El senador Rafael Filizzola, cuestiona al presidente de la República, Santiago Peña por pasar por alto los límites que impone la Constitución Nacional a las Fuerzas Armadas. La decisión debe estar reglada por el procedimiento constitucional de Estado de Excepción, afirma. Considera como una medida desesperada del gobierno por haber fracasado pese a que hace más de una década está militarizado el norte.
El anuncio por parte del Consejo Nacional de Defensa (Codena), de que las Fuerzas Armadas intervendrán en cualquier territorio “bajo amenaza”, extendiendo su radio de acción de por sí limitado por la Constitución Nacional al resguardo de la soberanía, genera críticas por parte de actores de la oposición. Esta situación en la que la fuerza castrense tendría facultades extraordinarias, para reinstaurar el orden y la seguridad pese a la militarización, no resulta y no basta, aseguró el senador Rafael Filizzola.
“Hacer más de lo mismo sin lograr el resultado solo evidencia el fracaso de un modelo. Varios departamentos del país viven ‘militarizados’ hace más de una década con la excusa de la lucha contra el EPP, y a pesar de reiterados anuncios de su derrota se evidencia que no lo han logrado. La excepción no puede ser la regla, la solución no puede ser simplemente reactiva. Se debe cambiar el modelo y apostar por el fortalecimiento de las instituciones naturales a cargo de la seguridad interna, la Policía principalmente”, indicó.
Sostuvo que el presidente de la República, Santiago Peña, y su equipo de gobierno saltan los resortes constitucionales “cuando quieran” y consideró una alerta que se dé a las fuerzas militares el poder de desplazamiento casi “permanente” más allá de la zona de militarización en el norte.
“Sin embargo, una vez más queda claro que al cartismo, y al presidente Santiago Peña en particular, lo que establece la Constitución de la República no constituye un límite y lo pueden saltar cuando quieran. Ahora, particularmente en lo relativo a los que se refieren al empleo de fuerzas militares en seguridad interna. No solo se consolidan departamentos bajo estado de excepción de carácter permanente —que habilitan la participación de fuerzas militares en funciones propias de seguridad pública—, sino que además se prevé su eventual extensión a cualquier punto del territorio nacional por consejo del Codena, sobre la base de informes de inteligencia que identifiquen la actuación de grupos criminales en determinadas zonas”, sostuvo.
Manifestó que aparentemente el término de “apoyo” por el cual las fuerzas castrenses podrán desplazarse en zonas donde debe ser soberana la policía, sería un término camuflado para que las FFAA tomen áreas y operativas que son de naturaleza policial. “Aunque formalmente se lo presenta como “apoyo” a la Policía Nacional, resulta previsible el desplazamiento operativo y funcional a cargo de las FFAA, con impacto directo sobre el rol policial”, advirtió.
Procedimiento por fuera de la CN
Filizzola cuestiona que esta medida, que se anunció, no se dé tal como está establecido en la Carta Magna, con un procedimiento constitucional que es el Estado de Excepción. Sostiene que el Ejecutivo saltea y deja fuera de la decisión al Congreso donde deberían estudiarse tales pedidos.
“Estas medidas requieren el procedimiento constitucional del Estado de Excepción, previsto en todas las constituciones democráticas del mundo y por supuesto en la nuestra también, que establece límites al poder de las fuerzas de seguridad y por supuesto autorización y control del Congreso”, manifestó.
Consideró además que son medidas “desesperadas” del Gobierno que están más bien en función “a generar una sensación de que ‘se hace algo, que la gente crea que el gobierno está en control de la situación’ – reconoce que la Policía Nacional se encuentra operativamente sobrepasada, pero no se observan medidas eficaces orientadas a su fortalecimiento institucional. Desde el inicio algunos hemos advertido que la formación, profesionalización y especialización del personal constituyen pilares para reforzar las capacidades y sean sostenibles”, subrayó.
«¿Cuántos agentes egresaron de manera exprés?, ¿qué capacidades concretas fueron efectivamente incrementadas, si finalmente se recurre a la militarización como mecanismo de respuesta? La experiencia comparada en América Latina señala de forma contundente que el empleo de fuerzas militares en materia de seguridad interna presenta serias limitaciones en términos de eficacia y plantea vicios con los principios de legalidad y proporcionalidad en el uso de la fuerza”, remarcó.
Por último, sostiene que la medida anunciada es una ambiguedad preocupante por estar sujeta a interpretaciones en especial, cuando las fuerzas militares pueden desplazarse y actuar en zonas urbanas ante escenarios como: “1- posesión de armamento de guerra como fusiles de asalto, circunstancia que no resulta novedosa en determinados contextos delictivos—; 2- existencia de entrenamiento pseudomilitar, cuya definición normativa carece de precisión; y/o
3- manifestación de intención de imponerse sobre la autoridad del Estado”.
“La amplitud e indeterminación de estos supuestos generan riesgos de interpretación extensiva y comprometen por un lado la razonabilidad y por el otro el uso racional de la fuerza en el marco constitucional. Básicamente podrán hacer lo que quieran”, finalizó.
ultimahora.com
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