Archivo WEBP
A diecisiete días de que el país acuda a las urnas para renovar el Congreso y participar en consultas presidenciales, el presidente Gustavo Petro vuelve a situarse en el centro del debate público con una convocatoria que desborda el terreno económico y se adentra de lleno en la disputa política. Este jueves, el mandatario encabezará una nueva jornada de movilizaciones bajo la consigna “ni un peso atrás”, en defensa del incremento del 23 % del salario mínimo -que lo llevaría a COP 2.000.000 con auxilio de transporte-, una medida que fue suspendida provisionalmente por el Consejo de Estado.
La cita principal será en la histórica Plaza de Bolívar, corazón político de la capital, donde el jefe de Estado pronunciará un discurso ante sus bases. Sin embargo, la convocatoria tiene alcance nacional: el llamado es a concentrarse en plazas públicas y frente a los palacios de justicia de las principales ciudades del país, en una demostración simultánea de respaldo ciudadano a la política salarial del Gobierno.
En los últimos días, el presidente ha reiterado que la defensa del llamado “salario vital” no es solo una discusión técnica, sino una bandera social que, a su juicio, compromete el modelo económico y la dignidad de millones de trabajadores. La narrativa oficial insiste en que el aumento está sustentado en criterios constitucionales y económicos verificables, y que su suspensión judicial desbordó los límites propios de una medida cautelar al anticipar un juicio de fondo sobre la legalidad de la decisión.
El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que, en paralelo a las movilizaciones, el Ejecutivo activó recursos jurídicos para revertir la decisión del alto tribunal. Según explicó, el Ministerio del Trabajo, junto con las carteras de Hacienda y la Presidencia, presentó un recurso de súplica en defensa del incremento, argumentando que la providencia que lo dejó en suspenso reconfigura temporalmente una política salarial que, sostiene el Gobierno, está amparada por la Constitución y el bloque de constitucionalidad.
Pero el alcance de la convocatoria trasciende la controversia salarial. Desde la Casa de Nariño se ha vinculado la jornada con la defensa de lo que el presidente denomina “la libertad de voto”, en un contexto preelectoral marcado por encuestas, alianzas y reacomodos de fuerzas. En recientes intervenciones públicas, el mandatario ha advertido sobre lo que considera riesgos para el voto libre y ha llamado a sus simpatizantes a permanecer movilizados.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, añadió un elemento adicional al escenario político: el inicio de la recolección de firmas para impulsar una asamblea nacional constituyente, proceso que comenzó formalmente esta semana en la sede presidencial con la firma de planillas por parte de varios altos funcionarios. La coincidencia temporal entre la movilización por el salario mínimo, el calendario electoral y el impulso constituyente perfila una estrategia de alta intensidad política.
No es la primera vez que el Gobierno recurre a la calle como escenario de disputa. Con la convocatoria de este jueves, la administración suma más de una docena de movilizaciones a lo largo del mandato, en momentos clave del trámite de reformas estructurales como la pensional y la laboral. La calle se ha convertido en un espacio de legitimación y presión política, tanto frente a las cortes como ante el Congreso.
En Bogotá, la concentración está prevista para las 14:00 horas y se espera que culmine con un discurso del presidente. La jornada se perfila como una demostración de fuerza en un momento en que el pulso entre el Ejecutivo y sectores de la oposición se intensifica. Mientras el Gobierno plantea la defensa del salario mínimo como una causa social innegociable, sus críticos advierten que la convocatoria coincide estratégicamente con la recta final de la campaña legislativa.
Así, la Plaza de Bolívar vuelve a erigirse como escenario simbólico de un país que debate no solo cifras y porcentajes, sino el rumbo de su proyecto político. Entre recursos judiciales, urnas próximas y llamados a la movilización, la defensa del salario mínimo se convierte en el eje de una confrontación que combina economía, poder y futuro electoral.
