones definitivas correspondientes”.
Alerta por actividad en curso sin autorización
En el comunicado, las gremiales señalaron que “el buque encargado de la prospección ya se encuentra en aguas territoriales desplazándose bajo parámetros de operación técnica”. A esto sumaron “evidencia documental crítica”: una comunicación enviada por el capitán del buque a otras embarcaciones en la zona “donde se establecen perímetros de exclusión, confirmando que la actividad sísmica ya ha comenzado”.
Mientras tanto, indicaron que desde la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (DINARA) se confirmó a las empresas que “el barco está en zona de pesca pero que aún no cuenta con autorización”, lo que profundiza la preocupación del sector frente al avance de la prospección sísmica en Uruguay.
Pedido de postergación tras años de crisis
Las cámaras recordaron que este inicio de actividades “ignora las peticiones formales realizadas por las cámaras pesqueras”, que habían solicitado “postergar cualquier prospección hasta noviembre de 2026”. El objetivo, explicaron, era “permitir que el sector tuviera una zafra normal tras dos años de parálisis casi total debido a conflictos sindicales que generaron pérdidas superiores a los 50 millones de dólares”.
En ese contexto, las gremiales manifestaron su “sorpresa con la celeridad del Gobierno para facilitar la prospección sísmica”, lo que —según señalaron— contrasta “dolorosamente con la lentitud burocrática para resolver los problemas estructurales de la pesca”.
Cuestionamientos al sistema de compensaciones
Otro de los puntos centrales del comunicado refiere a las compensaciones. Las empresas sostienen que “el actual sistema de compensaciones validado por el Ministerio de Ambiente es incompleto y discriminatorio”.
En esa línea, exigieron que “cualquier esquema de compensación económica sea resuelto antes del inicio de la actividad, y no bajo un modelo de evaluación de daños ex-post”, y que además “contemple a la totalidad de la flota, incluyendo específicamente a los permisos de Clase B”.
Según indicaron, estos permisos han sido “arbitrariamente excluidos a pesar de que estudios técnicos demuestran mermas de captura de hasta un 70% debido al efecto de ‘alejamiento’ causado por las ondas sonoras”, en el marco de la exploración sísmica offshore.
Reclamo de intervención urgente
En el cierre, CIPU y CAPU exhortaron a las autoridades a actuar de inmediato y reclamaron a la DINARA, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Industria “intervenir de forma urgente para detener una operación que vulnera la soberanía productiva del país y desconoce el derecho al trabajo de miles de uruguayos”.
El planteo instala un nuevo foco de tensión entre el avance de la exploración energética en el mar y la actividad pesquera, en un escenario especialmente sensible para el sector.
Redacción
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