Ayuso cambia Educación: Viciana fuera, Zarzalejo dentro; dimiten tres diputados, ruedan altos cargos y la ley universitaria marca el pulso!!
Isabel Díaz Ayuso ha decidido cambiar de manos una de las carteras más delicadas del Gobierno regional: Educación, Ciencia y Universidades. Emilio Viciana ha salido del Consejo de Gobierno y, casi a la vez, ha empezado a caer un pequeño dominó interno que no suele verse en Puerta del Sol cuando el partido va con el piloto automático. Tres diputados del PP en la Asamblea de Madrid anunciaron su renuncia al escaño, y en la Consejería se han precipitado salidas en puestos clave. Lo que era un relevo se convirtió, en horas, en crisis de equipo y en un ruido político que ya no se apaga con un comunicado.
El nuevo nombre en la puerta de la Consejería es Mercedes Zarzalejo, hasta ahora viceconsejera en el área universitaria. Ayuso la coloca en primera línea con una misión que se intuye a simple vista: desatascar la ley universitaria y recuperar iniciativa frente a los rectores, los sindicatos y una oposición que lleva meses marcando el paso en este asunto. Viciana, por su parte, ha trasladado que su marcha fue a petición propia, pero el contexto —la cascada inmediata de dimisiones y ceses— dibuja otra cosa: un corte rápido, con bisturí, para cambiar tono y mando.
La mañana en que Sol cambió de consejero
La secuencia tiene el ritmo de las decisiones que se toman cuando el problema ya no cabe debajo de la alfombra. El relevo se comunica y, al poco, se formaliza: el Boletín oficial recoge el movimiento y el Gobierno regional lo presenta como un cambio de etapa en plena tensión universitaria, con la LESUC —la Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia— como telón de fondo. En política madrileña, Educación no es un ministerio menor: toca a las familias, a los claustros, a las plantillas, al presupuesto y al relato cultural de la región. Por eso el ajuste en esa silla se lee siempre como algo más que una sustitución administrativa; suena a mensaje interno, y también a aviso externo.
Viciana venía de un perfil técnico y de administración pública, con formación jurídica y carrera dentro del Estado, y había cargado con la parte más bronca del ciclo: el choque con los campus, las negociaciones fallidas y la sensación de que el borrador de la LESUC avanzaba a trompicones. Su salida llega justo cuando la tensión sobre el modelo de financiación de las universidades públicas madrileñas se había convertido en conversación diaria, no solo en despachos. Hay un punto importante: el Gobierno ha defendido incrementos presupuestarios, pero los rectores han insistido en que eso no tapa el agujero estructural y que no hay confianza suficiente en el borrador de la ley. En ese marco, mantener al mismo responsable al frente ya era, para Ayuso, jugar a aguantar el chaparrón sin paraguas.
El relevo por Zarzalejo añade otra capa: no entra alguien “de transición”, entra una figura con perfil político y un historial reciente en primera línea parlamentaria. Se le atribuye, además, un papel de confianza dentro del núcleo duro de Ayuso, y un recorrido institucional que incluye alcaldía y responsabilidades en el área universitaria. En castellano llano: si antes la Consejería parecía más orientada a empujar papeles y defender un borrador, ahora se espera una conducción más combativa, con más cintura para el choque y para la negociación. Ese cambio de estilo no es decorativo; cuando se toca universidades, el estilo suele ser casi tan importante como el contenido.
Tres dimisiones que encendieron la Asamblea
El primer fogonazo llega en la Asamblea de Madrid, en plena comisión de Educación. Pablo Posse, portavoz del PP en esta materia, anuncia que deja su acta. No lo hace con un portazo teatral, sino con el gesto que en política equivale a un portazo: renunciar al escaño, en público, en una sesión formal, y vinculándolo a lo ocurrido en la Consejería. En los corrillos se habló de coherencia y de cercanía personal al ya exconsejero; y ese matiz importa, porque no es una salida por desgaste acumulado o por “cambio de ciclo” genérico, sino un mensaje con destinatario interno. Cuando un portavoz parlamentario se baja del tren en la estación más visible, el partido no puede fingir que todo va según plan.
A continuación, la cadena se completa con dos renuncias más, también en el Grupo Popular: Mónica Lavín, portavoz en Política Social, y Carlota Pasarón, portavoz de Juventud, comunican que abandonan su escaño. Tres bajas en un mismo día, en un grupo que suele exhibir disciplina férrea, convierten el episodio en algo más que una anécdota. El PP, además, ha deslizado que los sustitutos tendrán un perfil más municipal, lo que suena a reordenación interna de pesos y lealtades, a meter gente “de territorio”, más pegada al partido de base y menos asociada al equipo que acaba de caer en Educación. No es solo sustituir nombres; es cambiar la geometría del grupo.
