Imagen Mintrabajo de Colombia
En la madrugada de este sábado, el Ministerio del Trabajo culminó el acompañamiento al sellamiento de las instalaciones no esenciales para la prestación del servicio de energía de la Empresa de Energía de Santander (ESSA), en el marco de la huelga promovida por el sindicato Sintraelecol. La actuación, realizada bajo la supervisión de la autoridad laboral, buscó garantizar el ejercicio legítimo del derecho a la huelga sin comprometer la continuidad de un servicio público considerado esencial para millones de usuarios.
El procedimiento se llevó a cabo en dependencias administrativas ubicadas en Bucaramanga, específicamente en las áreas jurídica, Secretaría General y auditoría, así como en Barrancabermeja, donde fueron selladas las oficinas de atención técnica a clientes y la de reducción y control de energía. Según precisó la cartera laboral, estas instalaciones no inciden de manera directa en la operación indispensable para el suministro eléctrico, por lo que su cierre se enmarca en las facultades legales y en los protocolos establecidos para este tipo de situaciones.
La denominada “hora cero” de la huelga comenzó el viernes 20 de febrero a las 7:00 de la mañana, luego de que concluyeran sin acuerdo varias mesas de diálogo en las que participaron delegados del Ministerio del Trabajo y del Ministerio de Minas y Energía. A pesar de los esfuerzos institucionales por acercar posiciones entre la empresa y la organización sindical, las partes no lograron consensuar una salida a las diferencias que dieron origen al cese de actividades.
En Colombia, el derecho de huelga está protegido por la Constitución Política y constituye una herramienta legítima de los trabajadores para la defensa de sus intereses. Sin embargo, su ejercicio debe armonizarse con la salvaguarda de los servicios cuya interrupción podría generar afectaciones graves a la comunidad. En el caso del sector eléctrico, la continuidad del suministro resulta crítica para el funcionamiento de hospitales, industrias, comercios y hogares, lo que exige un manejo riguroso y equilibrado por parte de las autoridades.
En ese contexto, el Ministerio del Trabajo reiteró que su intervención no solo se orienta a velar por el respeto de las garantías sindicales, sino también a asegurar que las actividades indispensables para el suministro de energía se mantengan operativas. El objetivo, subrayó la entidad, es evitar que la protesta colectiva derive en una afectación desproporcionada a los usuarios y al interés general.
La cartera laboral hizo un llamado expreso tanto al sindicato como a la empresa para actuar con responsabilidad y garantizar la prestación continua del servicio público esencial. Recordó, además, que el incumplimiento de las obligaciones legales asociadas a la protección de estos servicios puede dar lugar a investigaciones administrativas y a la imposición de las sanciones previstas en la normativa vigente.
El Gobierno nacional reafirmó su disposición de seguir acompañando los espacios de diálogo social que permitan reconstruir la confianza entre las partes y avanzar hacia un acuerdo que supere la actual coyuntura. En un escenario complejo, el Ministerio del Trabajo insistió en que la ruta institucional, el respeto por la ley y la búsqueda de consensos siguen siendo las herramientas fundamentales para proteger tanto los derechos laborales como el bienestar de la ciudadanía.
