Colombia vive bajo la impronta de la tiranía de algunos jueces que más que en defensa de la ley, la constitución y la ciudadanía pareces orbitar en torno a los intereses de los poderosos.
Esa situación tristemente se presenta en forma repetida.
Recientemente un magistrado del Consejo de Estado, máxima autoridad administrativa, suspendió sorpresivamente la aplicación de un decreto dictado por el ejecutivo y los ministros de hacienda y trabajo, fijando un aumento del salario mínimo en un porcentaje del 23.7% y solicitando, en forma inconstitucional, que el gobierno revisara seguramente a la baja el porcentaje mencionado, desconociendo de una parte la potestad del presidente y sus ministros de fijar ese aumento cuando la comisión de concertación salarial en la que tienen asiento los patronos, los sindicatos y el propio gobierno, no llegan a un acuerdo luego de sus siempre dilatadas negociaciones.
El gobierno recibió el golpe y, buscando darle sustento a la respuesta a la temeraria iniciativa del magistrado, reunió el pasado 17 de febrero a la citada comisión de concertación sólo para constatar que, como era de esperar, los líderes sindicales, pero sorpresivamente muchos de los gremios empresariales consideraban que se debía mantener el porcentaje señalado, con la discrepancia nada sorpresiva de la Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO).
Desde hace varios meses la corte constitucional mantiene en vilo a millones de trabajadores colombianos y centenares de miles de ancianos beneficiarios de la reforma pensional aprobada en dos ocasiones por el congreso de la república, luego de fieras discusiones, pues ha dilatado el estudio de la norma en lo referente a su constitucionalidad.
Luego de la aprobación de un presupuesto deficitario y subfinanciado por parte del congreso de la república, el gobierno, intentando subsanar el déficit que pone en peligro iniciativas redistributivas y de profundo impacto social propuso una ley de financiamiento en la que se imponían contribuciones progresivas que afectaban, como casi nunca ocurre, a los sectores más pudientes de la sociedad y en menor grado, como siempre ocurre, a la clase media. El congreso cínicamente negó la citada ley dizque para proteger al pueblo raso, el último beneficiario de las iniciativas que el gobierno pretendía financiar con esa ley.
En vista de lo anterior el presidente y sus ministros decretaron la emergencia económica, mecanismo constitucional que le permitiría establecer por vía de decreto esas contribuciones que el congreso ladinamente le había negado. A pocos sorprendió que unos días después la corte constitucional ordenara la suspensión de ese decreto “mientras se establecía su constitucionalidad”.
Hace algunos días el afamado periodista Juan Pablo Barrientos, reconocido por sus sustentadas denuncias en contra de sacerdotes pederastas protegidos por la Iglesia Católica, denuncias que ya le han generado bastantes inconvenientes, publicó en el medio alternativo Casa Macondo una crónica en la que ponía en evidencia las artimañas del entonces magistrado presidente de la Corte Constitucional para evadir su responsabilidad y reconocer la paternidad de un hijo y revelaba resultados de estudios de ADN que demostraban con una probabilidad superior al 99.9% que el joven denunciante era hijo del magistrado.
Luego de afirmar temerariamente que había sido víctima de violación por parte de la madre del joven, el magistrado en cuestión interpuso recursos para “salvaguardar su buen nombre”, el recurso mencionado fue finalmente resuelto en segunda instancia por una juez de la ciudad de Neiva que ordenó la destrucción del material publicado y de las pruebas que lo sustentan.
La decisión de la togada generó una tormenta mediática ya que muchos importantes medios se pronunciaron en contra de la misma. En el día de hoy el consejo de estado saca un comunicado exigiendo el acatamiento y respeto por los fallos de los jueces.
Frente a todo este ramillete de situaciones y, en modo superlativo por la censura impuesta a un reconocido medio y un distinguido periodista, pese a que la constitución nacional la prohíbe, uno se pregunta qué está pasando con la justicia en Colombia, a quien protege…
¿Pueden los jueces ordenar la desaparición de una minuciosa investigación periodística? ¿Puede un juez de cualquier categoría coartar la libre expresión e imponer censura? ¿Está a su alcance sobrepasar los límites que le impone la constitución?
