¿Qué papeles del 23-F siguen bajo llave 45 años después?

A los 45 años del 23-F, el archivo sigue a medias: sumarios, informes y escuchas blindados mientras la calle se convierte en memoria oficial.

A las puertas del 45.º aniversario del 23-F (23 de febrero de 2026), el debate vuelve con una mezcla rara de memoria pública y archivo cerrado: el Gobierno ha declarado las grandes manifestaciones del 27 de febrero de 1981 como Lugar Inmaterial de Memoria Democrática, mientras una parte sustancial de la documentación sobre la intentona golpista sigue clasificada o, directamente, dispersa en depósitos y archivos a los que no se accede con normalidad. Es decir, se pone foco oficial en la calle —la respuesta ciudadana— y, al mismo tiempo, se mantiene un candado firme sobre piezas clave del engranaje institucional de aquellas horas.

Ese contraste es el “lado oscuro” del 23-F en 2026: no una frase grandilocuente, sino una lista de silencios concretos con nombres, cajas, legajos, cintas y criterios jurídicos de por medio. Se sabe mucho del asalto y de sus protagonistas visibles —Antonio Tejero entrando en el Congreso, la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el despliegue militar en Valencia con Jaime Milans del Bosch, la trama de la llamada “Operación Armada” con Alfonso Armada—, pero lo que sigue faltando es el acceso ordenado y completo a la documentación que permitiría reconstruir sin zonas ciegas qué se dijo, qué se temió, qué se interceptó y qué se decidió, minuto a minuto, en los circuitos más sensibles del Estado.

La nueva etiqueta del BOE: la calle como patrimonio democrático

El acuerdo publicado en el BOE declara Lugar Inmaterial de Memoria Democrática las manifestaciones del 27-F de 1981, convocadas tras el fracaso del golpe bajo un lema que, leído hoy, suena a cartel de época con tinta gruesa: “Por la libertad, la democracia y la Constitución”. Aquel viernes, en plena resaca del miedo, la movilización fue masiva y transversal: detrás estaban prácticamente todas las fuerzas políticas y sindicales, con la idea de cerrar filas, de poner cuerpo en la calle para que el golpe quedara definitivamente aislado.

La resolución no se queda en el gesto simbólico: la Secretaría de Estado de Memoria Democrática asume la tarea de señalizar y difundir esa jornada con placas, paneles o distintivos memoriales, además de impulsar medidas de difusión e interpretación y producir recursos visuales y digitales explicativos. Es un reconocimiento pensado para que el recuerdo no dependa solo de documentales o aniversarios, sino de una marca institucional estable, de esas que acaban convirtiéndose en referencia y, con el tiempo, en paisaje.

En el propio relato oficial reaparece una fotografía muy concreta del 27-F: la cabecera de una de aquellas marchas con dirigentes políticos y sindicales identificables, casi como un “quién es quién” de la España que intentaba consolidarse. En esa imagen aparecen Santiago Carrillo, Felipe González, Manuel Fraga Iribarne, Marcelino Camacho, además de Calvo Ortega, Rodríguez Sahagún y Jorge Verstrynge. Ese encuadre —rostros conocidos al frente, calle detrás— ayuda a entender por qué el Gobierno habla de “valor simbólico” y de carácter “plenamente democrático e inmaterial”: no es un monumento de piedra, es un acto colectivo.

Y luego están los números, que también son memoria, aunque no salgan en los resúmenes escolares: se citan 25.000 personas en Barcelona, 200.000 en Valencia, 100.000 en Sevilla, Zaragoza y Oviedo, 50.000 en Alicante, Granada y Murcia, y 30.000 en Valladolid, A Coruña y Málaga. Es una geografía del “no pasarán” democrático, ciudad por ciudad, con cifras que —sin necesidad de épica añadida— dibujan la escala de la respuesta social de entonces.

El otro aniversario: lo que sigue clasificado, lo que sigue repartido

Mientras el BOE pone foco en la movilización ciudadana, el aniversario reabre una pregunta menos vistosa y mucho más incómoda: qué parte del 23-F sigue bajo secreto y por qué. Aquí aparece una realidad práctica, casi de archivista: no existe un dosier único y centralizado que aglutine toda la información, y buena parte de lo relevante no está en un solo sitio ni bajo una sola custodia. Hay fondos en distintas instituciones, con regímenes de acceso diferentes, y un núcleo duro de documentación que continúa blindado.