Hay un detalle que ayuda a entender el clima: Posse llegó a leer o a mencionar un mensaje atribuido a dos directores generales de la Consejería, en el que se daba por hecho que sus ceses estaban al caer. Ese elemento, tan de política madrileña, lo vuelve todo más delicado, porque desplaza el debate del “se va un consejero” al “se deshace un equipo”. Y cuando se deshace un equipo, la tensión deja de ser ideológica y pasa a ser orgánica, de partido. De repente, el asunto ya no es solo la universidad; es el PP mirándose al espejo en público, con la oposición empujando y con Sol intentando cortar la hemorragia con rapidez.
Los ceses en la casa: directores generales fuera
Mientras la Asamblea hervía, en la Consejería se hablaba de salidas en puestos que manejan el día a día real: presupuestos, interlocución con universidades, secundaria, FP. Los nombres que han circulado con más fuerza son los de Nicolás Javier Casas, director general de Universidades, y María Luz Rodríguez de Llera, directora general de Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial. En la versión más amable, se presentaba como un adiós anunciado; en la versión más dura —la que cuadra con el ritmo de los acontecimientos—, como destituciones ejecutadas ya con el nuevo mando. En cualquier caso, el efecto político es el mismo: se corta la cadena de mando justo donde se estaba atrancando la negociación universitaria y se envía un mensaje interno de “aquí se empieza de cero, y rápido”.
Este tipo de movimientos suelen tener una explicación doble. Por un lado, la explicación técnica: se cambia a quienes llevaban la interlocución con rectores y la cocina del borrador porque esa cocina no ha servido. Por otro, la explicación política: se aparta a quienes estaban identificados con una etapa que Ayuso considera fallida, y se deja claro que la nueva consejera no llega a “acompañar” una herencia, sino a mandar sobre ella. En Madrid, donde la política se lee con lupa y donde las lealtades pesan, el relevo de un consejero sin tocar el segundo escalón habría sonado a retoque; tocar el segundo escalón es otra cosa, es ruptura.
La propia cascada de dimisiones parlamentarias refuerza esa lectura. No es habitual que un cambio de consejero provoque un ajuste simultáneo en la Asamblea, salvo que exista una corriente interna que se sienta desalojada o señalada. Aquí, la sensación que queda es que el equipo más próximo a Viciana —o, al menos, una parte— entiende que la salida del consejero no es un simple “relevo”, sino una desautorización. Y cuando un partido como el PP madrileño se mueve en ese registro, la noticia deja de ser solo Educación: pasa a ser Ayuso reordenando su poder en un momento incómodo.
Universidades y dinero: la batalla que sigue en pie
Detrás del ruido, la causa principal no ha cambiado: la pelea por la LESUC y por el modelo de financiación. La ley llevaba meses generando rechazo en el mundo universitario, tanto por el contenido como por el método, con rectores insistiendo en que el texto no resuelve el problema estructural y con una comunidad educativa que ve en el borrador un enfoque demasiado político, demasiado centrado en el control, con un régimen sancionador que ha sido uno de los puntos más polémicos en el debate público. En paralelo, el Gobierno regional ha defendido su apuesta como un intento de modernización y de orden, pero el choque con los campus se ha ido haciendo más visible, y la presión ha terminado por caer sobre quien gestionaba esa carpeta.
El “boicot” o la resistencia de los rectores —según cómo se cuente— ha tenido un punto clave: aunque no tengan un voto decisivo en el órgano político que puede aprobar la norma, su respaldo funciona como licencia social. Aprobar una ley universitaria contra la opinión de quienes dirigen las seis universidades públicas de la región no es imposible, pero sí es un lujo político raro, de los que dejan factura. Y en Madrid la factura universitaria se paga rápido: hay manifestaciones, comunicados, tensión mediática, presión sindical y una conversación permanente en el ecosistema académico. Todo eso, sumado al problema presupuestario, ha dejado a la Consejería en una esquina: o pacta y cede, o endurece y aguanta. Con Zarzalejo, Ayuso parece inclinarse por endurecer el músculo político para negociar desde otra posición.
La Complutense como termómetro
En medio de esta crisis, la Universidad Complutense de Madrid ha ofrecido un dato que funciona como termómetro del problema: un plan económico-financiero para 2025-2028 con un ajuste de 33 millones de euros, tras cerrar 2024 con un déficit de 33,19 millones. El rector Joaquín Goyache ha explicado que los ingresos crecieron en torno a un 15% entre 2019 y 2024 mientras el gasto lo hizo bastante más, alrededor de un 27%, empujado por costes energéticos, incrementos salariales y obligaciones que no se pueden esquivar. Y junto al plan aparece otro elemento que no ayuda a enfriar el debate: el préstamo de 34,5 millones concedido por la Comunidad, con un coste anual de intereses cercano a los 900.000 euros. Cuando una institución así necesita crédito para respirar, la discusión sobre financiación deja de ser abstracta; se vuelve casi física, como ver una grieta en una pared del campus.