¿Puede un juez, violando los límites que establece la constitución, imponer la censura más severa y acallar una investigación minuciosa sobre un tema de interés público?
Aquí parece que la justicia protege la “dignidad”, el “honor”, el “buen nombre” de los poderosos por más cuestionables que sean sus conductas.
Que abandonar a un hijo, denostar de una mujer, acusarla falsamente, violar su derecho a un buen nombre, pisotear su dignidad, mancillar su honor, sea irreprochable según la importancia del cargo que el perpetrador ocupe, de sus influencias perversas, del dinero con que cuente, nos debe, por lo menos, preocupar a todos…
Lo que sucedió con la cuidadosa y documentada investigación de Juan Pablo Barrientos (@JPBarrientosH) y el equipo de @Casa_Macondo, así como la persecución que ha desatado un candidato presidencial con ínfulas de destripador en contra de notables comunicadores que se han atrevido a revelar sus vínculos cuestionables, son ejemplos de la más repugnante y peligrosa censura.
Y eso que se supone que la censura está prohibida en este país, Colombia, el país de la belleza, de la belleza de jueces prevaricadores y abusivos, sin embargo, es de común ocurrencia que los poderosos la ejerzan, bien sea a través de la tiranía de algunos juristas, o bien a través de la amenaza, la persecución y el atentado.
Muchos insignes comunicadores han sido víctimas de ella, muchos han sido desterrados o asesinados por quienes han puesto en evidencia. Los perpetradores necesitan una prensa arrodillada, cautiva de sus miedos, proclive al silencio y la complicidad.
Ejemplos sobran.
Defender el derecho a la libertad de prensa es defender nuestro derecho a la información, es defender nuestra libertad y nuestra democracia. No puede haber libertad ni democracia sin verdad.
Ya tenemos suficiente con el hecho de tener que tolerar que el ejercicio del buen periodismo sea tan difícil, tan peligroso y tan perseguido en nuestro país, que los medios más grandes y tradicionales hayan sido cooptados por los poderosos y los corruptos, por los politiqueros y los socios y financiadores de quienes amenazaron, desplazaron, despojaron, desaparecieron, torturaron y asesinaron a centenares de miles de campesinos pobres y vulnerables, líderes sociales y ambientales, sindicalistas, miembros de partidos políticos contrarios a los gobiernos ultraderechistas de esas épocas aciagas, para que aparezcan jueces y leguleyos venales que, en consonancia con aquellos, quieren negarnos el derecho a conocer la verdad y a estar bien informados.
Una organización de pacotilla, con un nombre rimbombante y engañoso de la que se espera haga un pronunciamiento en defensa de la libertad de prensa hoy tan vulnerada, es la única que aún no se ha pronunciado.
Ya lo decía con amarga ironía un destacado periodista víctima hoy de censura: Tampoco se espera que lo haga, pues, pese al nombre que ostenta, se ha especializado en defender a otro tipo de comunicadores proclives a otro tipo de prácticas y no a la integridad, valentía y rigurosidad de un Juan Pablo Barrientos, mucho menos de un medio como Casa Macondo, uno de los, por fortuna, no pocos medios que intentan, pese a la censura, realizar un periodismo comprometido con la verdad, abanico del cual hacen parte Vorágine, Cuestión Pública, La otra Cara, Raya, la Nueva Prensa del maestro Guillén.
Mientras esto escribo me llega la noticia esperada de que la Comisión de Disciplina Judicial investigará a los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que en forma contraevidente fallaron a favor del muy cuestionado ALVARO URIBE VÉLEZ declarándolo inocente de los cargos por soborno a testigos y manipulación de la justicia por los que había sido condenado en primera instancia a doce años de prisión…
El show de la justicia en su furor. Me viene a la mente una frase ya bastante vapuleada pero no por ello menos cierta: “El respeto se gana, no se exige”
CARLOS FAJARDO
PRENSA MERCOSUR
Febrero de 2026
