Los cargos presentados en Nueva York señalan al depuesto dictador venezolano y a Diosdado Cabello como cabecillas de una trama que utilizó a México como plataforma logística para enviar toneladas de cocaína
La Fiscalía de Estados Unidos acusa al depuesto dictador venezolano Nicolás Maduro de haber vendido pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos cuando era ministro de Exteriores de Hugo Chávez, entre 2006 y 2008, para facilitar el transporte de cocaína hacia territorio estadounidense.
La información surge del escrito de imputación de 25 páginas presentado por el Departamento de Justicia ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, al que tuvo acceso el diario mexicano Reforma. El documento sostiene que esos documentos habrían brindado inmunidad diplomática a integrantes de los cárteles de Sinaloa y Los Zetas, dos de las organizaciones criminales más violentas de México.
Según la Fiscalía, ambas organizaciones, mencionadas 14 y 13 veces respectivamente a lo largo del documento, eran socias del llamado Cártel de los Soles, estructura criminal atribuida a altos mandos del régimen venezolano que operó entre 1999 y 2019.
“Maduro y sus cómplices se han aliado con narcoterroristas del Cártel de Sinaloa y Los Zetas para distribuir toneladas de cocaína en EE.UU.”, describe la acusación, según lo publicado por Reforma. La droga, procesada en Colombia y Venezuela, era enviada a través de una cadena de puntos de transbordo en el Caribe, Centroamérica y México antes de cruzar hacia el mercado estadounidense.
La acusación no se limita a Maduro. La Fiscalía señala también al actual ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, de haber cobrado sobornos de Los Zetas para garantizar el transporte de cocaína desde Venezuela hacia México. El expediente menciona además a Joaquín “El Chapo” Guzmán —hoy preso en Estados Unidos— como financiador de narcolaboratorios en Colombia cuya producción terminaba en el mercado estadounidense.
La estructura descrita en el expediente operaba a través de una cadena que arrancaba en puertos venezolanos y avanzaba por el Caribe y Centroamérica —con escalas en Honduras y Guatemala— antes de llegar a México, desde donde la droga cruzaba la frontera hacia Estados Unidos. “La cocaína procesada se enviaba desde Venezuela a Estados Unidos a través de puntos de transbordo en el Caribe y América Central, como Honduras, Guatemala y México”, indica el escrito, citado por Reforma.
Más allá del tráfico en sí, la Fiscalía describe a México no como un simple país de paso, sino como una plataforma logística, marítima y financiera del entramado. Y apunta a una corrupción sistémica que lo hizo posible: “los traficantes de cocaína que operaban en esos países pagaban una parte de sus ganancias a los políticos que los protegían y ayudaban”, sostiene el documento.
El período investigado, de 1999 a 2019, se extiende a lo largo de cinco administraciones mexicanas, desde el final del gobierno de Ernesto Zedillo hasta el inicio del de Andrés Manuel López Obrador, pasando por los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Aunque la acusación no formula cargos contra ningún ex mandatario mexicano, el señalamiento de México como parte estructural del entramado durante dos décadas ha generado inquietud política en ese país, donde el expediente es visto como una potencial fuente de presión de Washington sobre Ciudad de México, según consigna el diario ABC.
Esa presión podría intensificarse si Maduro decidiera cooperar con la justicia estadounidense a cambio de una reducción de su condena, un escenario que, de materializarse, tendría consecuencias impredecibles para la clase política mexicana.
Para construir el caso, los fiscales habrían recurrido a grabaciones de la DEA, testimonios de testigos protegidos y documentación financiera acumulada durante años de trabajo de inteligencia.
Mientras tanto, en Nueva York, el proceso avanza con demoras. La audiencia prevista para el 17 de febrero fue postergada al 26 de marzo. La Fiscalía alegó “problemas de planificación y logística”, sin dar más detalles, y la defensa no se opuso. Ese mismo día también comparecerá la esposa de Maduro, Cilia Flores, de 69 años.
Maduro, de 63 años, fue capturado en enero pasado durante una operación militar estadounidense en Caracas y trasladado a Nueva York, donde en su primera comparecencia se declaró inocente de los cargos de narcotráfico y aseguró ser un “prisionero de guerra”. Había gobernado Venezuela desde 2013 hasta enero de 2026, cuando fue derrocado. El poder quedó en manos de quien fuera su vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
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