En la política uruguaya, pocas cosas resultan tan contraproducentes como la distancia entre lo que se dice y lo que se hace. En el caso del Frente Amplio, esa brecha se manifiesta con especial nitidez cuando el discurso, lejos de ordenar la acción, termina sustituyéndola. El resultado es una sensación persistente de parálisis que no solo erosiona la eficacia del gobierno, sino que además confunde a la opinión pública.
La identidad histórica del Frente Amplio se construyó sobre la deliberación interna, la pluralidad ideológica y la búsqueda de consensos amplios. Esa diversidad fue durante décadas su mayor capital político. Pero cuando las diferencias internas se transforman en mensajes contradictorios hacia afuera, la fortaleza se convierte en debilidad. El debate, que debería enriquecer la decisión, termina postergando.
La política exterior es un ejemplo elocuente. Uruguay necesita previsibilidad y claridad en su inserción internacional. Es un país pequeño que depende de su credibilidad y de su capacidad de generar confianza. Sin embargo, cuando dentro del oficialismo conviven visiones divergentes sobre acuerdos comerciales, alineamientos estratégicos o vínculos con determinadas potencias, la señal que se transmite es ambigua. Mientras algunos sectores enfatizan la apertura y la pragmática defensa del interés nacional, otros priorizan consideraciones ideológicas o regionales. Esa tensión, cuando no se resuelve en una posición unificada, proyecta indecisión.
Algo similar ocurre con la discusión sobre cargar fiscalmente a los sectores de mayores ingresos o patrimonios. El debate es legítimo y necesario en cualquier democracia que aspire a mayor equidad. Pero cuando la discusión se convierte en una disputa pública entre dirigentes del propio espacio político, el mensaje pierde coherencia. ¿Se trata de una reforma estructural? ¿De una señal simbólica? ¿De una necesidad fiscal coyuntural? Las respuestas múltiples, emitidas desde el mismo espacio, generan desconcierto. La ciudadanía percibe más ruido que dirección.
La inseguridad, por su parte, es el terreno donde la fragmentación discursiva se vuelve más costosa. La demanda social es clara: eficacia, coordinación y resultados. Sin embargo, dentro del Frente Amplio y del gobierno emergen miradas diversas sobre el enfoque adecuado. Algunos priorizan políticas sociales de largo plazo; otros enfatizan la necesidad de herramientas represivas más firmes; otros advierten sobre los riesgos de vulnerar garantías. Todas esas perspectivas pueden ser atendibles, pero cuando se expresan sin una síntesis clara, el efecto es de desorientación.
La opinión pública no tiene por qué conocer los matices internos de cada sector. Lo que espera es conducir. Cuando los voceros de un mismo proyecto político emiten diagnósticos distintos y proponen soluciones que no parecen converger, la percepción es que no hay timón. Y en política, la percepción suele pesar tanto como la realidad.
No se trata de exigir uniformidad acrítica ni de negar la riqueza de la diversidad interna. Se trata de asumir que gobernar implica priorizar, ordenar y decidir. La deliberación permanente puede ser virtuosa en la oposición, donde el costo de la indefinición es menor. En el ejercicio del poder, en cambio, la indecisión se traduce en demora, y la demora en desgaste.
El Frente Amplio enfrenta un desafío estratégico: transformar su pluralidad en una síntesis operativa. Eso exige liderazgo, capacidad de arbitraje y, sobre todo, voluntad de asumir costos. Cada decisión relevante —en política exterior, en materia fiscal o en seguridad— inevitablemente dejará disconformes a algunos sectores. Pretender evitar toda tensión interna conduce a una parálisis que termina afectando a todos.
Uruguay necesita claridad en sus prioridades. La ciudadanía demanda señales consistentes y políticas sostenidas en el tiempo. Si el discurso se convierte en un fin en sí mismo y la acción queda subordinada a equilibrios internos, el proyecto político pierde fuerza. Y cuando eso ocurre, no solo se debilita un partido o una coalición: se debilita la confianza pública en la capacidad del sistema político para dar respuestas.
La historia del Frente Amplio demuestra que puede tomar decisiones complejas y sostenerlas. La pregunta es si está dispuesto a salir del laberinto discursivo y asumir que gobernar implica elegir. Porque, en definitiva, no decidir también es una forma de decidir. Y casi siempre, es la más costosa.
Amalia Plachot
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/el-gobierno-y-el-frente-amplio-id186629/
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