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En Nariño, la justicia comienza a cambiar de rostro. Lejos de los estrados y los largos procesos judiciales, el departamento avanza hacia un modelo que privilegia el diálogo, la conciliación y la presencia institucional en los territorios más apartados. Esa fue la apuesta que quedó trazada tras una jornada clave en Pasto, donde el Ministerio de Justicia y del Derecho, autoridades locales y operadores del sistema definieron una hoja de ruta conjunta para fortalecer el acceso a la justicia y consolidar los mecanismos alternativos de solución de conflictos como eje del plan de acción 2026.
La reunión del Comité Departamental de Justicia no fue un trámite más en la agenda institucional. En ese espacio estratégico se acordaron medidas concretas para reducir las barreras que históricamente han limitado a miles de ciudadanos —sobre todo en zonas rurales y de difícil acceso— a ejercer su derecho a una justicia oportuna y eficaz. La prioridad es clara: acercar el Estado a las comunidades y ofrecer respuestas ágiles antes de que los conflictos escalen a procesos judiciales prolongados.
El trabajo articulado entre entidades del orden nacional, departamental y municipal busca consolidar una red capaz de responder de manera coordinada a las necesidades del territorio. El plan de acción 2026 pone el acento en la justicia en equidad, la coordinación interinstitucional y el empoderamiento comunitario, además de ampliar la cobertura mediante jornadas móviles que llevan servicios jurídicos a poblaciones donde la institucionalidad suele ser intermitente o inexistente.
Hoy, Nariño cuenta con 19 Sistemas Locales de Justicia en funcionamiento, una cifra que refleja avances en la territorialización de la política pública. Sin embargo, el desafío es mayor: extender estos sistemas a municipios estratégicos y convertirlos en verdaderos nodos de articulación institucional, donde la oferta estatal dialogue con las necesidades reales de la ciudadanía y los conflictos puedan resolverse desde el propio territorio.
“El Comité Departamental de Justicia no solo es una instancia de coordinación, sino un escenario estratégico para la toma de decisiones en materia de justicia en las regiones”, afirmó el ministro de Justicia y del Derecho, al subrayar que la política pública solo puede consolidarse con la participación activa de todos los actores y con una integración efectiva entre la justicia formal y los mecanismos alternativos.
En esa misma línea, Martha Ramos, directora de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, destacó el papel de las Casas de Justicia como puerta de entrada para quienes buscan soluciones ágiles y efectivas. Allí, explicó, la conciliación se convierte en una herramienta poderosa: los acuerdos alcanzados no solo resuelven controversias de manera pacífica, sino que tienen plenos efectos jurídicos.
La agenda territorial incluyó también un componente social de alto impacto. En la Cárcel y Penitenciaría de Mediana Seguridad con Reclusión de Mujeres de Pasto se desarrolló un taller de resolución de conflictos orientado a fortalecer herramientas de diálogo y convivencia dentro del establecimiento. La iniciativa apunta a que la justicia alternativa no sea únicamente un recurso externo, sino una práctica cotidiana que contribuya a transformar dinámicas de conflicto incluso en contextos de reclusión.
Con esta hoja de ruta, Nariño se perfila como un laboratorio de justicia cercana, preventiva y participativa. La meta es ambiciosa: que resolver un conflicto no sea sinónimo de un proceso interminable en los tribunales, sino el resultado de un acuerdo construido desde el territorio, con respaldo institucional y con la comunidad como protagonista.
ACERCA DEL CORRESPONSAL
REDACCIóN COLOMBIA
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