El ejemplo más contundente, por volumen y por carga histórica, es el sumario del juicio instruido y celebrado en el ámbito de la jurisdicción militar, custodiado en el depósito acorazado del Tribunal Supremo en Madrid. Ese expediente está compuesto por 89 legajos e incluye la causa original, recursos, expedientes personales de procesados, grabaciones, cintas, expedientes de indulto y piezas separadas. No es una carpeta con cuatro folios: es un bloque documental con peso físico, de los que hacen ruido al moverlos, de los que huelen a papel viejo y a metal de archivador.

Al mismo nivel, por potencial explicativo, están los documentos elaborados o recopilados por el Centro Superior de Información de la Defensa (CESID), antecedente del actual CNI. Ese fondo se custodia en dependencias de acceso restringido del propio servicio de inteligencia, y ahí se menciona de forma recurrente un texto que, por sí solo, tiene capacidad de encender discusiones: el “Informe Jáudenes”, redactado en abril de 1981 por el teniente coronel Juan Jáudenes Jordana, sobre la creación de una unidad especial del CESID que habría dado cobertura logística y técnica a Tejero. En torno a ese informe gravita una de las cuestiones más sensibles del 23-F: el alcance real de la implicación institucional de los servicios de inteligencia, más allá de nombres concretos o actuaciones individuales.

A esa lista se suma otra pieza especialmente delicada por su contenido potencial: escuchas telefónicas y comunicaciones interceptadas entre Zarzuela, La Moncloa y las capitanías generales durante aquellas horas críticas. Son materiales que, si se conocieran con detalle, podrían aclarar cadenas de llamadas, tonos, urgencias, dudas, instrucciones… y, sobre todo, podrían fijar con precisión documental qué se sabía y qué no se sabía en cada centro de poder. Hoy, ese tramo sigue fuera del acceso público.

El Confidencial y las “voces” que reaparecen: espías, abogados y un archivo que habla a medias

En paralelo a la discusión institucional, el 45.º aniversario está alimentando reconstrucciones periodísticas que vuelven a colocar nombres poco transitados en primer plano. Una de las más comentadas estos días rescata la idea de que el 23-F no termina cuando Tejero es reducido, sino que deja un “después” lleno de escenas turbias, intermediaciones y personajes en sombra. En esa reconstrucción aparecen Catalina Abad, presentada como doble espía; Juan Garrigues Walker, empresario vinculado a la Asociación de Amistad España-URSS; Ángel López Montero, abogado de Tejero; y José Luis Cortina, exjefe de Operaciones Especiales del CESID. Se trata de un reparto que suena a novela, sí, pero está ahí: nombres, profesiones, conexiones y la insistencia en que “nuevas voces y documentos” todavía pueden alterar matices del relato asentado.

Uno de los detalles más llamativos de ese trabajo es la escena que da titular: “dos militares” que habrían colocado sus pistolas sobre la mesa de Adolfo Suárez tras la salida del rey del despacho. Es el tipo de episodio que, contado así, produce un efecto casi físico: metal sobre madera, gesto intimidatorio, el aire denso de un despacho oficial. También es el tipo de episodio que, si se quisiera fijar con certeza, obligaría a volver al problema central: ¿dónde está el documento, la nota, el testimonio formal, la pieza verificable que permita situarlo sin depender solo de relatos y memorias? En 2026, esa tensión sigue ahí, entre lo que se publica y lo que permanece en reserva.

La misma reconstrucción subraya otro elemento que encaja con la sensación de “archivo a medias”: varios de esos protagonistas ya han fallecido —Abad, López Montero, Garrigues— y, con ellos, se han ido claves que solo podrían compensarse con documentación completa. Pero el peso de los fondos del CESID, los límites de acceso y el tiempo transcurrido hacen que el relato se arme, a menudo, con piezas desiguales: un documento aquí, una declaración allá, un sumario que se sabe que existe pero no se consulta como cualquier expediente, una cinta citada, una conversación sugerida. La falta de un marco claro de desclasificación no es un detalle técnico: es un factor que condiciona qué parte de la historia puede cerrarse con seguridad y cuál queda eternamente “en discusión”.