La Complutense no está sola en ese relato de infrafinanciación. También se ha señalado la situación de la Universidad Rey Juan Carlos, y el debate se extiende al conjunto del sistema público madrileño: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Alcalá y Universidad Carlos III de Madrid. Los rectores han repetido que la financiación anunciada es insuficiente, y esa palabra —insuficiente— es gasolina en una negociación política: porque si es insuficiente, entonces no hay acuerdo; y si no hay acuerdo, alguien termina pagando el atasco. Esta vez, el nombre que pagó fue Viciana.
El PP de Madrid por dentro: lealtades y “pocholos”
La crisis tiene también un componente de tribu interna, de esos que nunca aparecen en el decreto pero lo explican casi todo. En el entorno del Gobierno regional se ha hablado de un círculo joven asociado a la etapa que ahora se cierra, conocido con cierta sorna como “los pocholos”. El apodo, más allá de la caricatura, señala una idea: equipo con estética y cultura de grupo, cohesionado, con vínculos previos y una identidad reconocible. Cuando se rompe un grupo así, no se rompe solo un organigrama; se rompe una red. Y esa red suele tener defensores, heridas, y también enemigos que aprovechan el momento.
En ese mismo relato aparece Antonio Castillo Algarra, descrito como una figura influyente en el ecosistema educativo de Ayuso pese a no formar parte formal de la estructura administrativa. Su presencia se ha usado como símbolo de una etapa en la que, según lo publicado, el Gobierno regional habría confiado en un asesoramiento más ideologizado o más personalista. El debate aquí es delicado: una cosa es el folclore político y otra la gestión real, pero el hecho de que ese nombre se haya instalado en la conversación pública indica hasta qué punto Educación se convirtió en un campo de batalla no solo de leyes, sino de influencias. Ayuso, según se cuenta en los ámbitos políticos madrileños, habría terminado profundamente decepcionada con los resultados y con la incapacidad de cerrar acuerdos con los rectores. Cuando esa decepción llega, el corte suele ser limpio.
Y ahí encaja también el patrón de las dimisiones parlamentarias: no solo se aparta a un consejero, se desactiva un círculo. Si tres diputados vinculados a esa órbita deciden marcharse, el mensaje no es “me voy por cansancio”; es “me voy porque mi espacio dentro del partido se ha quedado sin suelo”. El PP madrileño es un partido muy vertical, muy de mando claro; precisamente por eso, cuando se produce una grieta, se ve. Y esta grieta se vio en directo, con micrófonos, en la Asamblea.
Lo que deja el relevo en Educación
La oposición no ha perdido un segundo. Óscar López habló de un PP que “se desmorona” y vinculó las dimisiones y ceses a la incapacidad de sacar adelante la ley universitaria, mientras Manuela Bergerot insistía en la idea de fracaso de las políticas educativas del Gobierno regional. Son frases diseñadas para quedarse, para repetirse en tertulias y titulares, y para convertir un cambio de consejero en una enmienda a la totalidad. El PP, por su parte, intenta encajar el golpe como una reordenación: agradecimientos a Viciana, reemplazos previstos, calma institucional. Pero el ruido no se disipa tan fácil cuando hay tres actas que se entregan y cuando se percibe que el nuevo equipo entra con la puerta abierta y el despacho ya vacío.
A corto plazo, el foco está en si Zarzalejo recompone la Consejería con perfiles más técnicos o más políticos, y en cómo reabre el canal con los rectores. La LESUC sigue ahí, con su borrador y su resistencia, y el problema del dinero sigue igual de incómodo, con universidades ajustando cuentas y sindicatos denunciando que el ajuste cae sobre plantillas y servicios. Mover nombres no paga nóminas, no arregla edificios, no reduce déficits; pero en política a veces se cambia el equipo para poder decir, al menos, que empieza otra fase. La cuestión es si esa fase es de pacto o de choque, porque en universidades el choque suele durar mucho y dejar cicatrices que no se ven desde Sol, pero que se sienten en el campus.
Y queda, además, el efecto interno: el PP de Madrid sale de este episodio con un relato incómodo de dimisiones “por coherencia” y con una reconfiguración acelerada del grupo parlamentario. Ayuso, que suele controlar el tempo político con una mezcla de audacia y disciplina, se encuentra con un efecto secundario raro: una crisis que se cuenta sola, por acumulación de nombres, por cronología rápida, por sensación de fractura. En Madrid, eso no es menor. Educación es una carpeta que siempre vuelve, como un eco, y ahora vuelve con una lista corta pero contundente: un consejero fuera, una consejera nueva, tres diputados que se marchan y dos direcciones generales en el aire. Todo lo demás —la ley, el dinero, la negociación— sigue en su sitio, esperando a que alguien, por fin, lo mueva sin que se rompa otra pieza por el camino.
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Este artículo ha sido redactado basándose en información procedente de fuentes oficiales y confiables, garantizando su precisión y actualidad. Fuentes consultadas: EL PAÍS, Cadena SER, elDiario.es, Europa Press, El Independiente.
Alessandro Elia
Fuente de esta noticia: https://donporque.com/ayuso-abre-crisis-en-el-pp-de-madrid/
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