
Rafael Arce es investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y otros ilícitos vinculados al origen de los recursos utilizados para la compra del predio ´Adán y Eva´
La Justicia boliviana declaró en rebeldía y emitió una orden de aprehensión contra Rafael Arce Mosqueira, hijo del expresidente Luis Arce, luego de que no se presentara a la audiencia de medidas cautelares fijada para la mañana de este martes. La investigación se centra en la compra del predio productivo ´Adán y Eva´.
La audiencia se desarrolló esta jornada. Sin embargo, el imputado no compareció, lo que motivó que el Ministerio Público solicite su declaratoria de rebeldía, petición que fue aceptada por la autoridad jurisdiccional.
Rafael Arce es investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y otros ilícitos vinculados al origen de los recursos utilizados para la compra del predio “Adán y Eva”, ubicado en el departamento de Santa Cruz. En defensa del acusado, se señala que el terreno se adquirió mediante un préstamo bancario.
Según las investigaciones preliminares, el hijo del exmandatario también habría adquirido un penthouse y vehículos de alta gama en la ciudad de La Paz. Cuenta también con otros siete bienes inmuebles en Santa Cruz, cuyo valor no guardaría relación con sus ingresos económicos declarados.
El fiscal Miguel Cardozo señaló que se desconoce el paradero actual de Arce Mosqueira, quien ya contaba con una alerta migratoria emitida desde octubre de 2025. “Si él ha salido del país, ha sido de forma irregular”, advirtió.
La Fiscalía anunció que continuará citando a otras personas en el marco de las investigaciones, entre ellas a la pareja del imputado. No descarta ampliar el proceso a más involucrados.
Antecedentes del caso
El caso “Adán y Eva” fue admitido en agosto de 2025, tras una denuncia por la presunta compra irregular de un predio productivo en Santa Cruz atribuida a Rafael Arce. Aunque el proceso fue archivado en 2024, la Fiscalía Departamental de La Paz reabrió la investigación en septiembre del mismo año.
En ese contexto, se solicitaron informes a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y a otras instituciones, con el fin de esclarecer el origen de los recursos empleados en la adquisición del inmueble.
En septiembre de 2025, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó que la Fiscalía emitió imputación formal contra Rafael Arce Mosqueira y solicitó seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz.
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