La ley de 1968 y el “horizonte 2031”: cómo se sostiene el secreto del 23-F

El sostén jurídico del secreto en España tiene un nombre repetido hasta el cansancio, pero con efectos muy concretos: la Ley de Secretos Oficiales de 1968, una norma preconstitucional que no establece plazos automáticos de desclasificación. En la práctica, eso significa que lo clasificado puede seguir siéndolo salvo decisión expresa del Gobierno, y ese “salvo” es el agujero por el que se cuela la eternidad administrativa.

En el caso del 23-F, además, se ha citado un criterio temporal muy específico atribuido a decisiones judiciales: mantener la documentación clasificada durante 25 años tras la muerte de los procesados o 50 años después del intento de golpe, lo que colocaría un límite orientativo en 2031. Ese dato, que se repite estos días en coberturas sobre el aniversario, es importante porque convierte el debate en calendario: no hablamos solo de “algún día”, hablamos de fechas que se pueden señalar en una agenda. 2031 está ahí, relativamente cerca, pero también lo bastante lejos como para que, en política, sea “otro mandato, otra legislatura, otro mundo”.

Ese horizonte, sin embargo, no resuelve la parte más delicada: aunque se alcance un año “límite”, siempre queda la posibilidad de justificar la continuidad del secreto por seguridad nacional y defensa, un cajón de argumentos que, bien usado, protege a un Estado; mal usado, lo convierte en caja negra. Y aquí aparece un matiz clave que el propio Gobierno ha señalado al hablar de la futura norma: que incluso con nuevos plazos, los documentos que afecten a seguridad nacional o defensa podrían seguir clasificados si se motiva debidamente. La palabra que importa es esa: motivar. Si se hace de forma sólida y revisable, ordena. Si se usa como fórmula rutinaria, perpetúa.

La nueva Ley de Información Clasificada: plazos, categorías y la promesa de un reloj

En julio de 2025, el Consejo de Ministros aprobó y remitió al Congreso el Proyecto de Ley de Información Clasificada para sustituir la normativa de 1968. La idea central es simple, casi pedagógica: introducir categorías y ponerles plazo, para que el secreto no sea indefinido por defecto. Se fijan cuatro niveles: Alto Secreto, Secreto, Confidencial y Restringido, cada uno con un tiempo de desclasificación automática y con prórrogas limitadas en los dos niveles superiores. Y hay un detalle administrativo que dice mucho del enfoque: los plazos concluyen el último día del año en que venza el periodo de clasificación, como si el Estado quisiera convertir el secreto en una cuenta atrás de calendario, no en una nebulosa.

Según la información oficial difundida con el proyecto, el Alto Secreto se desclasificaría automáticamente a los 45 años, con posibilidad de una única prórroga motivada de 15 años; el Secreto a los 35 años, prorrogable de forma excepcional y motivada hasta 10 años más; el Confidencial entre 7 y 9 años, sin prórroga; y el Restringido entre 4 y 5 años, también sin prórroga. Son plazos que, en teoría, colocarían a España más cerca de estándares comparables en su entorno y recortarían el margen del “para siempre”.

El proyecto incluye además una regla que, en el debate del 23-F, es gasolina: la información clasificada antes de la entrada en vigor se desclasificaría automáticamente una vez transcurridos 45 años o más desde su clasificación. Esa disposición transitoria abre la puerta a que material relacionado con 1981 pueda entrar en ventana de desclasificación por simple antigüedad… pero aquí aparece el matiz que lo complica todo: no solo importa el año del hecho, también importa cuándo se clasificó cada documento y con qué categoría. No es lo mismo un informe redactado y clasificado en 1981 que una recopilación posterior, ni un papel marcado como “secreto” que uno marcado como “alto secreto”.

La norma, además, refuerza el papel del Consejo de Ministros en la clasificación y desclasificación de los niveles más altos y promete mejorar el acceso del Congreso a información clasificada a través de la comisión parlamentaria correspondiente. Sobre el papel suena a orden, a control institucional. En la práctica, el termómetro será otro: cuántas decisiones se toman, con qué rapidez y con qué nivel de transparencia en la motivación de las prórrogas.

