Por primera vez en su historia, la Asamblea General conformará una comisión investigadora en su órbita para analizar un contrato estratégico de defensa del Estado. La decisión, fruto de un acuerdo interpartidario, apunta a esclarecer las responsabilidades políticas, administrativas e institucionales en la fallida compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama, un negocio que terminó rescindido por el Poder Ejecutivo y que hoy es calificado por legisladores oficialistas como “el fraude más grande de la historia en las compras militares del país”.
La comisión será creada formalmente este lunes 23 de febrero, cuando la Asamblea General se reúna en sesión extraordinaria a las 15 horas. Estará integrada por 17 legisladores —nueve del Frente Amplio y ocho de la oposición— y será presidida por un representante opositor, en un gesto político que busca reforzar su legitimidad y credibilidad pública.
El anuncio fue realizado en conferencia de prensa por los senadores frenteamplistas Daniel Caggiani y Sebastián Sabini, minutos después de culminada una sesión extraordinaria del Senado en la que se resolvió dejar sin efecto la comisión preinvestigadora creada en esa cámara y trasladar la investigación al ámbito de la Asamblea General para evitar superposición de esfuerzos con Diputados.
“La comisión preinvestigadora fue totalmente reglamentaria y legítima”, señaló Caggiani, pero explicó que la existencia de iniciativas paralelas en ambas cámaras hacía más razonable concentrar la investigación en un único órgano parlamentario. “Por acuerdo multipartidario, se resolvió crear una Comisión Especial de Investigación en la Asamblea General. Es la primera vez en la historia que sucede algo así”, subrayó.
La comisión tendrá un plazo inicial de seis meses para cumplir su cometido, aunque ese lapso podría extenderse si así lo resuelve el Parlamento. Durante ese tiempo, se espera que convoque a jerarcas actuales y pasados, técnicos, asesores, representantes del astillero y autoridades vinculadas al proceso de contratación y control.
“Queremos que los principales involucrados den explicaciones públicas, y también que puedan defenderse”, concluyó Caggiani. “Pero sobre todo queremos que la ciudadanía sepa qué pasó, porqué pasó y cómo evitar que algo así vuelva a suceder”.
Precisamente, si bien la lista aún no se conformó, el senador Javier García sería uno de los primeros a ser convocados a declarar, según confiaron al Diario La R fuentes políticas. Pero además, no descartaron que el exministro vuelva a ser citado al final de las actuaciones una vez que estén recabados todos los testimonios. Por este tema, el relacionamiento entre García y el oficialismo –tanto la bancada del FA como el propio gobierno- ha sido particularmente áspero. García acusó al gobierno de mala fe y afirmó que éste tenía la decisión de romper el contrato con Cardama desde antes de asumir el primero de marzo.
Para el ex ministro de Defensa Nacional rescindir ese acuerdo es desechar la posibilidad de que el país tenga patrulleras oceánicas
Además, sostuvo que el país queda expuesto ahora a una demanda internacional donde todos pierden.
Además, aseguró que el abogado Gonzalo Fernández, representante de Cardama, presentó varias alternativas de garantías al gobierno y que éste no respondió. No obstante,
No obstante, García dijo que está de acuerdo con que se investigue todo. Sobre el mismo tema, el prosecretario de la presidencia, Jorge Díaz, acusó al exministro de “fungir” de “abogado defensor” de Cardama.
Un contrato bajo sospecha
El eje de la investigación será el contrato firmado en diciembre de 2023 entre el Ministerio de Defensa Nacional y el astillero Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas (OPV), por un monto cercano a los 82 millones de euros. El acuerdo fue rescindido por el actual gobierno tras constatarse incumplimientos graves, irregularidades en las garantías y, según admitió el propio presidente de la República, la existencia de documentos apócrifos.
“Uno de los principales actores involucrados en esa compra es el exministro de Defensa Javier García, que hoy integra la Cámara de Senadores”, recordó Caggiani, al explicar por qué el Frente Amplio consideró imprescindible activar mecanismos de control parlamentario. “Estamos hablando de un negocio ruinoso, con apariencia claramente fraudulenta, que terminó con barcos que no existen y millones de dólares comprometidos”.
La comisión investigadora tendrá como cometido analizar todo el proceso: la selección del proveedor, el régimen de garantías, la ejecución contractual, los pagos realizados, la supervisión técnica, la rescisión del contrato y las decisiones administrativas adoptadas antes y después de que se detectaran las irregularidades.
“Apariencia fraudulenta” y responsabilidades
En su exposición, los legisladores oficialistas insistieron en que la investigación no tiene un fin persecutorio, pero sí busca determinar quiénes dieron las órdenes y bajo qué criterios se tomaron decisiones que terminaron comprometiendo el patrimonio del Estado y la credibilidad institucional del país.
“El compromiso de las bancadas del Frente Amplio es aportar todos los elementos necesarios para que se esclarezca quiénes fueron los responsables de este negocio que ha sido catalogado como el fraude más grande de la historia de las compras militares”, afirmó Caggiani. “No podemos mirar para otro lado cuando se acepta una garantía falsa, o peor aún, dos garantías falsas”.
Sabini, por su parte, explicó que uno de los principales problemas detectados durante la preinvestigación fue la fragmentación de la información. “No existe un expediente único de esta compra”, señaló. “Hay informes técnicos, jurídicos, administrativos, pericias internacionales, pero todo está disperso. La comisión va a permitir ordenar esa información y acceder a documentación que hoy no está sistematizada”.
Información reservada y vínculo con la Justicia
Consultados sobre los límites del acceso a la información, los senadores señalaron que el Poder Ejecutivo expresó su disposición a colaborar, siempre que no se afecte el curso de las denuncias penales en trámite. En ese marco, no se descarta que la comisión funcione parcialmente en régimen de sesiones secretas, una herramienta prevista en el reglamento parlamentario.
“La información existe y es mucha”, insistió Sabini. “Si hay elementos que no pueden hacerse públicos de inmediato, se utilizarán los mecanismos institucionales para proteger la investigación judicial. Pero el Parlamento tiene derecho y obligación de conocer los hechos”.
En ese sentido, los legisladores confirmaron que toda la información relevante que surja del trabajo parlamentario podrá ser remitida a la Justicia, en caso de detectarse nuevas irregularidades o responsabilidades no contempladas hasta ahora.
Un acuerdo político excepcional
La creación de una comisión investigadora en la Asamblea General constituye un hecho excepcional en la historia parlamentaria del Uruguay. Según destacaron los legisladores, la decisión refleja la gravedad del caso y la necesidad de enviar una señal clara a la ciudadanía.
“Este no es el tema más grave que enfrenta el país, pero sí es uno de los más notorios de los últimos años”, afirmó Caggiani. “Que todo el sistema político haya entendido que es necesario echar luz sobre este asunto es una señal muy importante para la democracia”.
El acuerdo interpartidario también despeja, al menos por ahora, la tensión generada entre oficialismo y oposición por la coexistencia de comisiones investigadoras en ambas cámaras. En Diputados, el debate sigue abierto, aunque varios legisladores ya adelantaron que la comisión de la Asamblea General será el ámbito principal de investigación.
Marcelo Falca
Fuente de esta noticia: https://grupormultimedio.com/el-exministro-de-defensa-y-actual-senador-javier-garcia-sera-uno-de-los-primeros-citados-a-declarar-id186755/
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