Colombia responde con firmeza: arancel del 30% a más de 70 productos ecuatorianos y control reforzado en la frontera

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En una jugada que redefine el pulso comercial en la región andina, Colombia oficializó la imposición de un arancel del 30% a más de 70 productos provenientes de Ecuador y endureció los controles para su ingreso por vía terrestre, en lo que el Gobierno presenta como una respuesta legítima, proporcional y ajustada al derecho comunitario frente a medidas previas adoptadas por Quito.

El decreto 0170 de 2026, expedido por el Ministerio de Comercio y firmado bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, establece aranceles recíprocos que impactan bienes agrícolas, pesqueros e industriales. Entre los productos alcanzados figuran azúcar, frutas, cacao en polvo, aguacate Hass, plátanos, fríjol y una amplia gama de artículos manufacturados, desde calzado con suela de caucho o cuero hasta insecticidas, fungicidas, desinfectantes, tubos, etanol y aguardientes desnaturalizados.

La medida también restringe el ingreso terrestre de productos sensibles como arroz, pescado y camarones, concentrando los controles en pasos estratégicos como Ipiales y Puerto Asís. En la lista de bienes sujetos a arancel se incluyen además grasas y aceites, tomate, cebolla, papa, coco, maracuyá, banano bocadillo, grasas y aceites de pescado, así como trucha y camarón, en un esquema que busca proteger sectores considerados estratégicos para la economía nacional.

Desde Bogotá se insiste en que la decisión no es un gesto aislado ni una escalada gratuita, sino una reacción directa a los aranceles previamente impuestos por el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa a productos colombianos. Noboa había justificado sus medidas alegando falta de cooperación en la lucha contra bandas criminales en la frontera y un persistente desequilibrio comercial que, según Quito, supera los 1.000 millones de dólares anuales en déficit para Ecuador.

Antes de activar el nuevo esquema arancelario, Colombia acudió a los mecanismos institucionales de la Comunidad Andina (CAN) y presentó una demanda formal en protesta por las decisiones ecuatorianas. La Secretaría General del organismo admitió una de las solicitudes y abrió investigación para determinar si las acciones de Ecuador vulneran las normas comerciales del bloque. En paralelo, el Gobierno ecuatoriano interpuso tres reclamos ante la misma instancia, profundizando un pulso jurídico que ahora se libra tanto en los mercados como en los despachos comunitarios.

En el Ejecutivo colombiano se subraya que la actuación se enmarca en el principio de reciprocidad y en la defensa de los productores nacionales, especialmente en un contexto de volatilidad regional y presiones externas sobre el comercio. La narrativa oficial apunta a que el país no puede permanecer pasivo ante decisiones que afectan a sus agricultores, industriales y exportadores.

El nuevo escenario marca uno de los momentos de mayor tensión bilateral en los últimos años, pero también envía un mensaje claro sobre la disposición de Colombia a utilizar las herramientas legales disponibles para salvaguardar sus intereses económicos. El desenlace dependerá en buena medida de las decisiones que adopte la CAN y de la voluntad política de ambos gobiernos para reconducir la relación hacia un terreno de estabilidad y reglas claras. Entretanto, el Gobierno colombiano cierra filas en torno a una estrategia que reivindica como firme, soberana y ajustada al derecho regional.