El precio del secreto: multas, seguridad nacional y el pulso con la transparencia

El debate sobre abrir archivos no está aislado; llega en un clima político donde “secreto” y “transparencia” chocan en más frentes. Con la ley sobre la mesa, el Gobierno defendió también un régimen sancionador relevante, con multas elevadas para la divulgación indebida de información clasificada, y el ministro Félix Bolaños justificó públicamente la dureza del enfoque apelando a la seguridad nacional. Es un punto que ha generado inquietud en el mundo periodístico: porque una cosa es proteger operaciones sensibles y otra convertir el secreto en un perímetro punitivo alrededor de información de interés público.

La prueba de que la ley de 1968 sigue viva no está solo en el 23-F: también aparece en causas actuales donde el secreto bloquea diligencias. Un ejemplo reciente es el atasco judicial alrededor del espionaje con Pegasus, donde distintos procedimientos han chocado con la reserva amparada por la ley vigente y con la negativa a aportar detalles de fondo. En ese contexto han aparecido nombres como Paz Esteban (exdirectora del CNI) o Esperanza Casteleiro (directora posterior), citadas en el marco de comparecencias y diligencias en las que la información reservada limita lo que se puede explicar o confirmar. El mecanismo es el mismo: cuando el secreto opera como muro, la investigación —judicial o histórica— trabaja con agujeros.

Todo esto importa para el 23-F por una razón muy concreta: si el país quiere cerrar con rigor su episodio más traumático de la Transición, necesita un esquema de desclasificación que funcione no solo en un titular, sino en expedientes reales, con criterios que no dependan del humor de un Consejo de Ministros concreto. La transparencia no es una ceremonia, es una práctica administrativa. Y en España, ese es el terreno donde el 23-F sigue teniendo sombra.

La carpeta del 23-F en 2026: memoria, plazos y piezas sueltas

El reconocimiento del 27-F como Lugar Inmaterial coloca una foto luminosa sobre la mesa: la de un país que, cuatro días después del golpe, llenó calles con un mensaje nítido. Pero, en 2026, la discusión relevante no está solo en el homenaje, sino en la coexistencia de ese homenaje con una arquitectura de secreto que todavía guarda legajos, informes, escuchas y comunicaciones cuyo acceso permitiría afinar responsabilidades, despejar dudas y dejar menos margen a las versiones interesadas. Esa es la paradoja del aniversario: cuanto más se celebra lo que se vio, más se nota lo que no se puede ver.

En el centro del asunto están tres piezas con nombres y apellidos: el sumario del juicio con sus 89 legajos en el depósito acorazado del Supremo; el fondo del CESID/CNI con el Informe Jáudenes como símbolo de la zona roja documental; y el paquete de comunicaciones interceptadas entre Zarzuela, Moncloa y capitanías generales. Son tres puertas distintas, con llaves distintas, y por eso el debate se atasca con facilidad: no basta con “desclasificar el 23-F” como si fuera un botón único. Hay que abrir armarios concretos, con inventario, con criterio y con calendario.

La futura ley introduce la promesa del reloj —45 años para alto secreto, 35 para secreto— y por primera vez dibuja una vía para que investigadores, periodistas e historiadores soliciten desclasificación cuando haya vencido el plazo. Pero también deja claro que la seguridad nacional seguirá siendo la frontera última, y ese matiz, en España, nunca es menor. El 23-F, 45 años después, sigue siendo eso: un hecho histórico enorme y, a la vez, un expediente incompleto a ojos del público. Y mientras esa carpeta no se abra de verdad —no solo en fotos conmemorativas, también en documentos consultables— el aniversario seguirá llegando con una doble banda sonora: la del “nunca más” en la calle y la del cerrojo en el archivo.

🔎 Contenido Verificado ✔️

Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: Boletín Oficial del Estado, Ministerio de la Presidencia, Poder Judicial, RTVE, El País, El Confidencial, La Razón.

Alessandro Elia

Fuente de esta noticia: https://donporque.com/papeles-23-f-bajo-llave/

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