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Después de más de 35 años de movilizaciones, plantones, reclamos administrativos y persistencia colectiva, cerca de 60 mil madres comunitarias en Colombia alcanzaron lo que durante décadas parecía una promesa lejana: su vinculación laboral directa al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). El anuncio fue celebrado como un hito social en un encuentro sostenido con el presidente Gustavo Petro, en el que mujeres provenientes de distintas regiones del país coincidieron en calificar el paso como un logro histórico en la dignificación del trabajo de cuidado.
La formalización laboral marca un punto de inflexión en una lucha que atravesó generaciones. Muchas de las asistentes recordaron que el reclamo por el reconocimiento del salario mínimo y por condiciones laborales justas comenzó en la década de los ochenta y se mantuvo vivo gracias a la organización comunitaria. “Hemos subido otro escaño”, señalaron varias voceras, aludiendo a un proceso que, aunque gradual, representa para ellas un avance estructural en el reconocimiento de su labor.
Desde departamentos como Cauca y ciudades como Valledupar, las representantes subrayaron que la decisión impacta de manera directa a decenas de miles de mujeres que, durante años, sostuvieron programas de atención a la primera infancia en condiciones de alta precariedad. El trabajo que realizan —centrado en el cuidado, la nutrición, la formación inicial y la protección de niños y niñas en contextos vulnerables— no solo tiene un alcance social, sino que constituye una base silenciosa del tejido comunitario en amplias zonas del país.
Durante el encuentro, varias madres comunitarias enfatizaron que el cuidado ha sido históricamente subvalorado, pese a su papel determinante en la construcción social y en la reducción de brechas. Recordaron que su labor fue asumida durante años como una extensión del rol doméstico femenino, lo que dificultó su reconocimiento como empleo formal. Hoy, con la vinculación directa al ICBF, consideran que se avanza hacia una transformación más amplia en la manera en que el Estado concibe y respalda el trabajo de cuidado.
Olinda García, una de las lideresas presentes, destacó que el proceso cobró fuerza desde 2023, cuando las movilizaciones y los paros nacionales volvieron a situar la demanda en el centro del debate público. Según explicó, la presión organizada fue determinante para acelerar las decisiones institucionales y consolidar una normativa que hoy consideran progresiva. En sus intervenciones, varias trabajadoras también expresaron su reconocimiento al Gobierno nacional, a la vicepresidenta Francia Márquez y a las directivas del ICBF por el acompañamiento durante el proceso de transición hacia la formalización.
Más allá de la dimensión contractual, la jornada dejó un mensaje político y social de mayor alcance: el trabajo de cuidado no es accesorio ni secundario, sino un pilar fundamental en la arquitectura del bienestar colectivo. Las madres comunitarias insistieron en que su victoria no es únicamente laboral, sino simbólica, pues redefine la valoración de una tarea históricamente invisibilizada.
Con la formalización, estas mujeres no solo consolidan derechos laborales largamente reclamados, sino que reafirman su papel como agentes esenciales en la protección de la infancia y en la construcción de comunidad. El desafío, coinciden, será garantizar la sostenibilidad de lo alcanzado y continuar defendiendo sus derechos en un contexto cambiante. Tras décadas de resistencia persistente, la voz de las madres comunitarias deja de ser un eco aislado para convertirse en una referencia obligada en el debate nacional sobre justicia social y dignidad laboral.
